A DOS AÑOS DEL GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA
Por: Eudoro Terrones Negrete
Faltando tres meses para que se cumpla dos años del actual gobierno, más allá de encuestas de relativa confiabilidad sobre la popularidad del presidente Ollanta Humala y de su digna esposa, no se ve cambios trascendentes en el Perú.
La indefinición sobre el indulto a Fujimori, la “reelección conyugal”, la indignación nacional por la inseguridad ciudadana, la sanción impuesta injustamente a Javier Diez Canseco, por el Congreso de la República y que el poder Judicial tuvo que enmendar la plana, la falta de empleo digno y salario justo para la inmensa mayoría de trabajadores, la promesa incumplida de la Gran Transformación, y la persecución política al ex presidente Alan García, son temas y problemas por las que tendrán que responder el gobierno de Gana Perú y su aliado de facto Perú-Posible.
La mayoría de la población, que cumple más deberes a costa de menos derechos, percibe que el poder político y de decisión lo tiene la esposa del presidente, a tal punto que algunos congresistas de oposición han denunciado que el gobierno está haciendo mal uso de los recursos de todos los peruanos para promocionar, contra viento y marea, la “reelección conyugal” con miras al 2016.
No hay, por ningún lado, la modernización del estado peruano. No se agiliza los proyectos mineros y de construcción. Las inversiones extranjeras están casi congeladas. Hay lentitud burocrática en la construcción de las irrigaciones. Hay copamiento político-partidario en importantes instituciones del Estado. El Estado no llega a todos, es excluyente y no atiende las demandas de la inmensa mayoría nacional.
Aún no se ha efectuado la reforma fiscal que permita al Estado tener mayores recursos, atender las demandas sociales y distribuir la riqueza equitativamente.
Los programas sociales son simples paliativos, no resuelven los problemas de la desigualdad y la exclusión social. Persiste el cholo barato, así el pobre se hace cada vez más pobre y el rico se hace cada vez más rico.
A tal punto que el sindicato de la CGTP, descontento con la política económica y social del gobierno anuncia ahora una posible huelga general indefinida si no son atendidos en sus demandas laborales.
El modelo neoliberal, vinculado con intereses de empresas transnacionales, y al que tanto combatió el señor Ollanta Humana, rápidamente se ha impuesto en estos dos años. Así el denominado “gobierno nacionalista” quedó, con cuatro llaves, en el baúl de los recuerdos. Como programa político y económico el nacionalismo NO VA.
Faltando tres meses para que se cumpla dos años del actual gobierno, no hay servicios básicos para la población de menores recursos que se hallan ubicados en la mayoría de los distritos y caseríos del interior del país (servicios de agua y desagüe, salud, empleo, energía eléctrica y vivienda).
¿Y por qué se mantiene esta desigualdad y desarticulación económica y social. La respuesta lo encontramos en el documento Plan de Gobierno 2011-2016 “La gran transformación” del actual gobierno: “La desigualdad y desarticulación económica y social hacen inviable el futuro del país como nación. Es preciso, por lo tanto, cambiar radicalmente esta situación para generar igualdad de oportunidades y de acceso a la justicia, educación, salud y los servicios básicos”. Y ante la pregunta ¿Se ha cambiado radicalmente esta situación? La respuesta del pueblo no se deja esperar: No, No, No y No.
Los gobiernos regionales no son la integración de regiones como deberían ser. Continúan funcionando como la integración de las provincias de un departamento, sin favorecer en gran medida y de manera sostenida al desarrollo y progreso de las provincias, distritos y caseríos del país.
En el plano internacional, la falta de liderazgo y de mayor capacidad persuasiva y comunicativa por parte del “equipo” de gobierno y de sus ministros, no ha permitido captar las mayores inversiones para grandes proyectos de desarrollo del país y menos liderar la construcción de los cimientos de la Gran Patria Latinoamericana. Varios de los ministros han sido cuestionados y hay voces en la oposición que vienen demandando el cambio de Gabinete. La pésima y censurable lección que deja el gobierno es el haber avalado al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la serie de irregularidades que hubo en el proceso electoral.
La mayoría de congresistas nacionalistas carecen de experiencia política, no están respondiendo a las expectativas e intereses del pueblo, no priorizan adecuadamente su agenda para nombrar a importantes autoridades que ya cumplieron su tiempo de ejercicio en el cargo (caso Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva y Defensoría del Pueblo). Algunas de sus comisiones investigadoras ven la paja en el ojo ajeno de los opositores políticos, olvidando que hay dos tipos de corrupción: corrupción interna y corrupción externa: el uno, camina por dentro y el otro, por fuera. Sus resultados se sabrá sólo cuando se investigue con rigurosidad científica, sin odio y sin venganza política. No debe olvidarse que la moralización, para ser confiable, efectiva y verdadera, debe empezar por los propios moralizadores.
Abraham Lincoln decía: “Se puede engañar al pueblo por un tiempo, pero no durante todo el tiempo”.
El actual gobierno de Ollanta Humala ofreció al país transformar el Estado con una nueva Constitución, para hacerlo descentralizado y participativo, promotor de la institucionalidad democrática y de una gestión gubernamental descentralizada en base a regiones transversales que abarque las tres regiones del país y defensor de la soberanía nacional. Pero ¿cuál es el resultado en estos dos años de gobierno? El pueblo tiene la palabra, pero yo diría: cero al cociente.
El presidente Ollanta sigue gobernando con la constitución fujimorista de 1993, al que tanto criticó. A la fecha no hay el proyecto para una nueva Constitución, ni para volver a la Constitución de 1979 , Constitución esta última ante la cual juramentó para ejercer el cargo de presidente de la República.
Con las mismas expresiones del Plan de Gobierno 2011-2016 de Gana Perú, pienso que los trabajadores del Perú profundo exigen al presidente Ollanta Humala que “El Estado debe dejar de ser propiedad de unos pocos y pasar a servir a todos los peruanos en igualdad de condiciones, debe dejar de estar al servicio de pequeños, aunque poderosos, grupos económicos, para promover no sólo el desarrollo económico del país sino también el de su infraestructura”, porque hasta ahora el Estado no llega a todos, sigue siendo neoliberal, excluyente, cleptopatrimonialista y con altos niveles de corrupción.
El Estado sólo funciona para una minoría, no es nacional, no es una nación para todos en igualdad de deberes y derechos, no es un espacio de solución de los conflictos sociales, está dominado por grandes grupos de poder económico que trabajan para sí, tras explotar al cholo barato.
Gana Perú ofreció al país, a través de su Plan de gobierno, la promoción de un “pacto entre los trabajadores y las empresas para erradicar definitivamente la pobreza y el subempleo, mediante la creación de oportunidades de trabajo, y no con programas de asistencia social”. Ofrecimiento que sólo quedó en una simple promesa para ganar las elecciones. El ciudadano común y corriente exige resultados concretos que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida, que lo deparen mayores niveles de justicia y de bienestar.
Dos años de gobierno que no da muestra de terminar con el caudillismo presidencial y familiar, en cuyo núcleo de poder confluyen élites económicas y políticas que están capturando el Estado para ponerlo a su servicio.
En su Plan de gobierno, Gana Perú manifiesta que “la revocación del mandato procede a todo nivel, incluso al de presidente de la República”, pero en la práctica hacen todo lo contrario, como ocurrió hace poco al votar en contra de la revocatoria de la alcaldesa de Lima. Urge una reforma de gobierno para devolver la confianza a la población y recuperar la autoridad moral y credibilidad en todo orden.
