martes, 26 de marzo de 2013

HACIA UNA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

HACIA UNA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA (*)

Escribe: Eudoro Terrones Negrete

Con el fin de reformar integralmente la educación universitaria, asegurar la calidad de la enseñanza mediante la acreditación periódica y obligatoria, fomentar la investigación en todas las universidades, varios congresistas de la República presentaron el proyecto de Ley Nº. 1953.
Cabe mencionar a los congresistas autores del proyecto, Sergio Tejada Galindo, Jaime Delgado Zegarra, Eduardo Nayap Kinin, Gladys Natalie Condori Jahuira, Julia Teves Quispe, Leonidas Huayama Neira y Cristóbal Luis Llatas Altamirano.

El proyecto, que contiene 108 artículos y 14 disposiciones transitorias, complementarias y finales,  propende a reivindicar económicamente al docente universitario, instaurar el voto universal en la elección de autoridades universitarias, contribuir con la superación de la crisis institucional de las universidades,  regular la creación y el funcionamiento de universidades en función al requerimiento de desarrollo del país y el cierre de aquellas universidades que no acrediten periódicamente una educación de calidad.

Además, la iniciativa legislativa confiere el derecho a voto de los alumnos desde el tercer semestre de estudio para la elección de sus autoridades y propone la creación del Consejo Nacional de Universidades como entidad rectora del Sistema Nacional Universitario, la misma que coexistirá con la Asamblea Nacional de Rectores, siendo éste el ente articulador de las universidades en el Perú.

PRINCIPIOS DE LAS UNIVERSIDADES
El proyecto considera como principios de las universidades la afirmación de la vida, la dignidad humana, los derechos fundamentales de la persona, la ética pública y profesional, la libertad académica, la democracia institucional, el pluralismo, la tolerancia e inclusión, la calidad y meritocracia, la autonomía, la pertinencia con la realidad social, la edificación de un Estado intercultural y la búsqueda de la verdad, entre otros.

FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD
Son funciones de la universidad: a) la formación académica y profesional, la capacitación académica y la actualización permanente; b) la investigación e innovación científica y tecnológica en las diversas áreas del saber; c) la proyección y extensión social, d) las funciones que señalan la Constitución, las leyes y sus estatutos.

SISTEMA NACIONAL UNIVERSITARIO
En el proyecto se propone la creación del Sistema Nacional Universitario (SNU), teniendo como ente rector al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y como ente coordinador a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). El SNU responde ante el Estado y la sociedad por el cumplimiento de los principios y fines de la universidad peruana.

CREACION DE UNIVERSIDADES
Las universidades públicas se crearían mediante ley con previa opinión técnica favorable  del CNU. Los particulares que quieran crear universidades privadas deben “tener una reconocida trayectoria de interés por el tema educativo”.

 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
El proyecto incorpora la “responsabilidad social universitaria” como obligación y compromiso de las universidades con el desarrollo, la inclusión social y la vigencia de los derechos de las personas y grupos en el país, sus regiones y localidades.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES
El CNU autorizará el funcionamiento de universidades públicas o privadas, – ya no el CONAFU-, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI); estudios de factibilidad sustentado en un estudio de mercado de las especialidades a ofertar con proyecciones a 10 años de funcionamiento; líneas de investigación; objetivos académicos, grados y títulos a otorgar; planes de estudio; selección, Evaluación y promoción de los docentes basado en méritos académicos y profesionales; demostrar que dispondrá de personal docente calificado con no menos del 30 % de profesores ordinarios a tiempo completo en un plazo de cinco años; demostrar que cuenta con servicios de bibliotecas, laboratorios, servicio médico, psicopedagógico y deportivo; plan maestro de infraestructura proyecto a diez años de funcionamiento.

COMISIÓN ORGANIZADORA
Aprobada la ley de creación de una universidad pública, el CNU constituirá una Comisión Organizadora integrada por 3 docentes con grado de doctor en las especialidades que ofrece la universidad. Esta comisión aprobará el estatuto, los reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa. Para las universidades privadas, los miembros de la Comisión organizadora serán elegidos por el CNU de una lista de 5 nombres propuestos por los fundadores o promotores de las universidades.

