LO QUE DEBERÍA HACER UN POSIBLE GOBIERNO DEL APRA A PARTIR DE JULIO DEL 2026 PARA SUPERAR LA CRISIS INTEGRAL DE PERÚ
Escribe: Dr. Eudoro Terrones Negrete
EL PERÚ, país maravilloso, de grandes recursos naturales, culturales, turísticos, gastronómicos y ecológicos, país de nobles tradiciones y formas de vida, país con profunda herencia mística vinculada a sus culturas originarias, enfrenta una crisis multidimensional que requiere una respuesta integral, inclusiva y transformadora.
Un posible gobierno aprista que asuma el poder el 28 de julio de 2026, deberá implementar reformas estructurales profundas, en diversos sectores, áreas y poderes del Estado, y deberá recuperar y plasmar la esencia doctrinaria del APRA mientras adapta sus propuestas a los desafíos del presente siglo XXI.
La crisis actual del Perú es una crisis con dimensiones sociales, políticas, económicas, institucionales y morales que demandan una estrategia real, viable, inclusiva y cohesiva basada en los principios históricos apristas de Justicia Social de Pan con Libertad; crecimiento, desarrollo y progreso nacional integracionista y fortalecimiento democrático del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales.
DIAGNÓSTICO DE LA CRISIS INTEGRAL DEL PERÚ
La situación que heredaría un gobierno aprista en 2026 refleja décadas de deterioro institucional y fragmentación política. Perú se encuentra en una crisis política permanente que amenaza la gobernabilidad democrática. La inestabilidad política, la judicialización de la política, la politización de la justicia, el enfrentamiento entre los poderes del Estado, la falta de un riguroso sistema de control de los recursos del Estado, la ineficiente y desigual distribución de los recursos a las regiones, el nepotismo en las instituciones públicas, la improvisación y la inexperiencia de muchas autoridades y funcionarios en los niveles local, regional y nacional han generado seis presidentes en ocho años y su encarcelamiento por delitos de corrupción, erosionando la confianza ciudadana y debilitando las instituciones fundamentales del Estado.
En el ámbito económico, aunque el país mantiene indicadores macroeconómicos relativamente estables con un crecimiento proyectado del 3.1% para 2025, persisten problemas estructurales graves. La informalidad laboral afecta al 70% de la fuerza de trabajo, limitando la base tributaria y perpetuando la desigualdad. La pobreza monetaria, aunque en descenso, aún afecta al 26% de la población, mientras que el 70% de los peruanos son pobres o vulnerables a caer en la pobreza.
La corrupción representa uno de los desafíos más críticos, con Perú ocupando el puesto 127 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024. Todos los expresidentes electos y vivos están en prisión o han sido investigados por corrupción, evidenciando la magnitud del problema sistémico que corroe las instituciones públicas.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en la segunda preocupación más importante del país, con el 62% de los ciudadanos señalándola como problema prioritario. El crimen organizado ha penetrado las esferas del poder, mientras que la capacidad de respuesta del Estado, de las municipales y las regiones, se ha visto comprometida por la falta de recursos, de seguimiento y de eficiente, eficaz y efectiva coordinación institucional.
EL APRISMO Y LOS FUNDAMENTOS PARA LA GRAN TRANSFORMACIÓN
El pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre ofrece un marco conceptual sólido, válido y confiable para abordar la crisis integral del Perú. El Estado antiimperialista propuesto por Haya De la Torre mantiene plena vigencia como modelo de desarrollo sustentable y sostenible que sabe negociar con el capital extranjero mientras representa a las clases productoras y respeta nuestras leyes y el interés nacional. Esta concepción implica un Estado promotor del crecimiento, desarrollo y progreso, regulador de la economía, planificador, integracionista, cooperativista y democrático, basado en un consenso económico nacional.
Las ideas-fuerza del aprismo histórico adquieren renovada relevancia: el enfoque dualista económico que reconoce la coexistencia de múltiples velocidades en la economía peruana, el Estado de pluralismo económico que combina formas estatales, privadas y cooperativas, y la descentralización como mecanismo de desconcentración del poder. La concepción descentralista del Estado en regiones y municipios, presente en el pensamiento hayista, responde directamente al centralismo que ha perpetuado los desequilibrios territoriales. A lo expuesto se agrega la concepción teórica y práctica de la política y la economía impregnadas de ética.
REFORMAS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- DEMOCRÁTICO
La primera prioridad de un gobierno aprista debe ser el fortalecimiento institucional mediante una reforma integral del sistema político. Esto implica perfeccionar el nuevo modelo bicameral aprobado para 2026, estableciendo mecanismos que garanticen la gobernabilidad y reduzcan la fragmentación política.
