HACIA UNA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

HACIA UNA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA (*)

Escribe: Eudoro Terrones Negrete

Con el fin de reformar integralmente la educación universitaria, asegurar la calidad de la enseñanza mediante la acreditación periódica y obligatoria, fomentar la investigación en todas las universidades, varios congresistas de la República presentaron el proyecto de Ley Nº. 1953.

Cabe mencionar a los congresistas autores del proyecto, Sergio Tejada Galindo, Jaime Delgado Zegarra, Eduardo Nayap Kinin, Gladys Natalie Condori Jahuira, Julia Teves Quispe, Leonidas Huayama Neira y Cristóbal Luis Llatas Altamirano.

El proyecto, que contiene 108 artículos y 14 disposiciones transitorias, complementarias y finales,  propende a reivindicar económicamente al docente universitario, instaurar el voto universal en la elección de autoridades universitarias, contribuir con la superación de la crisis institucional de las universidades,  regular la creación y el funcionamiento de universidades en función al requerimiento de desarrollo del país y el cierre de aquellas universidades que no acrediten periódicamente una educación de calidad.

Además, la iniciativa legislativa confiere el derecho a voto de los alumnos desde el tercer semestre de estudio para la elección de sus autoridades y propone la creación del Consejo Nacional de Universidades como entidad rectora del Sistema Nacional Universitario, la misma que coexistirá con la Asamblea Nacional de Rectores, siendo éste el ente articulador de las universidades en el Perú.

PRINCIPIOS DE LAS UNIVERSIDADES

El proyecto considera como principios de las universidades la afirmación de la vida, la dignidad humana, los derechos fundamentales de la persona, la ética pública y profesional, la libertad académica, la democracia institucional, el pluralismo, la tolerancia e inclusión, la calidad y meritocracia, la autonomía, la pertinencia con la realidad social, la edificación de un Estado intercultural y la búsqueda de la verdad, entre otros.

FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD

Son funciones de la universidad: a) la formación académica y profesional, la capacitación académica y la actualización permanente; b) la investigación e innovación científica y tecnológica en las diversas áreas del saber; c) la proyección y extensión social, d) las funciones que señalan la Constitución, las leyes y sus estatutos.

SISTEMA NACIONAL UNIVERSITARIO

En el proyecto se propone la creación del Sistema Nacional Universitario (SNU), teniendo como ente rector al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y como ente coordinador a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). El SNU responde ante el Estado y la sociedad por el cumplimiento de los principios y fines de la universidad peruana.

CREACION DE UNIVERSIDADES

Las universidades públicas se crearían mediante ley con previa opinión técnica favorable  del CNU. Los particulares que quieran crear universidades privadas deben “tener una reconocida trayectoria de interés por el tema educativo”.

 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

El proyecto incorpora la “responsabilidad social universitaria” como obligación y compromiso de las universidades con el desarrollo, la inclusión social y la vigencia de los derechos de las personas y grupos en el país, sus regiones y localidades.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES

El CNU autorizará el funcionamiento de universidades públicas o privadas, – ya no el CONAFU-, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI); estudios de factibilidad sustentado en un estudio de mercado de las especialidades a ofertar con proyecciones a 10 años de funcionamiento; líneas de investigación; objetivos académicos, grados y títulos a otorgar; planes de estudio; selección, Evaluación y promoción de los docentes basado en méritos académicos y profesionales; demostrar que dispondrá de personal docente calificado con no menos del 30 % de profesores ordinarios a tiempo completo en un plazo de cinco años; demostrar que cuenta con servicios de bibliotecas, laboratorios, servicio médico, psicopedagógico y deportivo; plan maestro de infraestructura proyecto a diez años de funcionamiento.

COMISIÓN ORGANIZADORA

Aprobada la ley de creación de una universidad pública, el CNU constituirá una Comisión Organizadora integrada por 3 docentes con grado de doctor en las especialidades que ofrece la universidad. Esta comisión aprobará el estatuto, los reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa. Para las universidades privadas, los miembros de la Comisión organizadora serán elegidos por el CNU de una lista de 5 nombres propuestos por los fundadores o promotores de las universidades.

El proceso de constitución de la universidad concluye con la elección de sus autoridades por voto universal, secreto, directo y obligatorio de los miembros de la comunidad universitaria (representantes de profesores, estudiantes y egresados).

CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES (CNU)

El CNU norma, regula, coordina y fiscaliza la actividad universitaria y el desarrollo de la red de universidades. Estará integrado por siete (7) miembros elegidos por una votación calificada de los dos tercios del número legal de integrantes del Congreso de la República.

El Congreso de la República elegirá a los miembros del CNU de una terna de 4 personas propuesta por las universidades públicas  y privadas más antiguas, por los colegios profesionales y por el Poder Ejecutivo.

Son atribuciones del CNU diseñar políticas para el desarrollo de las universidades; asegurar la calidad académica en la formación profesional e investigación; garantizar el acceso a la universidad de todas las personas que tengan capacidad para ello, sin discriminación de ningún tipo; verificar el cumplimiento de las acciones de responsabilidad social de las universidades.

Además, tiene por atribuciones promover e incentivar la investigación en las universidades; regular formas de intercambio temporal entre docentes y alumnos de las universidades del país y del exterior, con fines académicos y de investigación; orientar la política de relaciones internacionales de las universidades peruanas con sus pares extranjeras; autorizar el funcionamiento de universidades de acuerdo con el resultado de las evaluaciones respectivas; resolver en última instancia los conflictos de los órganos de gobierno de las universidades y de las comisiones organizadoras; entre otras.

El CNU tiene como instancias de dirección a la Asamblea del Consejo Nacional de Universidades y al presidente del Consejo Nacional de Universidades. El CNU cuenta con órganos de apoyo: Oficina de Planificación y Desarrollo; Oficina de Asuntos Contenciosos

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

La ANR está conformado por los rectores de las universidades públicas y privadas y sus fines son el estudio y la coordinación interuniversitaria en el país. En el ámbito regional, los rectores conforman el Consejo Regional Universitario.

