ADELANTO
DE ELECCIONES PARA 2020 PODRÍA CAER EN
SACO ROTO Y PASAR AL ARCHIVO
Escribe:
Eudoro Terrones Negrete
El adelanto de las
elecciones presidenciales y congresales para abril de 2020, propuesto por el Presidente
de la República de Perú, Martín Vizcarra, en su mensaje a la Nación el 28 de
julio de 2019, está creando una serie de cuestionamientos de fondo y de forma y
que no se ajusta a lo dispuesto por la Constitución política y leyes sobre las
elecciones generales.
En el caso de no ponerse
de acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo es muy probable que la
propuesta presidencial caería en saco roto y pasaría al archivo.
Con la excepción del
resultado de algunas encuestas pagadas y de algunos medios de la concentración
que apoyan al gobierno, en las redes sociales hay rechazo y repudio al adelanto
de las elecciones para abril de 2020.
Por nuestra parte, consultado
a personas entendidas y a hombres de a pie, podemos inferir que también están
disconformes con la propuesta presidencial por varias razones. Piensan que la
propuesta no es viable ni oportuna políticamente, constituye un salto al vacío,
carece de fundamento jurídico, agudiza la crisis social, económica y política, es
inconstitucional a todas luces, altera el sistema electoral preexistente y contribuye
a transgredir los plazos que fijan la Constitución y las leyes.
Manifiestan que en
materia de tiempo para su aplicación el adelanto de elecciones es inoportuno y muy apresurado, no ha sido bien
pensado por el equipo de ministros del actual gobierno. Argumentan también que
si se podría adelantar las elecciones también se podría prolongar el período de
permanencia en los cargos, lo que estaría en contra de lo dispuesto de cinco
años de duración por la Constitución política.
Según la vigente
Constitución política de 1993 “el mandato presidencial es de cinco años, no hay
reelección inmediata…” (art.112°). Corresponde al Presidente de la República
“1.Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás
disposiciones legales” (Art.118, inc.1.). El mandato legislativo es
irrenunciable (Art.95°).
Expertos en temas
constitucionales de las diferentes tiendas políticas, -con excepción de los de
izquierda totalitaria, los progre-marxistas o caviares-, ya se han pronunciado
en contra del proyecto. Señalaron que el poder Ejecutivo no podría legalmente
hacer cuestión de Confianza, menos aún observar leyes de rango constitucional y
que es potestad del Congreso de la República debatirlo, modificarlo, aprobarlo
e incluso rechazarlo o mandarlo al archivo.
Natale Amprimo explicó
que con anterioridad el Tribunal Constitucional se pronunció sobre los alcances
de la cuestión de confianza y que ésta sólo debe ser aplicada para una cuestión
de gestión del gobierno. “No cabe cuestión de confianza respecto a variaciones
constitucionales, es una materia que no depende del Ejecutivo, y como no
depende de ellos no se puede hacer cuestión de confianza, porque tal como lo ha
dicho la propia sentencia del Tribunal, es para cuestiones de gestión”, precisó
Amprimo.
Óscar Urviola,
expresidente del Tribunal Constitucional, advirtió: “La reforma constitucional
es exclusiva responsabilidad del Parlamento, por lo tanto, no se podría
presentar un proyecto de reforma constitucional ligado a una cuestión de
confianza en la que se impongan condiciones de cómo se debe hacer, y en qué
plazo se debe hacer. Si el Parlamento es el único órgano habilitado para
modificar la Constitución, nadie le puede poner condiciones en ese respecto.
Para mí, la conclusión es que la cuestión de confianza no puede estar vinculada
a reformas constitucionales”.
El ex presidente del
Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, indicó que de presentarse una
“cuestión de confianza” para defender el proyecto, optando además por cerrar el
Congreso en caso de que esta medida fuera rechazada y archivada, el Ejecutivo
estaría cometiendo un GOLPE DE ESTADO, al quebrar el orden constitucional del
país, romper la democracia y el Estado de derecho.
Ántero Flores-Aráoz, ex presidente
del Congreso, sostuvo que el Congreso puede optar por varias vías: aceptar la
propuesta haciendo el cambio constitucional, rechazarla, aceptarla con
rectificaciones o ignorarlo como lo hizo con otras iniciativas.
La Célula Parlamentaria Aprista
(CPA), en conferencia de prensa se pronunció por un auténtico DIÁLOGO NACIONAL
PRODUCTIVO QUE SOLUCIONE LOS REALES PROBLEMAS DEL PAÍS, La CPA rechaza, por el
contrario, “el diálogo de sordos, con agenda impuesta por el poder Ejecutivo, cuyos acuerdos no se
cumplen y que el presidente de la República, Martín Vizcarra, con sus constantes
amenazas de cierre del Congreso, ataques y confrontaciones al poder Legislativo
lo único que está haciendo es agudizar la crisis política y económica en el Perú”.
Mientras esto ocurre, el
presidente Vizcarra sigue perdiendo liderazgo y credibilidad, la inestabilidad
política e inseguridad jurídica se acentúa, los efectos desastrosos de su
propuesta ya se están sintiendo con la contracción de las inversiones, la falta
de empleo, la agudización de los conflictos sociales, la inseguridad ciudadana,
el incremento de las tasas de feminicidio y la multiplicación de afectados por
el friaje, entre otros.
