domingo, 20 de diciembre de 2009

MÁS UNIVERSIDADES DE CALIDAD

Escribe:
Dr. Eudoro Terrones Negrete


HACE 48 AÑOS

Hace cuarenta y ocho años, Luis Alberto Sánchez publicó el libro La universidad no es una isla, en el que expuso su pensamiento sobre el problema de las universidades.

“En el Perú nos hemos habituado a hablar en términos de mendicidad en todo lo que atañe a la cultura. Como por lo común, nuestros políticos se reclutan entre capas de limitados conocimientos técnicos y casi ninguna cultura humanística, base de aquellos, cuando se otorga alguna ayuda a la educación, los extremos verbales llegan a términos de paroxismo. Repito, empero, las cifras ya indicadas: mientras en Estados Unidos, país pragmático, se tiene un estudiante universitario por cada 42 ó 43 habitantes, en el Perú hay uno por casi cada 420”, precisaba Sánchez.

El maestro Sánchez llegó a decir que “Esta versión recortada de la realidad nos ha conducido a aseverar que tenemos exceso de universitarios, y no falta algún herodes de la cultura que propugne, sin más ni más, que la solución del problema de la plétora profesional sería clausurar las Universidades por un tiempo. Lo he oído, y he oído así mismo recomendar que al menos se clausuren las Facultades de Derecho para que no haya más abogados. La cursilería del tecnicalismo sin alma conduce a tales precipicios de la inteligencia”.

EL PROBLEMA CONTINÚA

Todo empezó a corromper en la educación universitaria con la proliferación de nuevas universidades públicas y privadas, el funcionamiento indiscriminado de sucursales, filiales u oficinas “descentralizadas”.

Al respecto, el entonces presidente de CONAFU, Rafael Castañeda, expresó: “En el Perú existen más de 500 filiales de universidades no autorizadas, cuya actividad se ha convertido en un negocio que afecta la marcha de la educación superior al no garantizar la calidad educativa” (ANDINA, Lima, 30 de abril de 2007).

Precisó, así mismo, que sólo contaban con autorización 20 filiales y ratificó a 16 que habían recibido el permiso respectivo de la ANR. Todas las demás actuaban ilegalmente.

En 1960 había en el país 9 universidades. En 1965, 25 universidades. En 1990, 52 universidades. En el 2000, 78 universidades. En el 2006, 84 universidades. Y en el año 2009, funcionan 99 universidades entre públicas y privadas, incluida la Universidad Nacional de Cañete, creada últimamente.

De las 98 universidades, 36 son públicas y 63 son privadas, de las cuales 70 están institucionalizadas, es decir, con autorización de funcionamiento definitivo y 28 cuentan con autorización de funcionamiento provisional por la Comisión Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU).

Y esto no es todo. Hay más de 30 solicitudes en trámite de creación de nuevas universidades por el CONAFU.
El doctor Iván Rodríguez Chávez, actual presidente de la ANR, al abordar la problemática de las universidades públicas dijo que el presupuesto asignado por el Gobierno no alcanza para que puedan realizar sus funciones de estudio, investigación, educación, difusión del saber y la cultura, extensión y proyección social.

“Con el presupuesto que reciben las universidades públicas ni siquiera pueden cumplir con el íntegro de sus necesidades. Sólo alcanza para la función de formación profesional”, precisó Rodríguez Chávez.

“ A las universidades públicas se les reclama investigación, pero qué dinero se les da. No hay ni Empresa ni Estado, que son las dos que solventan las investigaciones” acotó.
PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO

El premier, Javier Velásquez Quesquén, informó al país que el poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para suspender la creación de nuevas universidades y de Facultades por un tiempo de 5, 8 ó más años, en tanto el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Universidades (CONEAU) cumpla con evaluar a todas las universidades existentes.

Pero también puntualizó que la oferta educativa debe estar en función de los requerimientos del mercado laboral; que debe revisarse la metodología empleada para los estudios a distancia.

MÁS UNIVERSIDADES DE CALIDAD

Debo manifestar que la calidad educativa universitaria no sólo depende del menor número de universidades. Depende de múltiples factores: capacidad económico-financiera de las universidades; infraestructura física moderna e implementada con aulas, laboratorios, bibliotecas convencionales y virtuales y talleres suficientes; recursos humanos profesionales A1, con experiencia y sólidos valores éticos; selección rigurosa de postulantes para que ingresen sólo aquellos que muestren condiciones para el estudio y reúnan los requisitos básicos para la carrera elegida.

Además, el personal docente, personal administrativo y personal de servicio demanda remuneraciones justas y dignas; reciclaje profesional (continuidad del aprendizaje fuera de la universidad y su control); realización de prácticas profesionales en las empresas y con rigurosa supervisión; elección de autoridades académicas, administrativas, de investigación científica y de proyección social en función a los méritos profesionales propios y criterio técnico. Y la lista de factores para una educación universitaria de calidad total es interminable.

Lo que el Perú requiere son más universidades de calidad: en prestación del servicio educativo, en extensión y proyección social, en difusión del saber y la cultura, y en investigación científica.

Y esto no se consigue de un día para otro, se requiere de mucho tiempo de maduración, de superación de problemas internos y externos, de evaluación y acreditación permanente cada cinco ó diez años por instituciones serias, respetables, honestas y confiables, para que al término de las evaluaciones no se escuchen expresiones como la siguiente “¿Y quién evalúa a los evaluadores?”

PROPUESTA

Por ahora me permito proponer algunas ideas que pueden ayudar a superar la baja calidad de la educación universitaria:
1. El Congreso de la República debería aprobar la Nueva Ley Universitaria conteniendo todas las modificaciones, reajustes y cambios necesarios para que las universidades puedan responder al reto y a los desafíos del siglo XXI.
2. Que el Gobierno asigne mayor presupuesto a las universidades públicas y remuneraciones justas y dignas a los catedráticos, para que cumplan con eficiencia sus funciones.
3. Derogatoria del decreto legislativo 882.
4. Revalidación de los títulos profesionales cada diez años como mínimo. El título no debe ser válido para toda la vida, toda vez con el adelanto científico y tecnológico los conocimientos se convierten en obsoletos en breve tiempo.
5. La decisión del poder Legislativo de suspender temporalmente algunas Facultades, Escuelas Profesionales y filiales de las universidades, debería sustentarse en un estudio previo de factibilidad del mercado laboral de Perú, estudio realizado por un equipo multidisciplinario de profesionales.