La ANR tiene por atribuciones desarrollar actividades de coordinación entre las universidades públicas y privadas del Perú; publicar un informe anual sobre la realidad universitaria del país; recopilar los estatutos de las universidades del país y llevar al día el Registro Nacional de Grados y Títulos expedidos por las universidades.

La ANR estará representada por una Comisión de Coordinación Interuniversitaria, con el fin de que las decisiones de la ANR se adopten de manera oportuna y fundamentada.

CANCELACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Todas las universidades están sujetas a evaluación permanente y periódica por el Consejo Nacional de Universidades. En caso de que cualquier universidad no supere la evaluación, se procederá a su cierre, mediante la cancelación de su autorización de funcionamiento.

ACREDITACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

Todos los programas de estudios de pregrado, posgrado  y las modalidades de estudios no presenciales (virtuales o a distancia) deben ser obligatoria y periódicamente acreditados por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria (CONEAU).

ESTUDIOS DE POSGRADO

Los estudios de posgrado conllevan a optar los grados académicos de diplomados de especialización (con 20 créditos), maestría (con 36 créditos), doctorado (con 36 créditos) y posdoctorados.

Estos programas de estudios de posgrado deben estar acreditados por el CONEAU, cuya periodicidad de acreditación será establecida por el reglamento.

TÍTULOS PROFESIONALES Y GRADOS ACADÉMICOS

Las universidades otorgarán A Nombre de la Universidad los títulos profesionales y los grados académicos respectivos. El CNU determinará qué universidades otorgarán títulos A Nombre de la Nación.

La obtención del grado académico de Bachiller requiere de la aprobación de una tesis, el conocimiento básico de un idioma extranjero y la realización previa de las prácticas pre-profesionales.

La obtención del título profesional requiere del grado previo de Bachiller, la aprobación de un examen de suficiencia académica o de la aprobación de un proyecto de investigación o de aplicación de la especialidad del estudiante.

La obtención del grado académico de Maestría requiere la acreditación del grado de Bachiller, la aprobación de una tesis original y haber aprobado los estudios de 4 semestres.

La obtención de Diploma de Especialización requiere el grado previo de Bachiller o su equivalente profesional y la aprobación de los cursos.

Y la obtención del grado de Doctor se efectúa con la acreditación previa de la Maestría y la sustentación y aprobación de una tesis original.

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

Cada universidad tendrá un Vicerrectorado de Investigación y Postgrado con el fin de orientar, coordinar y organizar las tareas de investigación sobre los problemas del país y de postgrado.

Las universidades establecerán alianzas estratégicas para una mejor investigación básica y aplicada y participarán en la elaboración y formación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Estado otorgará a las universidades un crédito tributario equivalente al 40 por ciento de los pagos del ejercicio anual, a efecto de estimular el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo que llevan a cabo.

Para la organización y el financiamiento de la investigación en las universidades se creará el Fondo para la investigación universitaria y el sistema nacional de investigadores universitarios, el mismo que estará constituido por el 10 por ciento del monto recaudado del impuesto a los juegos de casino y tragamonedas, el 1 %  del 5 % del canon minero asignado a las universidades de una Región y por las donaciones hechas a su favor por personas naturales y jurídicas.

En el caso de las universidades privadas, destinarán no menos de 15 % de su presupuesto anual a la investigación, porcentaje que deberá incrementarse progresivamente hasta llegar al 25 % en un plazo de diez años. La SUNAT verificará su cumplimiento.

El docente investigador es aquél que se dedica a la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación; su carga lectiva será de 1 curso por año y tendrá bonificación especial del 50 % de sus haberes totales.

Entre los derechos de los docentes cabe destacar el de tener año sabático con fines de investigación o de preparación de publicaciones por cada 7 años de servicios en el sistema universitario; gozar las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año; incorporar el reconocimiento de 4 años adicionales de abono al tiempo de servicio por concepto de formación académica o profesional al cumplirse 15 años de servicios docentes en el sistema universitario.

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS OPERARÍAN EN EL PERÚ

Según este proyecto de ley las universidades que cuenten con una sede, sucursal, filial o similar instalada en el país podrán operar sus servicios en el país con la autorización de funcionamiento del Consejo Nacional de Universidades. Y los grados académicos y títulos profesionales que otorguen tenderán validez previa revalidación, reconocimiento o certificación según la legislación vigente, los mismos que serán inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos.

Las universidades públicas y privadas podrán promover la movilidad estudiantil a través de la suscripción de convenios con universidades extranjeras, a la vez que podrán celebrar convenios de ofrecimiento conjunto de programas de estudios.

DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

El gobierno de la Universidad es ejercido por la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, el rector, los Consejos de facultad y el decano.

La universidad cuenta con un rector y al menos dos vicerrectores:  vicerrector académico, vicerrector de investigación y postgrado y  director general de administración.

Para ser elegidos en los cargos de rector y de vicerrectores  se requiere ser profesores principal con no menos de 10 años en la docencia universitaria y cinco años en la categoría de principal. El Director General de Administración es designado por el rector. No hay reelección inmediata en dichos cargos.

En el gobierno de la universidad participan representantes de los docentes, estudiantes, graduados y de la entidad fundadora o promotora.

Cada universidad deberá contar con un comité electoral universitario para fines de elección de sus autoridades, el mismo que encomendará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la organización y conducción de los procesos electorales. Sus fallos son inapelables. El estatuto de la universidad regula su funcionamiento.

Cada universidad deberá contar con un tribunal de honor universitario, para emitir juicios de valor sobre asuntos ético-disciplinarios en las que estuvieran involucrados algún miembro de la comunidad universitaria, y proponer las sanciones correspondientes.

REMUNERACIÓN DE DOCENTES

Las remuneraciones de los docentes de universidades públicas y privadas se homologarán con las correspondientes a la de los magistrados judiciales.

SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO

Los estudiantes universitarios realizarán el Servicio Social Universitario, que forma parte del Sistema Nacional del Servicio Social. Este servicio consiste en la realización obligatoria de actividades temporales de aplicación de los conocimientos obtenidos y que impliquen una contribución en la ejecución de las políticas públicas de interés social y fomenten un comportamiento altruista y solidario que aporte en la mejora de la calidad de vida de los grupos vulnerables de la sociedad.

