PRESIDENTE
KUCZYNSKI Y LA COMISIÓN LAVA JATO
Escribe:
Eudoro Terrones Negrete
La Comisión Lava Jato del
Congreso de la República de Perú, en cumplimiento de su misión investigadora y
fiscalizadora, insiste en interrogar al Jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski
(PPK), sobre presunto dinero que habría
recibido de las empresas vinculadas a él en los Estados Unidos.
Como es de conocimiento
público, el presidente de la República decidió no recibir a la Comisión Lava Jato y reafirmó su posición de contestar por escrito las
preguntas que le formulen en un cuadernillo.
Además dijo que no está
obligado constitucionalmente a recibir en Palacio de gobierno a los miembros de
la Comisión, toda vez que no tiene “absolutamente nada que ver con los
cuestionamientos que se le hacen” y que no se prestará a “un circo”, expresión
ésta usada a raíz de su mala experiencia que tuvo cuando recibió a una anterior
Comisión de Fiscalización, el 20 de
febrero del presente año, en la que hubo “una recatafila de insultos espantosos”.
“Es un circo. La vez
pasada acepté reunirme con una comisión sobre el caso del doctor Moreno, los
invité a Palacio, fueron todos y fue una recatafila de insultos espantosos. No
voy a someter a la presidencia a eso”,
subrayó el Jefe de Estado.
La decisión tomada por
PPK se ampara en el artículo 117 de la Constitución política del Perú de 1993 y
que a la letra dice: “El Presidente de la República sólo puede ser acusado,
durante su período, por traición a la patria, por impedir las elecciones
presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el
Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134° de la Constitución,
y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de
Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
Lo preocupante para el país es que la decisión presidencial viene
generando controversia y posiciones encontradas entre los congresistas de
diversas bancadas y la ciudadanía ya especula sobre una posible crisis política y un enfrentamiento gratuito entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.
PARTIDO
APRISTA PERUANO. El congresista Mauricio Mulder,
integrante de la Comisión Lava Jato, expresó que el presidente PPK debe
responder una serie de interrogantes, “porque Odebrecht pagó dinero a empresas
vinculadas al señor Kuczynski en los Estados Unidos y, además, el señor ha sido
un activo promotor de una de las obras más corruptas de la historia del país,
por la cual se le pagó al señor Alejandro Toledo 20 millones de dólares”.
PERUANOS
POR EL KAMBIO (PPK). Por su parte, el congresista Alberto de
Belaunde, de Peruanos por el Kambio (PPK), enfatizó que el Presidente tiene
toda la voluntad de responder a la Comisión Lava Jato y “lo que se requiere son
las respuestas del Presidente, y el Presidente se ha ofrecido a darlas sin
permitir el maltrato a la investidura presidencial”.
FUERZA
POPULAR. El congresista Héctor Becerril, del mayoritario
partido político Fuerza Popular, afirmó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski
deberá “ser acusado constitucionalmente por no acatar la Constitución”.
Nos parece que el
congresista Becerril está equivocado, cuando manifiesta que el Presidente PPK
deberá “ser acusado constitucionalmente por no acatar la Constitución”. Y no puede haber desacato a la Constitución
cuando el Presidente hace público su voluntad de someterse a la investigación
por parte de la Comisión Lava Jato, pero no presencialmente, sino respondiendo por
escrito todas las preguntas que se le formule la Comisión.
Cabe recordar que el
actual Presidente de la República fue presidente del Consejo de Ministros y
ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique
(2001-2006). Como se sabe Alejandro Toledo fue acusado de recibir una coima de
20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para que se adjudiquen
a esta empresa dos tramos de la carretera Interoceánica: también PPK fue
titular del Consejo Directivo de Proinversión.
LA
COMISIÓN LAVA JATO Y SUS 8 PUNTOS PARA INTERROGAR A PPK
La Comisión Lava Jato
quiere interrogar al Jefe de Estado de Perú sobre ocho puntos clave para llevar
adelante el proceso de investigación de supuestas irregularidades:
1. Participación en el
proceso de concesión de los tramos 2,3 y 4 del proyecto Corredor Vial
Interoceánico Perú-Brasil-IIRSA Sur, así como en la suscripción de contratos y
su ejecución durante el gobierno de Alejandro Toledo Manrique.
2. Participación en el
proyecto Mejoras a la Seguridad Energética de Perú y el desarrollo del
Gasoducto Sur Peruano.
3. Participación y
sustento técnico del Decreto Supremo N° 022-2005-EF, mediante el cual se
excluyó del Sistema Nacional de Inversión Pública al proyecto del Corredor Vial
Interoceánico Perú-Brasil-IIRSA Sur.
4. Promulgación de la ley
que declara de necesidad pública e interés nacional a diversos proyectos de
inversión, Ley N° 28670.
5. Respuesta a las
observaciones detectadas por la Contraloría General de la República, Informe N°
038-2007-CG/OEA, sobre concurso de proyectos integrales y la entrega en
concesión del proyecto Eje Multimodal del Amazonas Norte del Plan de Acción
para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana-IIRSA.
6. Alcances de la
aplicación del Decreto de Urgencia N° 003-2017 y particularmente en las
emp0resas brasileñas que están siendo investigadas por la Comisión Lava Jato.
7. Venta de las
concesiones correspondientes a la Central Hidroeléctrica de Chaglla, del
Proyecto Especial Chavimochic Etapa III y del Proyecto Olmos.
8.Relaciones
contractuales como persona natural o jurídica, por asesoría, consultoría o
cualquier modalidad con empresas brasileñas y/o sus consorciadas peruanas
consideradas dentro del ámbito de investigación.
CONCLUSIÓN
Dentro del marco de una
política de lucha integral contra la corrupción no debe haber pretexto, excusa
e inmunidad alguna que prevalezca en un proceso de investigación sobre presuntos
actos ilícitos, más aún si trata del dinero del Estado, que es el dinero de
todos los peruanos.
En un Estado de derecho,
en un régimen político democrático como el que vivimos en el Perú, todos los
ciudadanos, funcionarios políticos, empresarios, industriales y gobernantes deben
dar muestras de buena disposición y de colaboración con el Poder Judicial y con
las comisiones investigadoras del Congreso de la República, con el fin de
esclarecer dudas sobre posibles malos manejos de la cosa pública. No olvidemos
que el Presidente PPK está como testigo y no como investigado.
Por lo expuesto, el
mandatario de la Nación, Pedro Pablo Kuczynski,
debería colaborar ampliamente, sin condiciones, con la Comisión Lava
Jato del Congreso de la República y dar sus declaraciones y testimonios con
toda la verdad y nada más que la verdad, con el fin de preservar su imagen
personal, profesional y presidencial, dar ejemplo de honestidad y transparencia
a la ciudadanía y estar dispuesto a encabezar una cruzada victoriosa de lucha
frontal contra la corrupción e inmoralidad en el país.
Mientras tanto, en los
corrillos de la ciudad se escucha decir: “Quien no tiene rabo de paja, puede
acercarse cuantas veces quiera a la candela y nada lo pasará”.
