INDIGNACIÓN NACIONAL ANTE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
Escribe: Eudoro Terrones Negrete
La inseguridad ciudadana es uno de los problemas más preocupantes de la población, después de la pobreza, el narcoterrorismo, el desempleo y el deterioro ambiental.
Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público sólo en Lima y Callao ocurren un promedio de 10 delitos por hora, lo que nos indica la magnitud del problema y el por qué de la indignación nacional ante la inseguridad ciudadana.
Diariamente, al salir de nuestros hogares no sabemos a ciencia cierta si podremos regresar a salvo, si pereceremos en algún tiroteo o si seremos víctimas de llamadas anónimas y amenazantes de los extorsionadores.
Caminar por las calles de Lima y de las ciudades del interior del país significa arriesgar la integridad física y la vida misma. De repente uno se encuentra con personas armadas que nos dicen: ¡Arriba las manos! ¡No se mueva! ¡Dame el dinero”, o vemos a delincuentes que bajan de sus autos portando pistolas, asaltan en pocos segundos y se fugan fácilmente.
El país está sitiado por delincuentes, por criminales de gran crueldad con sus víctimas, por delincuentes prófugos que duermen, comen y viajan como pueden, por delincuentes que atacan por sorpresa, agrediendo físicamente a las personas que encuentran en su camino, por personas inadaptadas que no se adecuan al medio donde viven y resuelven su angustia con violencia, por delincuentes pasionales que cometen el delito por razones sentimentales, por sicarios que cometen homicidio mediante el pago de una suma de dinero, por delincuentes que realizan el crimen perfecto, en el que no es descubierto el autor, y por delincuentes habituales que cometen delitos repetidamente y como medio o actitud ante la vida.
Todo esto ocurre precisamente porque no hay una política eficaz de seguridad ciudadana. Las leyes no amparan al policía, son muy benignas Si un policía actúa en cumplimiento de su deber y mata a un delincuente, va a la cárcel; si un delincuente es muerto por un policía, se fuga y no le pasa nada. Las fuerzas policiales no cuentan con el número de efectivos necesarios para erradicar la delincuencia (hay un déficit de 30 mil policías), existe desmoralización en la Policía Nacional del Perú por promesas incumplidas del gobierno de Ollanta Humala que ofreció duplicar las remuneraciones mensuales y sólo les han aumentado 87 soles.
A nivel nacional el robo al paso es el delito más frecuente, le siguen el robo de vivienda, el atraco, lesiones, violaciones, estafas, microcomercialización de drogas y delitos sobre trata de personas. El mayor porcentaje de casos de robos de vehículos ocurren en Lima y Callao, cuando estos se hallan estacionados en la vía pública.
El hombre común y corriente se desplaza con sumo temor en todo el territorio nacional. No deja de pensar que en cualquier momento puede ser víctima de posibles agresiones, violaciones, abusos sexuales, estafas, agresiones, asaltos, secuestros, amenazas de muerte o del robo de sus pertenencias personales.
La comisión de múltiples delitos genera permanentemente mayor preocupación social, no sólo por el aumento cuantitativo, también por su peligrosidad cualitativa.
Las bandas de delincuentes organizados se pasean a manos sueltas por nuestras ciudades, ante la vista y paciencia de nuestras autoridades nacionales, regionales y municipales. Bandas que cuentan con equipo de abogados que les defienden, que compran armamentos sofisticados, que tienen camionetas de último modelo para movilizarse rápidamente más que cualquier organización del Estado.
La inseguridad ciudadana, mantiene a la población impotente, desamparada, y desesperanzada y erizado los cabellos. Los sentimientos de soledad, abandono, frustración e impotencia aumentan todos los días. La población permanece en zozobra, no puede dormir con tranquilidad.
La seguridad ciudadana es un bien público y el Estado debe garantizar y proteger a toda la población para que el país viva en paz y pueda producir más y mejor en bien del desarrollo del Perú.
Lima ya se parece a New York y a México, rodeado por delincuentes que hacen de la suya, a tal punto que algún lector indignado me expresó “Para qué queremos autoridades y gobierno si no protegen al ciudadano y no cumplen mínimamente sus promesas electorales?”
VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA
Los empresarios son víctimas de extorsión por organizaciones criminales que les obligan a pagar ingentes sumas de dinero para no ser amenazados, secuestrados o muertos. Y ante el desamparo, la desprotección y la falta de garantías oportunas algunos empresarios mineros, principalmente, se ven obligados a no seguir invirtiendo en el país.
La lista es interminable de las autoridades que murieron y siguen muriendo víctimas de la delincuencia. Aquí están los asesinados a balazos: Wilder Cieza Silba, alcalde del distrito de Camporredondo de la provincia de Luya y Augusto Wong López, vicepresidente del gobierno regional de Amazonas; el alcalde del distrito de Angasmarca, Diógenes Geldres Velásquez; el alcalde de Casma, José Montalván Macedo; Wilder Miranda Ordoñez, alcalde de Aucayacu; el presidente regional de Áncash, José Sánchez Milla; el fotógrafo Luis Choy Yin Sandoval; el obrero de construcción civil Juan Páucar Vergara; el asalto a la notaría Paíno en Surquillo, hace días una persona entró a la Iglesia y efectuó tres disparos, el asesinato de Elsa Doris Aguad Abugattás, en su propia vivienda en Arequipa, quien era prima del congresista Daniel Abugattás de Gana Perú, el asesinato en Lince, del ecuatoriano Víctor G. Rivera Araujo. A esto se suma la voladura de tres torres de luz eléctrica en Huancavelica.
