PERSECUCIÓN POLÍTICA AL EX PRESIDENTE ALAN GARCÍA
Por: Eudoro Terrones Negrete
Sólo ocurre en el Perú. El congresista de la oposición, Javier Velásquez Quesquén, reveló y denunció oportunamente que la megacomisión congresal, encargada de investigar al ex presidente Alan García Pérez por supuestos delitos en su segundo gobierno, antes de entrevistarlo ya tenía un borrador de dictamen, tratando de imputar la responsabilidad sin concluir el proceso de investigación, situación que fue calificada de persecución política.
Asimismo, el congresista dijo: “Cuando uno quiere investigar seriamente lo hace por los hechos. Luego se determina a los responsables. No se puede poner la carreta delante de los caballos”.
Ha pasado un año y la megacomisión, que trabaja a paso de tortuga, no concluye sus funciones y ha solicitado al pleno del Congreso la prórroga de cuatro meses para seguir investigando, en un vano intento de impedir que Alan García postule para las elecciones de 2016 como candidato de fuerza y pueda arrasar al candidato o a la candidata impuesta del oficialismo. Ese es el temor, no cabe duda, y la razón de la prórroga, para seguir alargando innecesariamente el proceso.
Paralelamente el Ministerio Público (MP) acaba de aprobar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria de Alan García en un proceso de investigación que se le sigue por la compra de una casa en Miraflores (Lima) valorizada en 830 mil dólares. La Superintendencia de Banca y Seguros, la Sunat y la Sunarp tienen un plazo de 15 días para entregar la información al Ministerio Público, que permita encontrar un desbalance patrimonial, indicios razonables, evidencias y pruebas concretas si los hubiere.
Ante esta decisión del MP, García Pérez respondió que se allana a la investigación plena y profunda, pues así demostrará al pueblo peruano la transparencia de sus ingresos de 7 años: “Lo que ha hecho la Fiscalía es legal y muy positivo, porque así podrá comprobar los datos y la transparencia de mis ingresos…no tengo problema, yo no tengo secreto bancario ni para el periodismo ni para el Perú”. También advirtió que el tema de fondo es realizar desde el Gobierno “una ofensiva para imponer” la candidatura de Nadine Heredia.
Para encontrar responsabilidad, la comisión primero tiene que investigar con rigurosidad científica los hechos ocurridos, a la luz de la verdad, con imparcialidad y espíritu de justicia, primero tiene que interrogar a los personajes involucrados en el proceso, luego preparar el dictamen inicial que sería debatido, corregido, aprobado o rechazado por los miembros de la comisión, adjuntando la documentación sustentatoria.
El odio a las personas, el espíritu de venganza, el querer sacar ventaja política a costa de la honra de las personas, no garantiza una investigación seria, imparcial, responsable y jamás dará buenos resultados.
Según la Constitución política “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Asimismo determina que “El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”, y “Toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias”.
A ninguna persona se le puede juzgar, acusar y sentenciar por presiones políticas de grupos de poder, de medios de comunicación o por intereses inconfesables del gobierno, y sin practicar una rigurosa e imparcial investigación, menos aún sin contar con las pruebas instrumentales fehacientes e irrefutables. Hacer todo lo contrario sería incurrir en flagrante abuso de Derecho, en persecución política, en cuyo caso el afectado o los afectados tendrían todo el derecho de defenderse en el poder judicial y en los tribunales internacionales.
Nadie que está en su sano juicio se opondría a la investigación de los actos de gobiernos anteriores. Bienvenido sea la investigación y a todos los ex presidentes de la República de Perú. Si algunos resultaren responsables, que se les sancione con todo el peso de la ley.
En el Congreso de la República, desde el 8 de junio del año 2012, a través de la megacomisión del Congreso se investiga las presuntas irregularidades cometidas en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), los indultos y las reducciones de pena concedidos, las presuntas irregularidades en el programa Agua para Todos, los supuestos casos de corrupción en las obras de Sedapal, la presunta irregular concesión del Terminal Norte del puerto del Callao, la pérdida de los USB con los audios de las interceptaciones telefónicas en el caso Business Track (BTR).
De esta serie de cargos, Alan García no se corre. Acude puntualmente a las citaciones de la megacomisión para responder las preguntas o presentar los documentos complementarios en los casos que sean necesarios.
Mientras esto ocurre en el 2013, según el INEI el porcentaje de desnutrición crónica infantil en el Perú fue de 18.1 % el 2012 en el gobierno de Ollanta Humala; en este mismo año se registró más de medio millón de niños menores de 5 años con desnutrición crónica y más de 13 millones de peruanos no logran cubrir suficientemente sus requerimientos nutricionales para alcanzar una vida saludable y de calidad.
