miércoles, 18 de octubre de 2017

El PROYECTO DE LEY DE VELÁSQUEZ QUESQUÉN Y LAS RESTRICCIONES PARA TERRORISTAS EXCARCELADOS

El PROYECTO DE LEY DE VELÁSQUEZ QUESQUÉN Y LAS RESTRICCIONES PARA TERRORISTAS EXCARCELADOS

Escribe: Eudoro Terrones Negrete


De un tiempo a esta parte, la población peruana viene espectando con preocupación y escalofrío la salida de la cárcel de connotados líderes terroristas, luego de haber cumplido el tiempo de su condena, pero sin haber pagado la reparación civil.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo Manrique (2001-2006) fueron “liberados las tres cuartas partes de terroristas en prisión. Con una mala dirección del Código Penal se pusieron topes a las penas, lo que provocó confusión entre los jueces que, sin darse cuenta de la peligrosidad de los terroristas, redujeron las condenas. De condena perpetua se les bajó a 25 años, a 20 y 15 años. El Tribunal Constitucional sugirió nuevos juzgamientos progresivamente. El gobierno del presidente Toledo, de un plumazo, mediante decreto, anuló los procesos, incluso a los del Poder Judicial” dijo, en una entrevista publicada en el diario Expreso (Lima, 18 octubre 2017), el jurista Marcos Ibazeta Marino, quien ocupó los cargos de presidente de Sala Nacional Antiterrorista, titular de la Corte Superior de Lima y decano del Colegio de Abogados de Lima.

El congresista Javier Velásquez Quesquén, de las filas del Partido Aprista Peruano, acaba de presentar un proyecto de ley que establece algunas medidas restrictivas para los terroristas que cumplieron su condena y se incorporan a la sociedad peruana para ejercitar sus derechos fundamentales.

Velásquez Quesquén reveló que “el proyecto de ley determina la prohibición de ingreso o reincorporación a la administración pública de los terroristas excarcelados, bajo cualquier régimen o modalidad, general o especial, de contratación laboral. Además, los terroristas excarcelados quedarían prohibidos de ser proveedores, participantes, postores o contratistas con el Estado, sea como persona natural o jurídica; no podrán postular o acceder a cargos públicos que procedan de la elección popular”.

Por otra parte, el parlamentario Velásquez Quesquén,  recordó que hay 326 condenados por terrorismo que están trabajando en el Estado, y al ser preguntado sobre el por qué salen los sentenciados por terrorismo sin pagar la reparación civil, expresó que hay dificultad para cobrarles. “Lo que tiene que hacerse, entonces, es identificar oportunamente qué terroristas transfirieron sus bienes adquiridos ilegalmente cuando eran terroristas, para ponerlos a buen recaudo, ya que, de lo contrario no se les podrá cobrar el monto de reparación civil asignado.


Dado a la necesidad y urgencia que tiene el país de fortalecer la seguridad nacional y garantizar la tranquilidad pública y la vida pacífica,  esperamos que esta importante iniciativa legislativa sea discutida, perfeccionada y aprobada en el seno del Congreso de la República.