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA

De acuerdo con el proyecto de ley se crea la Defensoría Universitaria en cada universidad pública y privada. Su misión es garantizar los derechos humanos de la comunidad universitaria; formular los mecanismos de solución de sus problemas del estudiante; recibir y solucionar las reclamaciones, quejas o denuncias  de los miembros de la comunidad universitaria ante la infracción o afectación de sus derechos; proponer a las autoridades universitarias las soluciones y recomendaciones que cada caso requiera y con procedimiento sumarísimo.

También, vigilar el cumplimiento de la normatividad universitaria; solicitar los informes respectivos a las autoridades de la universidad en los casos que motivan su intervención; proponer al Consejo Universitario la designación del defensor adjunto o de los responsables de las Delegaciones defensoriales en las filiales o sedes de la universidad; y denunciar a las autoridades por incumplimiento de las recomendaciones o peticiones formuladas.

El Defensor Universitario es un docente calificado, de conducta intachable, elegido por la Asamblea Universitaria de cada universidad. El cargo de Defensor Universitario es incompatible con otros cargos de autoridad universitaria y de representación gremial. Su desempeño demanda dedicación exclusiva, con descarga de ocho (8) horas lectivas. El Defensor Adjunto suple al Defensor Universitario en ausencia o renuncia de éste.

El Defensor Universitario podrá celebrar y suscribir convenios de cooperación y colaboración institucional con personas jurídicas de derecho público o privado nacionales o extranjeras, para el mejor cumplimiento de su misión y gestión,

DEROGATORIA DE LA LEY 23733 Y DEL DECRETO LEGISTIVO 882

De aprobarse este proyecto de ley quedaría derogada la actual ley universitaria 23733 y el Decreto Legislativo 882.

En este último caso, las universidades que funcionan al amparo del DL 882 deberán convertirse en universidades privadas sin fines de lucro y con la obligación de adaptarse al modelo en un plazo que no exceda los 36 meses, ello exigirá que se conviertan en asociaciones en concordancia con el artículo 333 de la Ley 26887, Ley General de Sociedades. Se derogarán asimismo la ley 26439 y todas las disposiciones legales que se opongan a la nueva ley universitaria.

(*) Artículo publicado en el diario DEL PAÍS, Lima, 13 de marzo de 2013.

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90 AÑOS DE APRISMO

90 AÑOS DE APRISMO

Escribe: Eudoro Terrones Negrete

Está en circulación nacional la obra 90 años de aprismo, su autor es el ex presidente de la República, Alan García Pérez. Se publica un año antes de cumplirse 90 años de la fundación en México de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), primero como ideología y después como partido político, y que se conmemorará el 24 de mayo de 2014.

Alan García hace un balance de la vitalidad histórica de este gran movimiento político peruano y latinoamericano. Sostiene que su vigencia,  en la era de la globalización, responde al acierto de su filosofía, ideología y doctrina, a la vida ejemplar y honesta de Haya de la Torre al servicio de la causa del pueblo.

En sus 172 páginas, el autor analiza y explica, dentro del aparato administrativo, el burocratismo, el proteccionismo, el estatismo controlista, el asistencialismo y el colectivismo; enfatiza las bondades y ventajas de conformar el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, la Democracia social, el Estado Antimperialista y la integración continental.  Y tras desenmascarar a los adversarios del aprismo en la historia e identificar los errores de su partido, puntualiza el temor al Apra motivado por su ideologismo,  tendencia al sectarismo, impaciencia e ineficiencia, entre otros.

García Pérez asevera que el sistema económico mundial continúa creciendo en conjunto y tiene una mayor liquidez. Por tanto, aconseja que el Perú deberá utilizar esta liquidez para incorporar la moderna tecnología,  aumentar la potencia nacional de la producción, distribuir las exportaciones y la riqueza de manera equilibrada y justa, competir con inteligencia, incrementar el empleo, lograr el crecimiento sostenido, la autonomía, la libertad y la justicia de la patria.

El ex mandatario considera que la economía social progresista requiere de un sistema político austero, eficiente, ajeno a la corrupción y socialmente representativo, teniendo como instrumento y guía útil el pensamiento revolucionario de Haya. Pero también los apristas necesitan comprender que hoy existen nuevos grupos y formas de acción, que el pensamiento aprista ya es patrimonio del Perú -y no solo del partido-, por lo que deberán mantener la apertura y convocatoria a todos los trabajadores del país, vincularse al pueblo, interpretar el pensar de la inmensa mayoría y plasmarlo en la  realidad del país. Para vincularse al pueblo el Apra debe ser el partido de las micro y pequeñas empresas urbanas y rurales, por ser éstas expresiones creadoras y productivas que contribuyen al engrandecimiento del país.

El autor cierra la obra formulando una propuesta por el futuro del aprismo, dentro de una democracia integral y funcional (social, económica, cultural y política) capaz de garantizar mayores niveles de justicia, de libertad individual y colectiva.

La historia dio razón al aprismo. García Pérez dejó bien parado al Perú en su segundo gobierno (2006-2011), con una economía en crecimiento, sólida, confiable y respetable en el mundo.  “Hoy el régimen de Ollanta Humala, más allá de sus ofertas electorales, ha mantenido la continuidad del sistema democrático y el mismo modelo económico que dejamos”  remarca Alan García Pérez.

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INDIGNACIÓN NACIONAL ANTE LA INSEGURIDAD CIUDADANA

INDIGNACIÓN NACIONAL ANTE LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Escribe: Eudoro Terrones Negrete

La inseguridad ciudadana es uno de los problemas más preocupantes de la población, después de la pobreza, el narcoterrorismo, el desempleo y el deterioro ambiental.

Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público sólo en Lima y Callao ocurren un promedio de 10 delitos por hora, lo que nos indica la magnitud del problema y el por qué de la indignación nacional ante la inseguridad ciudadana.

Diariamente, al salir de nuestros hogares no sabemos a ciencia cierta si podremos regresar a salvo, si pereceremos en algún tiroteo o si seremos víctimas de llamadas anónimas y amenazantes de los extorsionadores.

