El
PROYECTO DE LEY DE VELÁSQUEZ QUESQUÉN Y LAS RESTRICCIONES PARA TERRORISTAS
EXCARCELADOS
Escribe:
Eudoro Terrones Negrete
De un tiempo a esta parte,
la población peruana viene espectando con preocupación y escalofrío la salida
de la cárcel de connotados líderes terroristas, luego de haber cumplido el
tiempo de su condena, pero sin haber pagado la reparación civil.
Durante el gobierno de
Alejandro Toledo Manrique (2001-2006) fueron “liberados las tres cuartas partes
de terroristas en prisión. Con una mala dirección del Código Penal se pusieron
topes a las penas, lo que provocó confusión entre los jueces que, sin darse
cuenta de la peligrosidad de los terroristas, redujeron las condenas. De
condena perpetua se les bajó a 25 años, a 20 y 15 años. El Tribunal
Constitucional sugirió nuevos juzgamientos progresivamente. El gobierno del presidente
Toledo, de un plumazo, mediante decreto, anuló los procesos, incluso a los del
Poder Judicial” dijo, en una entrevista publicada en el diario Expreso (Lima,
18 octubre 2017), el jurista Marcos Ibazeta Marino, quien ocupó los cargos de presidente
de Sala Nacional Antiterrorista, titular de la Corte Superior de Lima y decano
del Colegio de Abogados de Lima.
El congresista Javier
Velásquez Quesquén, de las filas del Partido Aprista Peruano, acaba de
presentar un proyecto de ley que establece algunas medidas restrictivas para
los terroristas que cumplieron su condena y se incorporan a la sociedad peruana
para ejercitar sus derechos fundamentales.
Velásquez Quesquén reveló
que “el proyecto de ley determina la prohibición de ingreso o reincorporación a
la administración pública de los terroristas excarcelados, bajo cualquier
régimen o modalidad, general o especial, de contratación laboral. Además, los
terroristas excarcelados quedarían prohibidos de ser proveedores,
participantes, postores o contratistas con el Estado, sea como persona natural
o jurídica; no podrán postular o acceder a cargos públicos que procedan de la
elección popular”.
Por otra parte, el parlamentario
Velásquez Quesquén, recordó que hay 326
condenados por terrorismo que están trabajando en el Estado, y al ser
preguntado sobre el por qué salen los sentenciados por terrorismo sin pagar la
reparación civil, expresó que hay dificultad para cobrarles. “Lo que tiene que
hacerse, entonces, es identificar oportunamente qué terroristas transfirieron
sus bienes adquiridos ilegalmente cuando eran terroristas, para ponerlos a buen
recaudo, ya que, de lo contrario no se les podrá cobrar el monto de reparación
civil asignado.
Dado a la necesidad y urgencia que tiene
el país de fortalecer la seguridad nacional y garantizar la tranquilidad
pública y la vida pacífica, esperamos que
esta importante iniciativa legislativa sea discutida, perfeccionada y aprobada
en el seno del Congreso de la República.