CAUSAS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
La inseguridad ciudadana en el Perú obedece a múltiples factores: falta de articulación de acciones conjuntas entre los gobiernos gobierno nacional, regional y municipal, las empresas privadas, los partidos políticos, la familia, los centros educativos en todos sus niveles y modalidades y los medios de comunicación.
El empelo inestable, el desempleo y el subempleo golpea a los sectores populares más necesitados. Esto los obliga a vivir en zonas marginales de las ciudades donde prima elevados índices de delincuencia y propensión a conductas agresivas contra las personas, con menos niveles de educación y cultura.
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y las Comisiones de los gobiernos regionales y municipales de Seguridad Ciudadana no están funcionando con eficacia, están fracasando en la aplicación de sus políticas y estrategias de lucha.
El presidente Ollanta Humala fue elegido, con la promesa de promover el crecimiento económico con inclusión social, poner orden en el país y erradicar la delincuencia y las mafias organizadas.
Ha transcurrido casi dos años de su gestión y los logros no se ven. Las anunciadas políticas y estrategias del gobierno siguen cayendo en saco roto o deviniendo en declaraciones líricas, cuyas palabras se las lleva el viento. aun cuando digan los aduladores y ayayeros del gobierno que “todo está bien” y en el país no pasa nada.
CONSECUENCIAS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
Esta permanente inseguridad ciudadana, que viene generando indignación nacional, está afectando profundamente los fundamentales derechos de las personas de vivir, educarse, movilizarse y trabajar en paz, está deteriorando la calidad de vida y reteniendo el normal desarrollo del capital humano. El alto índice de inseguridad ciudadana aleja los turistas y genera millones de soles de pérdidas anuales.
Este problema encarece el costo de vida de los peruanos, toda vez que se ve obligado a contratar pólizas de seguro de vida, contratar infraestructura de seguridad (paredes, cerraduras, filmadoras, rejas, etc.), contratar personal de seguridad.
Adrián Gonzáles es claro al respecto: “Las consecuencias de vivir bajo tanta presión genera cambios cerebrales estructurales y neurobioquímicos que poco a poco van condicionando la aparición de las enfermedades mentales y físicas como la depresión, los trastornos de ansiedad, la diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc., estas últimas bajo mecanismos neuroendocrinos bien conocidos, a tal grado que es necesario la aplicación de tratamientos específicos psicofarmacológicos y de psicoterapia…” (adysgon@hotmail.com).
La inseguridad ciudadana y la justicia por mano propia influyen negativamente en el desarrollo social, educativo, cultural, económico, político y ecológico del país.
Las relaciones entre vecinos van disminuyendo, hay temor de hablar o de transitar a cualquier hora y hasta de dialogar con el conductor de un taxi.
PROTESTAS SOCIALES EN MARCHA
Ültimamente muchas organizaciones sociales y profesionales, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, la Federación de Vendedores de Diarios, ONGs, sindicatos, asociaciones de padres de familia de instituciones educativas, entre otros, han expresado su protesta e indignación en todo el país ante el avance incontenible de la inseguridad ciudadana, con sendas y masivas movilizaciones y bajo el lema: “Tu vida es mi vida”, “Quiero mi vida”, “Basta ya de violencia”, “No más muertes en el Perú”, haciendo un alto en el camino ante las sentidas notas musicales de la “Marcha fúnebre a los caídos”.
PROPUESTAS CONTRA LA INSEGURIDAD
Combatir la violencia urbana no es tan fácil si se tiene en cuenta que hay déficit de policías prestando servicio en las calles, o si los miembros de las instituciones encargadas de mantener el orden público y de garantizar la tranquilidad del país son las primeras en ser laceradas o en estar vinculadas con actos de delincuencia.
Para combatir la delincuencia el primer paso es que los ciudadanos ejerciten la práctica de la denuncia oportuna, venciendo el temor o las amenazas, para que las autoridades puedan actuar inmediatamente.
Es necesaria la organización de Brigadas de Protección Vecinal organizada y dirigida por las municipalidades.
El gobierno debería cumplir su promesa de duplicar las remuneraciones mensuales de los custodios del orden público, dotar de modernos equipos de combate y de tecnología de última generación, implementar la capacitación permanente, la infraestructura y la formación intensiva de nuevos cuadros policiales.
Es necesario restituir la enseñanza de la asignatura de Religión y la instrucción Pre-militar en todos los colegios públicos y privados, crear mayores fuentes de trabajo para la juventud, contribuir con el mejor aprovechamiento del tiempo libre de la juventud, crear un sistema educativo realmente inclusivo, participativo y propositivo que logre disminuir las cifras de deserción escolar en los diversos niveles y modalidades educativas.
El Congreso de la República debería revisar la legislación vigente y aprobar leyes con penas más drásticas para una efectiva lucha contra la delincuencia.
Coincidimos con quienes piensan que el aumento de sueldos a los policías muy poco contribuye en la lucha contra la delincuencia si no se equipa de logística y de tecnología de última generación y no se aprueban leyes con sanciones más severas, capacitación, infraestructura y formación intensiva de nuevos cuadros policiales.
El Estado debe ejercer su función de preservar la seguridad y garantizar la tranquilidad pública, según lo asignado por la Constitución política: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, “Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”, “Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.
La cárcel no solo debe ser para los delincuentes, sino también para aquellas malas autoridades que los sueltan fácilmente. Todos los delitos deben tener sanción y ser acumulativos.
(*) Artículo publicado en el diario DEL PAÍS y en Generacción.com, en Lima-Perú, 26 de marzo de 2013