Caminar por las calles de Lima y de las ciudades del interior del país significa arriesgar la integridad física y la vida misma. De repente uno se encuentra con  personas armadas que nos dicen: ¡Arriba las manos! ¡No se mueva! ¡Dame el dinero”, o vemos a delincuentes que bajan de sus autos portando pistolas, asaltan en pocos segundos y se fugan fácilmente.

El país está sitiado por delincuentes, por criminales de gran crueldad con sus víctimas, por delincuentes prófugos que duermen, comen y viajan como pueden, por delincuentes que atacan por sorpresa, agrediendo físicamente a las personas que encuentran en su camino, por personas inadaptadas que no se adecuan al medio donde viven y resuelven su angustia con violencia, por delincuentes pasionales que cometen el delito por razones sentimentales, por sicarios que cometen homicidio mediante el pago de una suma de dinero, por delincuentes que realizan el crimen perfecto, en el que no es descubierto el autor, y por delincuentes habituales que cometen delitos repetidamente y como medio o actitud ante la vida.

Todo esto ocurre precisamente porque no hay una política eficaz de seguridad ciudadana. Las leyes no amparan al policía, son muy benignas Si un policía actúa en cumplimiento de su deber y mata a un delincuente, va a la cárcel; si un delincuente es muerto por un policía,  se fuga y no le pasa nada. Las fuerzas policiales no cuentan con el número de efectivos necesarios para erradicar la delincuencia (hay un déficit de 30 mil policías), existe desmoralización en la Policía Nacional del Perú por promesas incumplidas del gobierno de Ollanta Humala que ofreció duplicar las remuneraciones mensuales y sólo les han aumentado 87 soles.

A nivel nacional el robo al paso es el delito más frecuente, le siguen el robo de vivienda, el atraco, lesiones, violaciones,  estafas, microcomercialización de drogas  y delitos sobre trata de personas. El mayor porcentaje de casos de robos de vehículos ocurren en Lima y Callao, cuando estos se hallan estacionados en la vía pública.

El hombre común y corriente se desplaza con sumo temor en todo el territorio nacional. No deja de pensar que en cualquier momento puede ser víctima de posibles agresiones, violaciones, abusos sexuales, estafas, agresiones, asaltos, secuestros, amenazas de muerte o del robo de sus pertenencias personales.

La comisión de múltiples delitos  genera permanentemente mayor preocupación social, no sólo por el aumento cuantitativo, también por su peligrosidad cualitativa.

Las bandas de delincuentes organizados se pasean a manos sueltas por nuestras ciudades, ante la vista y paciencia de nuestras autoridades nacionales, regionales y municipales. Bandas que cuentan con equipo de abogados que les defienden, que compran armamentos sofisticados, que tienen camionetas de último modelo para movilizarse rápidamente más que cualquier organización del Estado.

La inseguridad ciudadana, mantiene a la población impotente, desamparada, y desesperanzada y erizado los cabellos. Los sentimientos de soledad, abandono, frustración e impotencia aumentan todos los días. La población permanece en zozobra, no puede dormir  con tranquilidad.

La seguridad ciudadana es un bien público y el Estado debe garantizar y proteger a toda la población para que el país viva en paz y pueda producir más y mejor en bien del desarrollo del Perú.

Lima ya se parece a New York y a México, rodeado por delincuentes que hacen de la suya, a tal punto que algún lector indignado me expresó “Para qué queremos autoridades y gobierno si no protegen al ciudadano y no cumplen mínimamente sus promesas electorales?”

VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA

Los empresarios son víctimas de extorsión por organizaciones criminales que les obligan a pagar ingentes sumas de dinero para no ser amenazados, secuestrados o muertos. Y ante el desamparo, la desprotección y la falta de garantías oportunas algunos empresarios mineros, principalmente, se ven obligados a no seguir invirtiendo en el país.

La lista es interminable de las autoridades que murieron y siguen muriendo víctimas de la delincuencia. Aquí están los asesinados a balazos: Wilder Cieza Silba, alcalde del distrito de Camporredondo de la provincia de Luya y Augusto Wong López, vicepresidente del gobierno regional de Amazonas; el alcalde del distrito de Angasmarca, Diógenes Geldres Velásquez; el alcalde de Casma, José Montalván Macedo; Wilder Miranda Ordoñez, alcalde de Aucayacu; el presidente regional de Áncash, José Sánchez Milla; el fotógrafo Luis Choy Yin Sandoval; el obrero de construcción civil Juan Páucar Vergara; el asalto a la notaría Paíno en Surquillo, hace días una persona entró a la Iglesia y efectuó tres disparos, el asesinato de Elsa Doris Aguad Abugattás, en su propia vivienda en Arequipa, quien era prima del congresista Daniel Abugattás de Gana Perú, el asesinato en Lince, del ecuatoriano Víctor G. Rivera Araujo. A esto se suma la voladura de tres torres de luz eléctrica en Huancavelica.

CAUSAS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA

La inseguridad ciudadana en el Perú obedece a múltiples factores: falta de articulación de acciones conjuntas entre los gobiernos gobierno nacional, regional y municipal, las empresas privadas, los partidos políticos, la familia, los centros educativos en todos sus niveles y modalidades y los medios de comunicación.

El empelo inestable, el desempleo y el subempleo golpea a los sectores populares más necesitados. Esto los obliga a vivir en zonas marginales de las ciudades donde prima elevados índices de delincuencia y propensión a conductas agresivas contra las personas, con menos niveles de educación y cultura.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y las Comisiones de los gobiernos regionales y municipales de Seguridad Ciudadana no están funcionando con eficacia, están fracasando en la aplicación de sus políticas y estrategias de lucha.

El presidente Ollanta Humala fue elegido, con la promesa de promover el crecimiento económico con inclusión social, poner orden en el país y erradicar la delincuencia y las mafias organizadas.

Ha transcurrido casi dos años de su gestión y los logros no se ven. Las anunciadas políticas y estrategias del gobierno siguen cayendo en saco roto o deviniendo en declaraciones líricas, cuyas palabras se las lleva el viento. aun cuando digan los aduladores y ayayeros del gobierno que “todo está bien” y en el país no pasa nada.