El proceso de constitución de la universidad concluye con la elección de sus autoridades por voto universal, secreto, directo y obligatorio de los miembros de la comunidad universitaria (representantes de profesores, estudiantes y egresados).

CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (CNU)
El CNU norma, regula, coordina y fiscaliza la actividad universitaria y el desarrollo de la red de universidades. Estará integrado por siete (7) miembros elegidos por una votación calificada de los dos tercios del número legal de integrantes del Congreso de la República.

El Congreso de la República elegirá a los miembros del CNU de una terna de 4 personas propuesta por las universidades públicas  y privadas más antiguas, por los colegios profesionales y por el Poder Ejecutivo.

Son atribuciones del CNU diseñar políticas para el desarrollo de las universidades; asegurar la calidad académica en la formación profesional e investigación; garantizar el acceso a la universidad de todas las personas que tengan capacidad para ello, sin discriminación de ningún tipo; verificar el cumplimiento de las acciones de responsabilidad social de las universidades.

Además, tiene por atribuciones promover e incentivar la investigación en las universidades; regular formas de intercambio temporal entre docentes y alumnos de las universidades del país y del exterior, con fines académicos y de investigación; orientar la política de relaciones internacionales de las universidades peruanas con sus pares extranjeras; autorizar el funcionamiento de universidades de acuerdo con el resultado de las evaluaciones respectivas; resolver en última instancia los conflictos de los órganos de gobierno de las universidades y de las comisiones organizadoras; entre otras.

El CNU tiene como instancias de dirección a la Asamblea del Consejo Nacional de Universidades y al presidente del Consejo Nacional de Universidades. El CNU cuenta con órganos de apoyo: Oficina de Planificación y Desarrollo; Oficina de Asuntos Contenciosos

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES
La ANR está conformado por los rectores de las universidades públicas y privadas y sus fines son el estudio y la coordinación interuniversitaria en el país. En el ámbito regional, los rectores conforman el Consejo Regional Universitario.

La ANR tiene por atribuciones desarrollar actividades de coordinación entre las universidades públicas y privadas del Perú; publicar un informe anual sobre la realidad universitaria del país; recopilar los estatutos de las universidades del país y llevar al día el Registro Nacional de Grados y Títulos expedidos por las universidades.

La ANR estará representada por una Comisión de Coordinación Interuniversitaria, con el fin de que las decisiones de la ANR se adopten de manera oportuna y fundamentada.

CANCELACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Todas las universidades están sujetas a evaluación permanente y periódica por el Consejo Nacional de Universidades. En caso de que cualquier universidad no supere la evaluación, se procederá a su cierre, mediante la cancelación de su autorización de funcionamiento.

ACREDITACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
Todos los programas de estudios de pregrado, posgrado  y las modalidades de estudios no presenciales (virtuales o a distancia) deben ser obligatoria y periódicamente acreditados por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria (CONEAU).

ESTUDIOS DE POSGRADO
Los estudios de posgrado conllevan a optar los grados académicos de diplomados de especialización (con 20 créditos), maestría (con 36 créditos), doctorado (con 36 créditos) y posdoctorados.
Estos programas de estudios de posgrado deben estar acreditados por el CONEAU, cuya periodicidad de acreditación será establecida por el reglamento.

TÍTULOS PROFESIONALES Y GRADOS ACADÉMICOS
Las universidades otorgarán A Nombre de la Universidad los títulos profesionales y los grados académicos respectivos. El CNU determinará qué universidades otorgarán títulos A Nombre de la Nación.

La obtención del grado académico de Bachiller requiere de la aprobación de una tesis, el conocimiento básico de un idioma extranjero y la realización previa de las prácticas pre-profesionales.
La obtención del título profesional requiere del grado previo de Bachiller, la aprobación de un examen de suficiencia académica o de la aprobación de un proyecto de investigación o de aplicación de la especialidad del estudiante.

La obtención del grado académico de Maestría requiere la acreditación del grado de Bachiller, la aprobación de una tesis original y haber aprobado los estudios de 4 semestres.

