Deberá replantearse el proceso de regionalización en el Perú
Por: Eudoro Terrones Negrete
El absurdo y rapaz centralismo económico, administrativo, político, educacional y cultural dio origen a gobiernos oligárquicos, conservadores, retrógrados, antipopulares e imperializados, que expoliaron la sangre de los obreros y campesinos, de las clases medias y del proletariado industrial para enriquecer a determinadas elites, castas y grupos de poder, sin importarles la justicia y la libertad de las mayorías nacionales.
Desde los inicios de la vida republicana de Perú, en Lima se mantuvo la mayor concentración de la población, la producción, los servicios básicos del Estado, y los recursos económicos.
Lima concentra aún fábricas, empresas bancarias y financieras, tecnología, y planificación, dando lugar al reforzamiento de grupos de poder interno ligados a agentes de dominación del extranjero.
En el primer gobierno de Alan García (1985-1990) se dio el audaz y original proceso de regionalización con toda la legislación adecuada, creándose once regiones con sus leyes propias. Este proceso fue truncado por el siguiente gobierno, criticándola de ser asambleísta o poco funcional. Yo diría, no por ello, todo por mezquindad política. Venció el odio de la mediocridad , la demagogia política y perdió el futuro de las provincias.
En el año 2002 se aprobó la ley que creó el nuevo proceso de regionalización. El 17 de julio de este año se promulgó la ley Nº 27783 que estableció las bases del proceso. Y el 19 de noviembre del mismo año se promulgó la Ley orgánica de “Gobiernos regionales”, que definió la creación de una región en cada departamento.
Estos mal denominados gobiernos regionales, – pues deberían llamarse con propiedad “gobiernos departamentales”-, en lugar de constituir un avance en la transformación del Perú, constituyen un retroceso histórico y no responden a las justas expectativas y aspiraciones de crecimiento, desarrollo y progreso de las provincias y distritos del Perú.
El histórico centralismo que se mantuvo en la capital de la República (Lima), no hizo más que trasladarse a las capitales de departamento, con más burocracia, más derroche presupuestal, menos eficacia en la atención a los problemas de las provincias. Una vez más primó el chauvinismo parroquiano, en contra de los reales intereses y justas aspiraciones de progreso y futuro de los pueblos.
Los “gobiernos regionales”, si bien es cierto cuentan con recursos presupuestales que les sobra y no saben qué hacer, pero carecen de personal técnico competente, de estudios de factibilidad, de proyectos de desarrollo integral, no tienen la suficiente y oportuna capacidad de gasto y los problemas de las provincias y distritos del país no encuentran la solución que la población espera. Aparte de ser fuente el clientelaje político de algunos nuevos movimientos regionales y cuyos líderes empiezan a convertirse en caudillos-títeres de los tradicionales grupos de poder económico.
Recordemos las expresiones de José Carlos Mariátegui: “El departamento es un término político que no designa una realidad y menos aún una unidad económica e histórica. El departamento, sobre todo, es una convención que no corresponde sino a una necesidad o un criterio funcional del centralismo. Y no concibo un regionalismo que condene abstractamente el régimen centralista sin objetar concretamente su peculiar división territorial”.
Ocurre que mientras las capitales de departamento luchaban contra el centralismo de la capital de la República, en busca de un futuro mejor; las provincias y distritos, a su vez, luchan ahora y hacen sentir su voz de protesta contra el centralismo en las capitales de departamento.
No olvidemos que la división política del territorio peruano surgió sobre la base de la división político-administrativa realizada en la Colonia. Las intendencias coloniales fueron “el punto de partida de los primeros departamentos republicanos” (Alfredo Stecher Shauer).
Remontándonos un poco a la historia de la división política del Perú, encontramos que en 1821 existían cuatro departamentos, en 182 once, en 1825 siete, en 1834 ocho, 11 en 1850, 14 en 1857 y 13 en 1862. A partir de 1876, en cien años de existencia, casi se duplica el número de departamentos en el Perú: 18 en 1876, 21 en 1904, 22 en 1906, 23 en 1912, 23 en 1932, 20 en 1934, 21 en 1936, 22 en 1942, 23 en 1944, 24 en 1980 y 24 en 1989.
Desde 1821 se concentra en las capitales de departamento la potestad normativa en la burocracia: el aparato productivo, las inversiones, los servicios básicos, las fuentes de trabajo, la infraestructura física y vial, los medios de transportes y las obras públicas.
Y ahora se enraízan los egoísmos y personalismos dirigenciales, se acentúa las posiciones localistas y de terruño, las viejas ambiciones de poder político y de poder económico. Se viene germinando una concepción estrecha de desarrollo y de crecimiento, de tipo comarcano y aislacionista, desligado del verdadero desarrollo y con perjuicio a las provincias y los distritos. Razón por el cual hay “gobiernos regionales” o gobiernos departamentos que crecen en mayor grado y nivel que otros, desarticulados y heterogéneamente. Y algunos presidentes de gobiernos regionales, desconociendo que el Perú es un Estado unitario, representativo y descentralizado, quieren ir más allá de sus funciones, se enfrentan legalmente al Estado nacional.
Por el futuro del Perú hay necesidad de un replanteo integral del actual proceso de regionalización, dentro de un nuevo Estado unitario y descentralizado, que se conforme los gobiernos regionales sobre la base de la integración de varios departamentos.
El nuevo Estado que deberá construirse, con la iniciativa y el esfuerzo de todos los peruanos, tendrá que ser el instrumento de defensa y de reivindicación de la colectividad, procurando un nuevo orden social, libre, digno y justo, nuevo orden que democratice el poder político y el poder económico, que extienda sus servicios en opción preferente por los que más necesitan y ponga fin el viejo e interesado manejo de las economías del pueblo. Este nuevo Estado verdaderamente regionalizado deberá hacer realidad la compensación económica entre los recursos de las regiones pobres con aquellas que más tienen, a fin de alcanzar una justa distribución y uso racional de la riqueza del país, devolviendo en su integralidad a los pueblos provincianos las rentas que producen para ser invertidos en su propio desarrollo.