CONSECUENCIAS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Esta permanente inseguridad ciudadana, que viene generando indignación nacional, está afectando profundamente los fundamentales derechos de las personas de vivir, educarse, movilizarse y trabajar en paz, está deteriorando la calidad de vida y reteniendo el normal desarrollo del capital humano. El alto índice de inseguridad ciudadana aleja los turistas y genera millones de soles de pérdidas anuales.

Este problema encarece el costo de vida de los peruanos, toda vez que se ve obligado a contratar pólizas de seguro de vida, contratar infraestructura de seguridad (paredes, cerraduras, filmadoras, rejas, etc.), contratar personal de seguridad.

Adrián Gonzáles es claro al respecto: “Las consecuencias de vivir bajo tanta presión genera cambios cerebrales estructurales y neurobioquímicos que poco a poco van condicionando la aparición de las enfermedades mentales y físicas como la depresión, los trastornos de ansiedad, la diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc., estas últimas bajo mecanismos neuroendocrinos bien conocidos, a tal grado que es necesario la aplicación de tratamientos específicos psicofarmacológicos y de psicoterapia…” (adysgon@hotmail.com).

La inseguridad ciudadana y la justicia por mano propia influyen negativamente en el desarrollo social, educativo, cultural, económico, político y ecológico del país.

Las relaciones entre vecinos van disminuyendo, hay temor de hablar o de transitar a cualquier hora y hasta de dialogar con el conductor de un taxi.

PROTESTAS SOCIALES EN MARCHA

Ültimamente muchas organizaciones sociales y profesionales, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú,  la Federación de Vendedores de Diarios, ONGs, sindicatos, asociaciones de padres de familia de instituciones educativas, entre otros, han expresado su protesta e indignación en todo el país ante el avance incontenible de la inseguridad ciudadana, con sendas y masivas movilizaciones y bajo el lema: “Tu vida es mi vida”, “Quiero mi vida”, “Basta ya de violencia”, “No más muertes en el Perú”, haciendo un alto en el camino ante las sentidas notas musicales de la “Marcha fúnebre a los caídos”.

PROPUESTAS CONTRA LA INSEGURIDAD

Combatir la violencia urbana no es tan fácil si se tiene en cuenta que hay déficit de policías prestando servicio en las calles, o si los miembros de las instituciones encargadas de mantener el orden público y de garantizar la tranquilidad del país son las primeras en ser laceradas o en estar vinculadas con actos de delincuencia.

Para combatir la delincuencia el primer paso es que los ciudadanos ejerciten la práctica de la denuncia oportuna, venciendo el temor o las amenazas, para que las autoridades puedan actuar inmediatamente.

Es necesaria la organización de Brigadas de Protección Vecinal organizada y dirigida por las municipalidades.

El gobierno debería cumplir su promesa de duplicar las remuneraciones mensuales de los custodios del orden público, dotar de modernos equipos de combate y de tecnología de última generación, implementar la capacitación permanente, la infraestructura y la formación intensiva de nuevos cuadros policiales.

Es necesario restituir la enseñanza de la asignatura de Religión y la instrucción Pre-militar en todos los colegios públicos y privados, crear mayores fuentes de trabajo para la juventud, contribuir con el mejor aprovechamiento del tiempo libre de la juventud, crear un sistema educativo realmente inclusivo, participativo y propositivo que logre disminuir las cifras de deserción escolar en los diversos niveles y modalidades educativas.

El Congreso de la República debería revisar la legislación vigente y aprobar leyes con penas más drásticas para una efectiva lucha contra la delincuencia.

Coincidimos con quienes piensan que el aumento de sueldos a los policías muy poco contribuye en la lucha contra la delincuencia si no se equipa de logística y de tecnología de última generación y no se aprueban leyes con sanciones más severas, capacitación, infraestructura y formación intensiva de nuevos cuadros policiales.

El Estado debe ejercer su función de preservar la seguridad y garantizar la tranquilidad pública, según lo asignado por la Constitución política: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, “Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”, “Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.

La cárcel no solo debe ser para los delincuentes, sino también para aquellas malas autoridades que los sueltan fácilmente. Todos los delitos deben tener sanción y ser acumulativos.

(*) Artículo publicado en el diario DEL PAÍS y en Generacción.com, en Lima-Perú, 26 de marzo de 2013

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RENOVACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL PERÚ

RENOVACION DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL PERÚ

Escribe: Eudoro Terrones Negrete

SINOPSIS DE LA POLÍTICA PERUANA

 No se ha reparado quizá todavía en el hecho de que ningún país sudamericano llegó a sumar en el siglo XIX una cantidad de luchas internacionales tan grande como el Perú. Ellas fueron las siguientes: invasión de Bolivia (1828); guerra con la Gran Colombia (1829); choques civil-internacionales entre peruanos, bolivianos y chilenos (1836-1837); última guerra con Bolivia (1841-42), campaña del Ecuador (1859), conflicto con España (1866); fuera del Pacífico (1879-83). En total, se sucedieron nueve guerras, abarcando quince años”, refiere el historiador Jorge Basadre en “La promesa de la vida peruana”, pero todas estas guerras fueron libradas con carácter defensivo.

En el siglo XIX y hasta las dos terceras partes del siglo XX, la democracia en el Perú nació y murió muchas veces. Guerras, tiranías, dictaduras y breves tiempos de democracia vivieron los peruanos. Más pudieron las bayonetas, metralletas y tanques blindados de militares ambiciosos de poder político que las inmensas aspiraciones de justicia de la población. La sociedad se volcó a las calles sin rumbo y sin destino, sin un objetivo humanista que integre sus demandas y reivindicaciones y sin posibilidades de manifestarse libremente ante las pretendidas “reformas estructurales del Estado” que imponían ajustes, sacrificios y encarecimiento de la vida.

Históricamente, cogobernaron el Perú  los militares -vía golpe de Estado- y los civiles en su mayoría de derecha. Cuando la fuerza de la razón entraba en crisis, de repente se levantaba algún militarista para imponer la razón de la fuerza, argumentado que los civiles no estaban preparados para gobernar el país. Y así poco a poco se adormecía la conciencia ciudadana y se incrementaba la desconfianza colectiva en la política y los políticos. La democracia no podía estabilizarse, regenerarse y expandirse, y gobierno tras gobierno aumentaba la pobreza, la desigualdad, la exclusión, el desempleo, la corrupción y la injusticia en todos los poderes del Estado. Los derechos humanos y las libertades individuales entraron en sus cuarteles de invierno.