La obtención de Diploma de Especialización requiere el grado previo de Bachiller o su equivalente profesional y la aprobación de los cursos.
Y la obtención del grado de Doctor se efectúa con la acreditación previa de la Maestría y la sustentación y aprobación de una tesis original.

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
Cada universidad tendrá un Vicerrectorado de Investigación y Postgrado con el fin de orientar, coordinar y organizar las tareas de investigación sobre los problemas del país y de postgrado.

Las universidades establecerán alianzas estratégicas para una mejor investigación básica y aplicada y participarán en la elaboración y formación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Estado otorgará a las universidades un crédito tributario equivalente al 40 por ciento de los pagos del ejercicio anual, a efecto de estimular el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo que llevan a cabo.

Para la organización y el financiamiento de la investigación en las universidades se creará el Fondo para la investigación universitaria y el sistema nacional de investigadores universitarios, el mismo que estará constituido por el 10 por ciento del monto recaudado del impuesto a los juegos de casino y tragamonedas, el 1 %  del 5 % del canon minero asignado a las universidades de una Región y por las donaciones hechas a su favor por personas naturales y jurídicas.

En el caso de las universidades privadas, destinarán no menos de 15 % de su presupuesto anual a la investigación, porcentaje que deberá incrementarse progresivamente hasta llegar al 25 % en un plazo de diez años. La SUNAT verificará su cumplimiento.

El docente investigador es aquél que se dedica a la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación; su carga lectiva será de 1 curso por año y tendrá bonificación especial del 50 % de sus haberes totales.

Entre los derechos de los docentes cabe destacar el de tener año sabático con fines de investigación o de preparación de publicaciones por cada 7 años de servicios en el sistema universitario; gozar las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año; incorporar el reconocimiento de 4 años adicionales de abono al tiempo de servicio por concepto de formación académica o profesional al cumplirse 15 años de servicios docentes en el sistema universitario.

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS OPERARÍAN EN EL PERÚ
Según este proyecto de ley las universidades que cuenten con una sede, sucursal, filial o similar instalada en el país podrán operar sus servicios en el país con la autorización de funcionamiento del Consejo Nacional de Universidades. Y los grados académicos y títulos profesionales que otorguen tenderán validez previa revalidación, reconocimiento o certificación según la legislación vigente, los mismos que serán inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos.

Las universidades públicas y privadas podrán promover la movilidad estudiantil a través de la suscripción de convenios con universidades extranjeras, a la vez que podrán celebrar convenios de ofrecimiento conjunto de programas de estudios.

DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
El gobierno de la Universidad es ejercido por la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, el rector, los Consejos de facultad y el decano.

La universidad cuenta con un rector y al menos dos vicerrectores:  vicerrector académico, vicerrector de investigación y postgrado y  director general de administración.

Para ser elegidos en los cargos de rector y de vicerrectores  se requiere ser profesores principal con no menos de 10 años en la docencia universitaria y cinco años en la categoría de principal. El Director General de Administración es designado por el rector. No hay reelección inmediata en dichos cargos.

En el gobierno de la universidad participan representantes de los docentes, estudiantes, graduados y de la entidad fundadora o promotora.

Cada universidad deberá contar con un comité electoral universitario para fines de elección de sus autoridades, el mismo que encomendará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la organización y conducción de los procesos electorales. Sus fallos son inapelables. El estatuto de la universidad regula su funcionamiento.

Cada universidad deberá contar con un tribunal de honor universitario, para emitir juicios de valor sobre asuntos ético-disciplinarios en las que estuvieran involucrados algún miembro de la comunidad universitaria, y proponer las sanciones correspondientes.

REMUNERACIÓN DE DOCENTES
Las remuneraciones de los docentes de universidades públicas y privadas se homologarán con las correspondientes a la de los magistrados judiciales.

SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO
Los estudiantes universitarios realizarán el Servicio Social Universitario, que forma parte del Sistema Nacional del Servicio Social. Este servicio consiste en la realización obligatoria de actividades temporales de aplicación de los conocimientos obtenidos y que impliquen una contribución en la ejecución de las políticas públicas de interés social y fomenten un comportamiento altruista y solidario que aporte en la mejora de la calidad de vida de los grupos vulnerables de la sociedad.