La reforma debe incluir la modificación de los mecanismos de vacancia presidencial y disolución del Congreso para evitar su uso abusivo como herramientas de desestabilización.
El sistema electoral requiere modificaciones que promuevan la agregación política y reduzcan la atomización.
La experiencia aprista con la democracia funcional puede aportar elementos valiosos para diseñar un sistema que combine representación territorial con representación sectorial, fortaleciendo la relación entre sociedad civil organizada y sistema político.
La modernización del Estado constituye un eje prioritario que debe implementarse a través de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030.
Un gobierno aprista eficiente y exitoso deberá acelerar la digitalización de procesos, mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer las capacidades del servicio civil. La reciente decisión gubernamental de extinguir 14 programas de infraestructura para crear una Unidad Central de Inversión Pública representa un modelo que debe extenderse a otros sectores.
ESTRATEGIA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN
La lucha contra la corrupción debe constituir una política de Estado prioritaria que trascienda períodos gubernamentales. Un gobierno aprista debe implementar un Plan Nacional Integral Anticorrupción basado en prevención, reformas legales, sanción efectiva y promoción de una cultura de anticorrupción y transparencia. Esto incluye el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, garantizando la autonomía e independencia funcional de sus instituciones.
La experiencia aprista en defensa de la democracia y las instituciones debe reflejarse en el apoyo decidido a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, pero también reflejarse en ser inflexible contra la judicialización de la política y la politización de la justicia. La implementación de fiscalías anticorrupción multidisciplinarias en todas las provincias del país permitiría un control efectivo de la corrupción en gobiernos regionales y municipales, complementando el trabajo de las instancias nacionales.
La transparencia en la gestión pública debe potenciarse mediante el acceso facilitado a la información, la participación ciudadana efectiva y la rendición de cuentas periódica. Los medios de comunicación, que han desempeñado un rol fundamental en la denuncia de casos de corrupción, deben contar con protección y apoyo institucional para continuar su labor investigativa.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO PRODUCTIVO
El modelo de desarrollo aprista para el siglo XXI debe recuperar la concepción hayista de concertación entre Estado, capital y trabajo, adaptándola a las realidades contemporáneas. La reactivación económica requiere un shock de inversión pública y privada que reactive la demanda interna y genere empleo formal de calidad. Esta estrategia debe combinar la construcción acelerada de infraestructura pública con incentivos para la inversión privada productiva.
El Estado antiimperialista del siglo XXI debe promover una política industrial que fortalezca las cadenas productivas nacionales y fomente la innovación tecnológica. La experiencia de los gobiernos de Alan García en la promoción de exportaciones, que se triplicaron de 17,000 a 46,000 millones de dólares, ofrece lecciones valiosas sobre políticas comerciales efectivas. Un nuevo gobierno aprista debe recuperar esta dinámica, acelerando los trámites de exportación y creando incentivos para la diversificación productiva.
La formalización empresarial y laboral constituye una prioridad estratégica que requiere reformas estructurales. Las políticas de empleo formal deben combinar la reducción de costos laborales con el incremento de la productividad y la mejora de las capacidades de los trabajadores. Esto incluye programas masivos de capacitación técnica, acceso al crédito para micro y pequeñas empresas, y simplificación de trámites para la formalización.
POLÍTICAS SOCIALES Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA
La tradición aprista en políticas sociales debe actualizarse para abordar las nuevas manifestaciones de la pobreza urbana y rural. Los programas sociales deben evolucionar hacia enfoques productivos que generen autonomía económica y rompan los ciclos de dependencia. Esto implica fortalecer programas como Juntos y Pensión 65, pero articulándolos con estrategias de desarrollo de capacidades y generación de ingresos.
La estrategia de lucha contra la pobreza debe ser diferenciada según contextos territoriales. En áreas rurales, debe priorizarse el cierre de brechas sociales mediante la articulación multisectorial de servicios básicos, mejora de la conectividad y desarrollo de corredores económicos. En áreas urbanas, el énfasis debe ponerse en la empleabilidad, especialmente entre jóvenes, y el mejoramiento de servicios básicos en asentamientos humanos.
La mejora del capital humano constituye un reto transversal que requiere priorizar la recuperación de aprendizajes post-pandemia y el incremento de la calidad del servicio educativo. La inversión en educación y salud debe representar al menos el 6% del PIB, concentrándose en la mejora de la infraestructura, la formación docente y el acceso equitativo a servicios de calidad. El fortalecimiento de los servicios de cuidado infantil puede promover la participación laboral femenina y reducir las brechas de género.
Un buen gobierno aprista debe promover y garantizar la prestación de un eficiente y oportuno servicio de salud de calidad a toda la población y así incrementar la esperanza de vida.
SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO
La estrategia nacional de seguridad ciudadana debe articular prevención, disuasión y represión en un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la violencia. Un gobierno aprista debe implementar políticas de prevención que fortalezcan el tejido social comunitario, mejoren las oportunidades para jóvenes en riesgo y promuevan una cultura de paz.
El fortalecimiento de las capacidades policiales requiere inversión en equipamiento, tecnología y formación profesional. La coordinación entre la Policía Nacional y los sistemas de serenazgo municipal debe mejorarse mediante protocolos unificados y sistemas de información integrados. La implementación de tecnologías avanzadas como videovigilancia inteligente y sistemas de alerta temprana puede aumentar la eficacia de las operaciones de seguridad.
La participación ciudadana en seguridad debe canalizarse a través de mecanismos formales que eviten la vigilancia privada irregular. Las juntas vecinales, las rondas campesinas en áreas rurales y los comités de seguridad ciudadana deben fortalecerse como instancias de colaboración con las autoridades oficiales. El enfoque de salud pública en seguridad ciudadana, que aborda la violencia como problema de salud mental y relaciones interpersonales, debe integrarse en las políticas preventivas.
DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
La descentralización efectiva constituye una deuda histórica que un gobierno aprista debe saldar, recuperando los principios hayistas de desconcentración del poder. El proceso descentralizador requiere una conducción política renovada que supere la visión administrativa y desarrolle una perspectiva estratégica territorial. Esto implica fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos regionales y locales, especialmente en planificación presupuestaria e inversión pública.
La transferencia de competencias y recursos debe acelerarse mediante un marco normativo claro que elimine duplicidades y confusiones. Los gobiernos regionales deben asumir mayor autonomía en la promoción del desarrollo económico, la gestión de recursos naturales y la prestación de servicios públicos. La descentralización fiscal es fundamental para garantizar recursos propios que permitan dotar a las regiones de equipos técnicos adecuados y resolver inequidades entre regiones receptoras de canon y el resto.
El desarrollo territorial equilibrado debe promover la formación de corredores económicos que conecten espacios productivos con mercados dinámicos. La concepción aprista de desarrollo regional debe actualizarse incorporando criterios de sostenibilidad ambiental, innovación tecnológica y competitividad global. La integración regional, aunque resistida históricamente, debe promoverse como mecanismo para alcanzar escalas de gestión más eficientes y estratégicas.
IMPLEMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO
La implementación exitosa de esta agenda transformadora requiere una estrategia de financiamiento que combine disciplina fiscal con inversión social productiva. El presupuesto total para las políticas prioritarias representaría aproximadamente 21.3% del PIB distribuido en cinco años, lo que requiere una reforma tributaria que amplíe la base de contribuyentes y mejore la eficiencia recaudatoria. La formalización económica, al expandir la base tributaria, debe autofinanciar parte significativa de las inversiones sociales.
La coordinación interinstitucional es crítica para evitar duplicidades y maximizar sinergias. La creación de un sistema de seguimiento y evaluación basado en resultados permitirá ajustar políticas según su efectividad e impacto real en la población. Los mecanismos de participación ciudadana deben institucionalizarse para garantizar que las políticas respondan a las necesidades reales de la población.
La agenda aprista para 2026-2031 debe articularse con los compromisos internacionales del país, especialmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE. La modernización del Estado debe posicionar al Perú como modelo regional de governanza democrática y desarrollo inclusivo, recuperando el liderazgo histórico que le corresponde en América Latina.
HACIA UN NUEVO PERÚ
Un gobierno del APRA que asuma el poder en julio de 2026 tiene la oportunidad histórica de liderar la transformación que Perú necesita para superar su crisis integral. La combinación de la sabiduría doctrinaria aprista con las exigencias contemporáneas puede generar un modelo de desarrollo único que sirva de referencia regional e internacional. El éxito dependerá de la capacidad para construir consensos amplios, mantener la disciplina en la implementación y adaptar las políticas según los resultados obtenidos.
La herencia de Víctor Raúl Haya de la Torre y Alan García ofrece elementos valiosos, pero debe actualizarse para enfrentar desafíos como la digitalización, el cambio climático, la globalización económica y las nuevas formas de participación ciudadana. El APRA del siglo XXI debe demostrar que es posible combinar crecimiento económico con justicia social, modernización con identidad nacional, y eficiencia gubernamental con participación democrática.
La transformación de Perú requiere voluntad política, recursos adecuados y tiempo suficiente para que las reformas estructurales produzcan resultados visibles. Un gobierno aprista comprometido con estos principios puede convertir la crisis actual en una oportunidad para construir las bases de un país próspero, equitativo y democrático que realice finalmente el sueño de justicia social que inspiró la fundación del APRA hace un siglo.