Decía el maestro Luis Alberto Sánchez: “En mi país se hizo célebre una dolorosa frase antipatriótica. Vivíamos los amargos días de la guerra del Pacífico. El desbarajuste nacional era causa directa de los fracasos; surgió en medio del desorden un caudillo tratando de ordenar el país: Piérola. Y yo no sé si es cierto, pero no ha sido negado jamás, el hecho de que sus enemigos, el civilismo peruano, enunció su consigna de odio: “Primero los chilenos que Piérola”.

Ulteriormente, desde 1931 se hizo duradera la consigna promovida por los agentes nativos del imperialismo yanqui y del comunismo internacional: “Primero la dictadura militar que el Aprismo”. ¿Y cuál fue su efecto? Por muchos años a los apristas les fueron cerradas las puertas de la legalidad, sus derechos políticos estuvieron disminuidos, no se les permitió organizarse libremente, sólo pudieron elegir y no ser elegidos para cargos públicos en las elecciones municipales y nacionales. Su máximo líder Haya de la Torre, fue permanentemente desterrado, calumniado en los medios de la derecha y del comunismo.

Los grupos de poder económico tras capturar el poder político convirtieron el Palacio de gobierno en un club de compadres en busca del presupuesto nacional, con el fin de amasar fortunas, pagar favores políticos y perpetrar las más detestables corrupciones, inmoralidades y desfalcos. Así tuvimos gobiernos entreguistas, serviles del imperialismo e insensibles a las demandas del pueblo.

Advino entonces  la desnacionalización, la esclavitud económica y el colonialismo mental. El Estado era representante de los intereses extranjeros y sirviente del imperialismo, hipotecador de los recursos naturales a las empresas transnacionales. El Estado centralizó por mucho tiempo los servicios y las inversiones en la capital de la República, privando a los pueblos del interior del país la solución oportuna de sus ancestrales problemas de tierra, luz, agua, vivienda, educación, salud, pan y libertad.

El Apra fue el único partido político en Perú y América Latina que más ha sufrido terror, persecución, martirio y cuyas victorias electorales le fueron desconocidas por el atropello, el veto o el fraude con el propósito de impedir su llegada a Palacio de gobierno. Algo más: fue el único partido político que fue llevado ante la Corte Internacional de La Haya, en la persona de su Jefe y Fundador Víctor Raúl Haya de la Torre, acusado de “crímenes comunes”, para después de una rigurosa e imparcial investigación ser absuelto por cuanto el gobierno de Odría no pudo demostrar que los delitos de que acusaban a Haya de la Torre sean delitos comunes, según el fallo de la Corte Mundial del 20 de noviembre de 1950.

Algo más. Las tiranías militares persiguieron a los apristas en forma sangrienta. Más de seis mil de sus afiliados cayeron bajo las balas de la represión reaccionaria; muchos de sus líderes fueron ejecutados, murieron en las prisiones. Derechas e izquierdas totalitarias se aliaron tratando de exterminar este movimiento histórico. Y no pudieron conseguir sus malévolos objetivos.

De esta lucha ideológica, entre el comunismo internacional y el APRA, éste último salió triunfante. El primero se atomizó en varios minipartidos y no llegó a ser gobierno en el Perú; en cambio, el Apra mantuvo su unidad y ya fue dos veces gobierno con Alan García Pérez como presidente de la República (1985-1990; 2006-2011).

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Desde 1821 nacieron y desaparecieron movimiento políticos, porque nacieron sin ideología, sin doctrina, sin filosofía, sin planes de gobierno y sin dirigentes capacitados para las funciones de gobierno, con escasa representatividad ciudadana, con precaria organización, con poca o nula formación política de sus militantes y sin planes de gobierno que coadyuven a la solución de los problemas nacionales.

La vida republicana estuvo signada por gobiernos de facto (militares) y gobiernos democráticos que se distribuyeron y compartieron el poder político vía la razón de la fuerza o la fuerza de la razón, sin haber superado la polarización social, las conductas antiéticas, menos aún la marginación, la exclusión social, el desempleo, la pobreza, los conflictos sociales y la fragmentación de la representación en el Congreso de la República.

El carácter vertical, autoritario y anti-partido de la mayoría de los gobiernos militares de Perú, ha creado una conciencia contraria al régimen democrático y a los partidos políticos, contribuyendo a su desacreditación y atomización. Aquí están los gobiernos de Leguía, Sánchez Cerro, Odría y Velasco Alvarado, principalmente durante el siglo XX. Resultado: el fracaso de los intentos de modernización del Estado y de creación de una cultura democrática; se incubó el Estado corrupto y sirviente de las oligarquías económico-financieras y de los intereses transnacionales pro-imperialistas. Por eso es que la ciudadanía percibió a estos movimientos como orientados a sólo satisfacer sus intereses de grupos y mantener los lazos de dominación y dependencia.

Unos partidos muertos y otros inactivos

Muchos partidos políticos se fundaron en el Perú, los mismos que después de un breve tiempo de vigencia desaparecieron, y algunos se mantuvieron inactivos.

Cabe referir al Partido Nacional Democrático (1915), Partido Democrático Reformista (1920), Partido Laborista del Perú (1925), Partido Socialista del Perú (1928), Partido Nacionalista del Perú (1933), Partido Sindicalista Rural Urbano del Perú (1939), Partido Social Cristiano del Perú (1945), Movimiento Democrático Peruano (1956), Frente de Liberación Nacional (1960), Unión Nacional Odriista (1961), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (1962), Frente Obrero Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP) (1977), Acción Política Socialista (1980), Partido de Integración Nacional (PADIN) (1982), Solidaridad y Democracia (SODE) (1985), Frente Democrático (FREDEMO) (1988), Movimiento Obras (1989), Coordinadora Democrática (CODE) (1992), entre otros.