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA
De acuerdo con el proyecto de ley se crea la Defensoría Universitaria en cada universidad pública y privada. Su misión es garantizar los derechos humanos de la comunidad universitaria; formular los mecanismos de solución de sus problemas del estudiante; recibir y solucionar las reclamaciones, quejas o denuncias  de los miembros de la comunidad universitaria ante la infracción o afectación de sus derechos; proponer a las autoridades universitarias las soluciones y recomendaciones que cada caso requiera y con procedimiento sumarísimo.

También, vigilar el cumplimiento de la normatividad universitaria; solicitar los informes respectivos a las autoridades de la universidad en los casos que motivan su intervención; proponer al Consejo Universitario la designación del defensor adjunto o de los responsables de las Delegaciones defensoriales en las filiales o sedes de la universidad; y denunciar a las autoridades por incumplimiento de las recomendaciones o peticiones formuladas.

El Defensor Universitario es un docente calificado, de conducta intachable, elegido por la Asamblea Universitaria de cada universidad. El cargo de Defensor Universitario es incompatible con otros cargos de autoridad universitaria y de representación gremial. Su desempeño demanda dedicación exclusiva, con descarga de ocho (8) horas lectivas. El Defensor Adjunto suple al Defensor Universitario en ausencia o renuncia de éste.

El Defensor Universitario podrá celebrar y suscribir convenios de cooperación y colaboración institucional con personas jurídicas de derecho público o privado nacionales o extranjeras, para el mejor cumplimiento de su misión y gestión,

DEROGATORIA DE LA LEY 23733 Y DEL DECRETO LEGISTIVO 882
De aprobarse este proyecto de ley quedaría derogada la actual ley universitaria 23733 y el Decreto Legislativo 882.

En este último caso, las universidades que funcionan al amparo del DL 882 deberán convertirse en universidades privadas sin fines de lucro y con la obligación de adaptarse al modelo en un plazo que no exceda los 36 meses, ello exigirá que se conviertan en asociaciones en concordancia con el artículo 333 de la Ley 26887, Ley General de Sociedades. Se derogarán asimismo la ley 26439 y todas las disposiciones legales que se opongan a la nueva ley universitaria.

(*) Artículo publicado en el diario DEL PAÍS, Lima, 13 de marzo de 2013.




90 AÑOS DE APRISMO

90 AÑOS DE APRISMO
Escribe: Eudoro Terrones Negrete
Está en circulación nacional la obra 90 años de aprismo, su autor es el ex presidente de la República, Alan García Pérez. Se publica un año antes de cumplirse 90 años de la fundación en México de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), primero como ideología y después como partido político, y que se conmemorará el 24 de mayo de 2014.
Alan García hace un balance de la vitalidad histórica de este gran movimiento político peruano y latinoamericano. Sostiene que su vigencia,  en la era de la globalización, responde al acierto de su filosofía, ideología y doctrina, a la vida ejemplar y honesta de Haya de la Torre al servicio de la causa del pueblo.
En sus 172 páginas, el autor analiza y explica, dentro del aparato administrativo, el burocratismo, el proteccionismo, el estatismo controlista, el asistencialismo y el colectivismo; enfatiza las bondades y ventajas de conformar el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, la Democracia social, el Estado Antimperialista y la integración continental.  Y tras desenmascarar a los adversarios del aprismo en la historia e identificar los errores de su partido, puntualiza el temor al Apra motivado por su ideologismo,  tendencia al sectarismo, impaciencia e ineficiencia, entre otros.
García Pérez asevera que el sistema económico mundial continúa creciendo en conjunto y tiene una mayor liquidez. Por tanto, aconseja que el Perú deberá utilizar esta liquidez para incorporar la moderna tecnología,  aumentar la potencia nacional de la producción, distribuir las exportaciones y la riqueza de manera equilibrada y justa, competir con inteligencia, incrementar el empleo, lograr el crecimiento sostenido, la autonomía, la libertad y la justicia de la patria.
El ex mandatario considera que la economía social progresista requiere de un sistema político austero, eficiente, ajeno a la corrupción y socialmente representativo, teniendo como instrumento y guía útil el pensamiento revolucionario de Haya. Pero también los apristas necesitan comprender que hoy existen nuevos grupos y formas de acción, que el pensamiento aprista ya es patrimonio del Perú -y no solo del partido-, por lo que deberán mantener la apertura y convocatoria a todos los trabajadores del país, vincularse al pueblo, interpretar el pensar de la inmensa mayoría y plasmarlo en la  realidad del país. Para vincularse al pueblo el Apra debe ser el partido de las micro y pequeñas empresas urbanas y rurales, por ser éstas expresiones creadoras y productivas que contribuyen al engrandecimiento del país.
El autor cierra la obra formulando una propuesta por el futuro del aprismo, dentro de una democracia integral y funcional (social, económica, cultural y política) capaz de garantizar mayores niveles de justicia, de libertad individual y colectiva.
La historia dio razón al aprismo. García Pérez dejó bien parado al Perú en su segundo gobierno (2006-2011), con una economía en crecimiento, sólida, confiable y respetable en el mundo.  “Hoy el régimen de Ollanta Humala, más allá de sus ofertas electorales, ha mantenido la continuidad del sistema democrático y el mismo modelo económico que dejamos”  remarca Alan García Pérez.

