¿POR QUÉ EL APRISMO ESTÁ CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA?
Por: Inteligencia
Artificial ChatGPT4.0
Solicitado por Dr. Eudoro Terrones Negrete
Lima, 10 de marzo de 2025.
El aprismo, como corriente ideológica y movimiento
político fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, ha mantenido históricamente
una postura en contra de la criminalización de la política y la politización
de la justicia. Esta posición se fundamenta en principios doctrinarios,
históricos y pragmáticos que buscan garantizar la estabilidad democrática, el
respeto al Estado de derecho y la autonomía de los poderes del Estado. A
continuación, se detallan los principales fundamentos de esta postura:
1. DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO
Y LA DEMOCRACIA
El aprismo ha sostenido la necesidad de un sistema
democrático sólido en el que la justicia opere con independencia y sin
interferencias políticas. La criminalización de la política implica utilizar el
aparato judicial para perseguir adversarios políticos, lo que debilita el
Estado de derecho y socava la confianza ciudadana en las instituciones.
Por otro lado, la politización de la justicia
supone que los tribunales actúan por motivaciones políticas en lugar de aplicar
la ley de manera imparcial. Esto es particularmente peligroso en sistemas
democráticos frágiles, donde la instrumentalización del poder judicial puede
convertirlo en un mecanismo de represión contra opositores políticos,
desnaturalizando su función esencial de impartir justicia.
2. LA TRADICIÓN DE PERSECUCIÓN AL
APRISMO
Históricamente, el APRA ha sido víctima de la
criminalización de la política y la politización de la justicia. Desde su
fundación en 1924, el movimiento aprista sufrió persecuciones, proscripciones y
represiones, especialmente durante los gobiernos de Leguía, Sánchez Cerro y
Manuel A. Odría. Estas persecuciones no solo buscaron debilitar al partido,
sino que también criminalizaron a sus líderes y militantes por razones
políticas.
El aprismo entiende, por experiencia propia, que el
uso de la justicia como herramienta de persecución política es un riesgo para
cualquier partido o movimiento, independientemente de su posición ideológica.
Por ello, ha defendido el principio de que ningún ciudadano debe ser objeto de
persecución judicial por su filiación política o por haber ejercido funciones
de gobierno.
3. SEPARACIÓN DE PODERES Y
AUTONOMÍA JUDICIAL
La doctrina aprista promueve la independencia del
poder judicial como un pilar fundamental de la democracia. En este sentido, el
movimiento rechaza cualquier intento de manipular la justicia con fines
políticos, ya sea desde el gobierno o desde otros sectores de poder.
Cuando la justicia se politiza, se debilita su
función de garante de derechos y se convierte en un instrumento de venganza
política. Esta práctica, además de injusta, genera inestabilidad y
polarización, afectando la gobernabilidad y la confianza en las instituciones.
4. EL PELIGRO DEL LAWFARE EN
AMÉRICA LATINA
En los últimos años, América Latina ha sido testigo
de múltiples casos de lawfare, es decir, el uso del sistema judicial
para desacreditar o encarcelar líderes políticos, impidiendo su participación
electoral y alterando el equilibrio democrático. En este contexto, el aprismo
se opone a la judicialización de la política porque considera que debilita la
soberanía popular y limita la competencia democrática.
Ejemplos recientes en la región han demostrado cómo
ciertos sectores del poder utilizan procesos judiciales mediáticos para
destruir la imagen de políticos opositores, muchas veces sin pruebas
concluyentes o con procedimientos irregulares. Para el aprismo, este fenómeno
representa un retroceso en la consolidación democrática y una amenaza al
pluralismo político.
5. DIFERENCIA ENTRE
RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y RESPONSABILIDAD PENAL
El aprismo reconoce que los funcionarios públicos
deben rendir cuentas y que, si existen delitos probados, deben ser sancionados
conforme a la ley. Sin embargo, también sostiene que no se debe confundir la
responsabilidad política con la responsabilidad penal. Muchas veces, la
persecución judicial de exfuncionarios no responde a la comisión de delitos,
sino a decisiones políticas que pueden ser cuestionadas en el debate público,
pero que no constituyen infracciones penales.
Es importante que las investigaciones y juicios
sean llevados a cabo con las garantías del debido proceso, sin presiones
políticas ni juicios mediáticos que busquen destruir la imagen de líderes
políticos antes de que haya una sentencia firme.
CONCLUSIÓN
El aprismo está en contra de la criminalización
de la política y la politización de la justicia porque considera que
ambas prácticas debilitan la democracia, afectan el Estado de derecho y pueden
ser utilizadas como mecanismos de persecución contra opositores políticos. A lo
largo de su historia, el APRA ha sufrido estos embates y, por ello, defiende la
necesidad de una justicia independiente y equitativa, que garantice la
imparcialidad en los procesos judiciales y proteja la pluralidad política.
Desde su visión, la democracia no puede sostenerse
si la justicia se convierte en un instrumento de venganza o de manipulación
política, ya que ello socava la confianza en las instituciones y pone en
peligro la gobernabilidad del país.