A partir de las elecciones generales de 2006 los partidos políticos que no lograran superar la valla electoral fueron cancelados en su inscripción ante el JNE. En esta situación están: En el 2007, Avanza País, Con Fuerza Perú, Frente Independiente Moralizador, Fuerza Democrática, Partido Justicia Nacional, Partido por la Democracia Social, Partido Reconstrucción Democrática, Partido Renacimiento Andino, Partido Socialista, Perú Ahora, Progresemos Perú , Proyecto País, Resurgimiento Peruano y Se llama Perú. En el 2012: Agrupación Independiente Sí Cumple, Cambio Radical, Despertar Nacional, Frente Popular Agrícola Fía del Perú, Fuerza Nacional, Movimiento Nueva Izquierda, Nueva Mayoría, Participación Popular, Partido Descentralista Fuerza Social, Partido Fonavista del Perú y Partido Político Adelante.

Partidos que mantienen vigente su inscripción

 Ante el Jurado Nacional de Elecciones mantienen vigente su inscripción: Partido Aprista Peruano (PAP), Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso, Cambio 90, Fuerza Popular, Partido Democrático Somos Perú, Partido Humanista Peruano (PHP), Partido Nacionalista Peruano (PNP), Partido Popular Cristiano (PPC), Perú Posible, Restauración Nacional, Siempre Unidos, Solidaridad Nacional, Tierra y Dignidad, Todos por el Perú y Unión por el Perú.

A la fecha, la democracia en el Perú adolece de una serie de problemas: aparición de figuras “independientes”, anti-sistémicas y anti-políticas; improvisación e inexperiencia de dirigentes; imprevisiblidad e incertidumbre; conductas antiéticas con signos de corrupción e inmoralidad; divorcio de los partidos con los intereses colectivos; permanente transfuguismo político; altos niveles de desconfianza ciudadana hacia los partidos; bajos niveles de aceptación y aprobación popular a los dirigentes políticos; carencia de democracia interna y de renovación de los cuadros de dirigentes en la casi totalidad de los partidos, entre otros.

Las Constituciones políticas y la Carta Democrática Interamericana (2001) señalan como esencial para la vigencia de la democracia el fortalecimiento de los partidos y organizaciones políticas como medios de expresar la voluntad popular, los valores democráticos y una cultura democrática en la población.

El derecho de la inmunidad que tienen los parlamentarios debería ser revisado y regulado legalmente para que a través de ella no se cometan abusos con falsas denuncias de corrupción a ciudadanos y ejecutivos por no pertenecer a las filas de su partido político y no sirva sólo para la protección entre los mismos parlamentarios deviniéndolo en impunidad. Por otra parte, por las cosas desatinadas que efectúan y la baja calidad de las leyes que aprueban y el incremento desmedido de sus remuneraciones mensuales que de cuando en cuando aprueban, están muy desacreditados ante la opinión ciudadana, cuyo índice de confianza no llega ni siquiera al 15 %.

Convenimos, finalmente, en que la democracia no funciona sin partidos. La calidad de la democracia depende de la calidad de los partidos. La debilidad y el descrédito de los partidos implica la debilidad y el descrédito de la democracia.  Que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Y que el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia.

NUESTRA PROPUESTA DE RENOVACIÓN

Frente a la actual situación de los partidos políticos, urge que los demócratas optemos por formular algunas propuestas:

-          Revisar y llenar algunos vacíos de reingeniería de proceso de la ley de partidos políticos aprobada en el 2003.

-          Aprobar un código general de ética de los partidos políticos  y velar por su aplicación estricta en cada partido político.

-          Determinar el 10 por ciento del total de la población electoral como uno de los requisitos fundamentales para ser reconocido como partido político en el Jurado Nacional de Elecciones.

-          Renovación política del parlamento por tercios, evitando la reelección de autoridades por un periodo consecutivo.

-          Revocar al presidente y vicepresidente de la República y a los congresistas por no responder a las expectativas de las poblaciones que los eligió en sus respectivas circunscripciones territoriales, por incumplimiento de sus promesas electorales, por alentar el levantamiento armado de los campesinos, por no rendir cuenta documentada sobre sus viajes al extranjero, por estar involucrados en casos de corrupción, inmoralidad o lavado de activos, por no reconocer la paternidad de sus hijos fuera del matrimonio, entre otras causas.

-          Instituir en cada partido el Escalafón del Dirigente Político, con fines de seguimiento de su gestión, rendición pública del trabajo realizado, evaluación y capacitación permanente y evaluación de su comportamiento ético.

-          Retornar al bicameralismo (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) con un parlamento meritocrático, menos burocrático, con mejores filtros para la aprobación de leyes y más productivo.

-          Reducir el requisito de mayoría absoluta para ganar en las elecciones de segunda vuelta.

-          Eliminar el voto preferencial, para fortalecer las estructuras de los partidos.

-          Implementar el régimen de seguimiento, control, fiscalización y sanción a los malos militantes y dirigentes de los partidos políticos.

-          Sancionar legalmente el “transfuguismo” político, para que ninguna autoridad por elección popular,  dirigente, alcalde, presidente de gobiernos regionales, una vez elegido por un partido se pase a otro partido por fines personales, traicionando la confianza de sus electores.

-          Universalizar la revocatoria de autoridades: Presidente y vicepresidente de la República, parlamentarios (diputados y senadores), presidentes y consejeros de gobiernos regionales,  alcaldes y regidores, jueces de paz no letrados.

-          “Hoy el desafío es imaginar formas de representación que recojan la pluralidad y la diversidad dentro de la unidad de la Nación” (Nelson Manrique Gálvez, en “Democracia y Nación. La Promesa pendiente”).

MÁS Y MEJORES LÍDERES POLÍTICOS

La mayoría de la población peruana exige una nueva hornada de líderes políticos, con más cerebro que corazón, más mística y espíritu de servicio al bien común, más vocación y conciencia integracionista, más  principios y valores éticos, más ideas nuevas para dar solución a los antiguos y nuevos problemas del presente siglo.

El Perú necesita de líderes políticos que piensen y actúen por el Perú y para el Perú, que se pongan la camiseta del Perú y sin tener que recurrir al plagio o al calco de revoluciones que corresponden a otras latitudes.