INDIGNACIÓN NACIONAL ANTE LA INSEGURIDAD CIUDADANA

INDIGNACIÓN NACIONAL ANTE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
Escribe: Eudoro Terrones Negrete

La inseguridad ciudadana es uno de los problemas más preocupantes de la población, después de la pobreza, el narcoterrorismo, el desempleo y el deterioro ambiental.
Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público sólo en Lima y Callao ocurren un promedio de 10 delitos por hora, lo que nos indica la magnitud del problema y el por qué de la indignación nacional ante la inseguridad ciudadana.

Diariamente, al salir de nuestros hogares no sabemos a ciencia cierta si podremos regresar a salvo, si pereceremos en algún tiroteo o si seremos víctimas de llamadas anónimas y amenazantes de los extorsionadores.
Caminar por las calles de Lima y de las ciudades del interior del país significa arriesgar la integridad física y la vida misma. De repente uno se encuentra con  personas armadas que nos dicen: ¡Arriba las manos! ¡No se mueva! ¡Dame el dinero”, o vemos a delincuentes que bajan de sus autos portando pistolas, asaltan en pocos segundos y se fugan fácilmente.
El país está sitiado por delincuentes, por criminales de gran crueldad con sus víctimas, por delincuentes prófugos que duermen, comen y viajan como pueden, por delincuentes que atacan por sorpresa, agrediendo físicamente a las personas que encuentran en su camino, por personas inadaptadas que no se adecuan al medio donde viven y resuelven su angustia con violencia, por delincuentes pasionales que cometen el delito por razones sentimentales, por sicarios que cometen homicidio mediante el pago de una suma de dinero, por delincuentes que realizan el crimen perfecto, en el que no es descubierto el autor, y por delincuentes habituales que cometen delitos repetidamente y como medio o actitud ante la vida.
Todo esto ocurre precisamente porque no hay una política eficaz de seguridad ciudadana. Las leyes no amparan al policía, son muy benignas Si un policía actúa en cumplimiento de su deber y mata a un delincuente, va a la cárcel; si un delincuente es muerto por un policía,  se fuga y no le pasa nada. Las fuerzas policiales no cuentan con el número de efectivos necesarios para erradicar la delincuencia (hay un déficit de 30 mil policías), existe desmoralización en la Policía Nacional del Perú por promesas incumplidas del gobierno de Ollanta Humala que ofreció duplicar las remuneraciones mensuales y sólo les han aumentado 87 soles.
A nivel nacional el robo al paso es el delito más frecuente, le siguen el robo de vivienda, el atraco, lesiones, violaciones,  estafas, microcomercialización de drogas  y delitos sobre trata de personas. El mayor porcentaje de casos de robos de vehículos ocurren en Lima y Callao, cuando estos se hallan estacionados en la vía pública.
El hombre común y corriente se desplaza con sumo temor en todo el territorio nacional. No deja de pensar que en cualquier momento puede ser víctima de posibles agresiones, violaciones, abusos sexuales, estafas, agresiones, asaltos, secuestros, amenazas de muerte o del robo de sus pertenencias personales.
La comisión de múltiples delitos  genera permanentemente mayor preocupación social, no sólo por el aumento cuantitativo, también por su peligrosidad cualitativa.
Las bandas de delincuentes organizados se pasean a manos sueltas por nuestras ciudades, ante la vista y paciencia de nuestras autoridades nacionales, regionales y municipales. Bandas que cuentan con equipo de abogados que les defienden, que compran armamentos sofisticados, que tienen camionetas de último modelo para movilizarse rápidamente más que cualquier organización del Estado.
La inseguridad ciudadana, mantiene a la población impotente, desamparada, y desesperanzada y erizado los cabellos. Los sentimientos de soledad, abandono, frustración e impotencia aumentan todos los días. La población permanece en zozobra, no puede dormir  con tranquilidad.
La seguridad ciudadana es un bien público y el Estado debe garantizar y proteger a toda la población para que el país viva en paz y pueda producir más y mejor en bien del desarrollo del Perú.
Lima ya se parece a New York y a México, rodeado por delincuentes que hacen de la suya, a tal punto que algún lector indignado me expresó “Para qué queremos autoridades y gobierno si no protegen al ciudadano y no cumplen mínimamente sus promesas electorales?”

VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA
Los empresarios son víctimas de extorsión por organizaciones criminales que les obligan a pagar ingentes sumas de dinero para no ser amenazados, secuestrados o muertos. Y ante el desamparo, la desprotección y la falta de garantías oportunas algunos empresarios mineros, principalmente, se ven obligados a no seguir invirtiendo en el país.
La lista es interminable de las autoridades que murieron y siguen muriendo víctimas de la delincuencia. Aquí están los asesinados a balazos: Wilder Cieza Silba, alcalde del distrito de Camporredondo de la provincia de Luya y Augusto Wong López, vicepresidente del gobierno regional de Amazonas; el alcalde del distrito de Angasmarca, Diógenes Geldres Velásquez; el alcalde de Casma, José Montalván Macedo; Wilder Miranda Ordoñez, alcalde de Aucayacu; el presidente regional de Áncash, José Sánchez Milla; el fotógrafo Luis Choy Yin Sandoval; el obrero de construcción civil Juan Páucar Vergara; el asalto a la notaría Paíno en Surquillo, hace días una persona entró a la Iglesia y efectuó tres disparos, el asesinato de Elsa Doris Aguad Abugattás, en su propia vivienda en Arequipa, quien era prima del congresista Daniel Abugattás de Gana Perú, el asesinato en Lince, del ecuatoriano Víctor G. Rivera Araujo. A esto se suma la voladura de tres torres de luz eléctrica en Huancavelica.

CAUSAS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
La inseguridad ciudadana en el Perú obedece a múltiples factores: falta de articulación de acciones conjuntas entre los gobiernos gobierno nacional, regional y municipal, las empresas privadas, los partidos políticos, la familia, los centros educativos en todos sus niveles y modalidades y los medios de comunicación.
El empelo inestable, el desempleo y el subempleo golpea a los sectores populares más necesitados. Esto los obliga a vivir en zonas marginales de las ciudades donde prima elevados índices de delincuencia y propensión a conductas agresivas contra las personas, con menos niveles de educación y cultura.
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y las Comisiones de los gobiernos regionales y municipales de Seguridad Ciudadana no están funcionando con eficacia, están fracasando en la aplicación de sus políticas y estrategias de lucha.
El presidente Ollanta Humala fue elegido, con la promesa de promover el crecimiento económico con inclusión social, poner orden en el país y erradicar la delincuencia y las mafias organizadas.
Ha transcurrido casi dos años de su gestión y los logros no se ven. Las anunciadas políticas y estrategias del gobierno siguen cayendo en saco roto o deviniendo en declaraciones líricas, cuyas palabras se las lleva el viento. aun cuando digan los aduladores y ayayeros del gobierno que “todo está bien” y en el país no pasa nada.

