Escribe: Eudoro Terrones Negrete
La opinión pública no tiene el mejor de los conceptos sobre la administración de justicia en el Perú, precisamente por el servicio de baja calidad que reciben los litigantes y la expedición de sentencias no del todo justas, oportunas e imparciales.
Los problemas del Poder Judicial son bien conocidos por la población: acumulación de expedientes no procesados, acciones de control superficiales e inconclusas, poca atención a los expedientes de quejas, reducida cobertura judicial y demora en la ventilación de las causas.
También, superposición de funciones jurisdiccionales y administrativas, falta de incremento del ratio Juez/Fiscal por habitante, crecimiento del número de inculpados, ineficaz sistematización de los procesos judiciales y a todo ello se agrega la carencia de una cultura ética sólida en la población peruana.
Frente a esta problemática, el país reclama un Poder Judicial que expida sentencias con las pruebas instrumentales suficientes y a su debido tiempo, que pare en seco la prescripción de los delitos, que imponga drásticas medidas disciplinarias de apercibimiento, multa, suspensión, separación y destitución a los malos administradores de justicia.
Toda justicia retardataria es injusticia. Los procesos judiciales deberían acelerarse lo máximo posible para garantizar una justicia a su debido tiempo y evitar costos onerosos a los litigantes por el excesivo tiempo que dura la atención de las causas.
Basta ya de seguir escuchando que en el Perú hay dos clases de litigantes: los que manifiestan ser me recedores de una sentencia favorable por su argumentación persuasiva, y aquellos que demuestran tener mucho dinero e influencias para ganar un juicio.
El éxito en la gestión j udicial pasa por la prestación de un servicio integrado, transparente, óptimo y descentralizado, por la protección y defensa de los derechos humanos, por la seguridad ciudadana y al menor costo posible, por la sanción a los actos de evasión tributaria, corrupción e inmoralidad, narcotráfico, terrorismo y contaminación ambiental, entre otros.
El Poder Judicial cumpliría mejor sus fines y alcanzaría sus metas si aplicara una reforma estructural, si el gobierno lo asignara anualmente el presupuesto suficiente, si realizara la promoción interna en función a la meritocracia rigurosa, si lograra destituir a quienes atentan contra su propia imagen y contra la correcta administración de justicia. (www.eudoroterrones.com; eudoro.terrones@yahoo.com).