El 8 de junio de 2012, quince minutos antes de la hora citada, Alan García llegó al Congreso de la República para exponer las razones de la reconstrucción y remodelación de los colegios emblemáticos, la expedición del decreto supremo de urgencia Nº 004-2009, entre otros.
Acompañaron a García los cuatro congresistas de su partido: Mauricio Mulder, Javier Velásquez, Luciana León y Elías Rodríguez.
El ex presidente quiso que la sesión fuera pública, para que la población se entere de la clase de preguntas y de la calidad de sus respuestas. Los miembros de la Megacomisión, en aplicación de su Reglamento, determinaron que fuera a puertas cerradas.
García Pérez, haciendo uso de la Constitución política demostró fehacientemente que el Decreto de Urgencia 004-2009, que estableció la reconstrucción y remodelación de los colegios emblemáticos, “es absolutamente legal y constitucional”, toda vez que se expidió en un momento (2009) que se vivía una grave crisis económica en el mundo, y que el Perú creció 1 por ciento, cuando todos los demás países de América Latina y del mundo decrecieron. Justificó el uso del decreto, porque promovió la inversión pública y logró compensar la caída de la inversión privada, pues de no haberse expedido el Perú hubiese perdido por lo menos 250 mil empleos.
Después de responder satisfactoriamente las cincuenta preguntas de la megacomisión, García Pérez salió viento en popa, con el brazo izquierdo en alto y hasta prestó declaraciones a la prensa.
Después de las aclaraciones de Alan García, el congresista Enrique Wong Pujada, miembro de la megacomisión, declaró a un programa de televisión, que el decreto de urgencia era legal y constitucional y no cabía duda al respecto.
Una vez más se estrellaron quienes querían encontrar signos exteriores de enriquecimiento ilícito. Alan García puso sobre la mesa de la megacomisión toda la documentación sobre su movimiento económico personal del último quinquenio gubernamental (2006-2011): “He dicho cuáles son mis ingresos clarísimos, que tenía al entrar, que tenía al salir, ahí están mis cuentas corrientes de los cinco años, ahí están mis gastos y retiros de los bancos de los cinco años. Entré con tres inmuebles, no tengo ninguno en este momento”.
Buen ejemplo la de Alan García, de no correr ante sus gratuitos detractores y perseguidores políticos. Los ex presidentes de Perú, en el futuro, deberían imitar dicho ejemplo, quedarse en el país al término de su mandato y defender las obras de su gobierno.
Alan García, luego de puntualizar que no conoce que se haya probado que algún funcionario de su gestión se aprovechó de la reconstrucción de los colegios emblemáticos, enfatizó: “Después de haber sido dos veces presidente de mi Patria, no necesito un centavo. Un sitio en la historia vale por toda la riqueza humana, eso no lo entenderá nunca quien no aspira al futuro y a la historia”.
Los perseguidores políticos están informados que el segundo gobierno de Alan García se caracterizó por el alto nivel de crecimiento económico alcanzado en el Perú, cuyo promedio en los cinco años (2006-2011) fue de 7 %, el mayor porcentaje obtenido en décadas por gobierno alguno. La pobreza disminuyó del 44,5 % al 31,3 % y se observó un desarrollo sostenido de infraestructura, como puertos y carreteras, entre otros.
La historia política registra que el aprismo es el único partido político en Perú y en América Latina que más ha sufrido persecución política, martirio y terror. Sus victorias electorales le fueron desconocidas por el atropello, el veto o el fraude con el propósito de impedir, en un principio, a Haya de la Torre llegar a Palacio de gobierno.
El APRA ha sido llevado ante la Corte Internacional de La Haya, en la persona de su Jefe y Fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre, acusado de “crímenes comunes”, para ser absuelto luego de una rigurosa e imparcial investigación, por cuanto “el Gobierno del Perú no ha podido demostrar que los delitos de que acusaban a Haya de la Torre sean delitos comunes”, según el fallo de la Corte Mundial del 20 de noviembre de 1950, ratificado el 27 de noviembre del mismo año y el 13 de junio de 1951.
El pueblo aprista espera que la historia no se repita. Que no se cometa abuso de Derecho, que no se incurra en delitos contra el honor e injusticia en el proceso de investigación que se le sigue a García Pérez. Y esto lo decimos porque se observa la existencia de una campaña orquestada para resquebrajar la organización del Partido Aprista Peruano, desprestigiar a sus dirigentes, desconocer el éxito del segundo gobierno (2006-2011) de Alan e inhabilitarlo políticamente para las elecciones del 2013.
Los perseguidores políticos saben que Alan García tiene suficiente experiencia de gobierno, calidades profesionales, es inigualable orador y polemista inteligente, buen intérprete del sentir y de las necesidades del pueblo, se ha preparado para ser un líder de proyecciones futuras y podría ganar – si se propone- una tercera o más elecciones nacionales, teniendo como único garante el voto libre y consciente del pueblo.