CONSECUENCIAS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
Esta permanente inseguridad ciudadana, que viene generando indignación nacional, está afectando profundamente los fundamentales derechos de las personas de vivir, educarse, movilizarse y trabajar en paz, está deteriorando la calidad de vida y reteniendo el normal desarrollo del capital humano. El alto índice de inseguridad ciudadana aleja los turistas y genera millones de soles de pérdidas anuales.
Este problema encarece el costo de vida de los peruanos, toda vez que se ve obligado a contratar pólizas de seguro de vida, contratar infraestructura de seguridad (paredes, cerraduras, filmadoras, rejas, etc.), contratar personal de seguridad.
Adrián Gonzáles es claro al respecto: “Las consecuencias de vivir bajo tanta presión genera cambios cerebrales estructurales y neurobioquímicos que poco a poco van condicionando la aparición de las enfermedades mentales y físicas como la depresión, los trastornos de ansiedad, la diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc., estas últimas bajo mecanismos neuroendocrinos bien conocidos, a tal grado que es necesario la aplicación de tratamientos específicos psicofarmacológicos y de psicoterapia…” (adysgon@hotmail.com).
La inseguridad ciudadana y la justicia por mano propia influyen negativamente en el desarrollo social, educativo, cultural, económico, político y ecológico del país.
Las relaciones entre vecinos van disminuyendo, hay temor de hablar o de transitar a cualquier hora y hasta de dialogar con el conductor de un taxi.

PROTESTAS SOCIALES EN MARCHA
Ültimamente muchas organizaciones sociales y profesionales, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú,  la Federación de Vendedores de Diarios, ONGs, sindicatos, asociaciones de padres de familia de instituciones educativas, entre otros, han expresado su protesta e indignación en todo el país ante el avance incontenible de la inseguridad ciudadana, con sendas y masivas movilizaciones y bajo el lema: “Tu vida es mi vida”, “Quiero mi vida”, “Basta ya de violencia”, “No más muertes en el Perú”, haciendo un alto en el camino ante las sentidas notas musicales de la “Marcha fúnebre a los caídos”.

PROPUESTAS CONTRA LA INSEGURIDAD
Combatir la violencia urbana no es tan fácil si se tiene en cuenta que hay déficit de policías prestando servicio en las calles, o si los miembros de las instituciones encargadas de mantener el orden público y de garantizar la tranquilidad del país son las primeras en ser laceradas o en estar vinculadas con actos de delincuencia.
Para combatir la delincuencia el primer paso es que los ciudadanos ejerciten la práctica de la denuncia oportuna, venciendo el temor o las amenazas, para que las autoridades puedan actuar inmediatamente.
Es necesaria la organización de Brigadas de Protección Vecinal organizada y dirigida por las municipalidades.
El gobierno debería cumplir su promesa de duplicar las remuneraciones mensuales de los custodios del orden público, dotar de modernos equipos de combate y de tecnología de última generación, implementar la capacitación permanente, la infraestructura y la formación intensiva de nuevos cuadros policiales.
Es necesario restituir la enseñanza de la asignatura de Religión y la instrucción Pre-militar en todos los colegios públicos y privados, crear mayores fuentes de trabajo para la juventud, contribuir con el mejor aprovechamiento del tiempo libre de la juventud, crear un sistema educativo realmente inclusivo, participativo y propositivo que logre disminuir las cifras de deserción escolar en los diversos niveles y modalidades educativas.
El Congreso de la República debería revisar la legislación vigente y aprobar leyes con penas más drásticas para una efectiva lucha contra la delincuencia.
Coincidimos con quienes piensan que el aumento de sueldos a los policías muy poco contribuye en la lucha contra la delincuencia si no se equipa de logística y de tecnología de última generación y no se aprueban leyes con sanciones más severas, capacitación, infraestructura y formación intensiva de nuevos cuadros policiales.
El Estado debe ejercer su función de preservar la seguridad y garantizar la tranquilidad pública, según lo asignado por la Constitución política: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, “Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”, “Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.
La cárcel no solo debe ser para los delincuentes, sino también para aquellas malas autoridades que los sueltan fácilmente. Todos los delitos deben tener sanción y ser acumulativos.

(*) Artículo publicado en el diario DEL PAÍS y en Generacción.com, en Lima-Perú, 26 de marzo de 2013