La renovación de los partidos políticos debe llevar al Perú de una democracia de electores hacia una democracia de ciudadanos (ciudadanía civil y social), no sólo con amplias libertades y derechos a decidir por sí mismos, sino también para que los derechos de los ciudadanos se tornen efectivos y contribuyan a mejorar la calidad de vida y a lograr la justicia social plena.

No más organizaciones políticas electoreras que nacen en el día y mueren al siguiente día.

González Prada, en sus Ensayos escogidos, afirma: “Viendo de qué lugar salimos y dónde nos encontramos, comparando lo que fuimos y lo que somos, puede calcularse adónde llegaremos y lo que seremos mañana”.

(*) Artículo publicado en el Diario DEL PAÍS, Lima, 25 de febrero de 2013 y en el diario virtual Generacción.com.

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HAYA DE LA TORRE: PIONERO DE LA TRANSFORMACIÓN NACIONAL E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA (*)

HAYA DE LA TORRE:  PIONERO DE LA TRANSFORMACIÓN NACIONAL  E  INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA (*)

Escribe: Eudoro Terrones Negrete

En la tarde del 23 de agosto de 1931, Haya de la Torre pronunció el discurso histórico de la Gran Transformación del Perú, en la Plaza de Acho (Lima).

Este 22 de febrero del 2013 se cumple 118 años del nacimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre, el más ilustre maestro, filósofo, ideólogo, escritor, político, periodista, historiógrafo, ensayista y estadista peruano.

Víctor Raúl fue el  pionero en el siglo XX de la transformación del Perú, el primer líder universitario continental, el impulsor de la Reforma Universitaria en el Perú, el primer rector de la Universidad Popular González Prada, el pionero de la Integración Latinoamericana, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y del Partido Aprista Peruano (PAP).

PIONERO DE  LA TRANSFORMACIÓN NACIONAL

Víctor Raúl, en el I Congreso Nacional Aprista (agosto de 1931) logró la aprobación del Plan de Acción Inmediata o Programa Mínimo de Perú, para la realización de los cambios profundos, con criterio científico y realista, que demandaban las bases populares.

En su condición de máximo líder del aprismo habló por vez primera al país, de lo que era el imperialismo y la función del Estado para controlarlo, habló de la descentralización administrativa, la organización funcional de las municipalidades, la organización del Seguro Social, el derecho de los peruanos a la educación gratuita, la igualdad ante la ley de toda clase de hijos, la provisión de cargos públicos por concurso, sobre la función e importancia de la creación del Banco de la Nación, la Reforma Agraria, la protección a la Minería nacional, la incorporación del campesino a la vida del país.

Identificado con los que menos tienen y muy distante de los grupos de poder económico y en lucha frontal contra todo tipo de imperialismo, Víctor Raúl habló por primera vez sobre el salario mínimo, la fundación y promoción de cooperativas, la necesidad de una mejor y nueva demarcación territorial, la formación de un Tribunal de Arbitraje Latinoamericano, el reconocimiento de los derechos políticos a la mujer y su facultad para desempeñar todos los cargos públicos, a la vez que propuso la edad de 18 años para la adquisición de la ciudadanía, planteó la organización de la carrera diplomática y consular y severas sanciones para los que delincan en el desempeño de un cargo público, entre otros.

El aprismo, bajo la conducción de Haya de la Torre por más de medio siglo, ha enseñado a los demás partidos políticos sistemas novedosos de organización política; el trabajo en equipo; la realización de grandes concentraciones populares para el debate de los problemas nacionales, la formación de agrupaciones sindicales, profesionales, comités de base, congresos y plenarios, la elaboración de planes de gobierno, la realización de grandes desfiles, la utilización de maquinitas en los mítines y de canciones partidarias, la elección de sus dirigentes por voto secreto, directo y universal.

PIONERO DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

La Unión Política y Económica de América Latina fue enunciada por vez primera en la historia de los partidos políticos del continente por el APRA, como postulado democrático. Haya de la Torre retomó las banderas bolivarianas desde 1924 como mandato histórico de integración latinoamericana.

Haya y el aprismo mantuvieron en alto las banderas de la necesidad de integración de los países latinoamericanos por múltiples razones que pasamos a mencionar.

Los pueblos son fuertes cuando son unidos, y más unidos cuanto más fuerte es el peligro común de los pueblos (el imperialismo). La división de América Latina en impotentes repúblicas, abrumadoramente burocratizadas, débiles todas e incapaces de afrontar y de solucionar sus problemas trajo consigo la dominación y la dependencia económica y social, cultural, política y la pérdida permanente de la soberanía y la dignidad nacionales.

Hubo la necesidad colectiva de continuar el ejemplo de nuestros antepasados. El Perú fue unitario en tiempo del Tahuantinsuyo, del Virreinato y de la Emancipación, y por eso fue grande, invencible y próspero.

La integración continental, decía Víctor Raúl, traería una serie de incalculables ventajas: Incorporación de América Latina al concierto mundial de los pueblos industrializados; lucha efectiva contra toda forma de sumisión, dependencia o dominación del poder económico transnacional; superación de rivalidades, egoísmos, abusos de poder y de toda forma de separatismo; coordinación de intereses, necesidades, problemas y derechos comunes para el bienestar general y la justicia social latinoamericana.

Asimismo permitiría poner en funcionamiento el Estado de los cuatro poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Económico, basado en una democracia funcional (social, económica, cultural y política); evitaría el abuso del poder político y económico, y garantizaría la supervivencia de estados democráticos libres y soberanos, haciendo frente y controlando toda pretensión futura de golpes de estado.

Finalmente, emanciparía a nuestros pueblos del subdesarrollo y de las dictaduras de arriba o de abajo. Nuestros países integrados devendrían en una «gran potencia», en un mundo histórico que tiende a organizarse en vastos Estados o Pueblos Continentes.

(*)  Artículo publicado en Generacción.com, en la sección Opinión, el miércoles 20 de febrero de 2013, y en el Diario DEL PAÍS, en la página 10, el miércoles 20 de febrero de 2013.

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