EN EL PERÚ DEBERÍA REPLANTEARSE EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN
Escribe:
Dr. Eudoro Terrones Negrete
El histórico, absurdo y rapaz centralismo económico,
administrativo, político, educacional y cultural en el Perú dio origen a
gobiernos oligárquicos, conservadores, retrógrados y antipopulares, que
expoliaron la sangre de los obreros y campesinos, clases medias y del
proletariado industrial, para enriquecer a determinadas elites, castas y grupos
de poder, sin importar la justicia y la libertad de las mayorías nacionales.
Desde los inicios de la vida republicana de Perú, en
Lima se mantuvo la mayor concentración de la población, la producción, los
servicios básicos del Estado, y los recursos económicos.
Lima concentra aún fábricas, empresas bancarias y
financieras, tecnología, y planificación, dando lugar al reforzamiento de
grupos de poder interno ligados a agentes de dominación del extranjero.
En el primer gobierno de Alan García (1985-1990) se
dio el audaz y original proceso de regionalización con toda la legislación
adecuada, creándose once regiones con
sus leyes propias. Este proceso fue truncado por el siguiente gobierno de
Alberto Fujimori, criticándola de ser asambleísta o poco funcional, Yo diría
que por mezquindad política; al final venció el odio de la mediocridad, de la
demagogia política y las provincias frustraron
su futuro y frenaron su crecimiento y desarrollo.
En el año 2002, con el gobierno de Alejandro Toledo
se aprobó la ley que creó el nuevo proceso de regionalización. El 17 de julio
de este año se promulgó la ley Nº 27783 que estableció las bases del proceso. Y
el 19 de noviembre del mismo año se promulgó la Ley orgánica de “Gobiernos
regionales”, que definió la creación de una región en cada departamento.
Estos mal denominados gobiernos regionales, implementados
por Alejandro Tolero, deberían llamarse con propiedad “gobiernos
departamentales”, pues en lugar de constituir un avance en la transformación
del Perú, constituyen un retroceso histórico y no responden a las justas
expectativas y aspiraciones de crecimiento, desarrollo y progreso de las
provincias y distritos del Perú.
El histórico centralismo que se mantuvo en la
capital de la República (Lima), no hizo más que trasladarse a las capitales de
departamento, con más burocracia, más derroche presupuestal, menos eficacia en
la atención a los problemas de las provincias. Una vez más primó el chauvinismo
parroquiano, en contra de los reales
intereses y justas aspiraciones de progreso y futuro de los pueblos.
Los “gobiernos regionales”, si bien es cierto
cuentan con recursos presupuestales que les sobra y no saben qué hacer, pero
carecen de personal técnico competente, de estudios de factibilidad, de
proyectos de desarrollo integral, no tienen la suficiente y oportuna capacidad
de gasto y los problemas de las provincias y distritos del país no encuentran
la solución que la población espera. Aparte de ser fuente el clientelaje
político de algunos nuevos movimientos regionales y cuyos líderes empiezan a
convertirse en caudillos-títeres de los tradicionales grupos de poder
económico.
Recordemos las expresiones de José Carlos Mariátegui:
“El departamento es un término político que no designa una realidad y menos aún
una unidad económica e histórica. El departamento, sobre todo, es una
convención que no corresponde sino a una necesidad o un criterio funcional del
centralismo. Y no concibo un regionalismo que condene abstractamente el régimen
centralista sin objetar concretamente su peculiar división territorial”.
Ocurre que mientras las capitales de departamento
luchaban contra el centralismo de la capital de la República, en busca de un
futuro mejor; las provincias y distritos, a su vez, luchan ahora y hacen sentir
su voz de protesta contra el centralismo en las capitales de departamento.
No olvidemos que la división política del territorio
peruano surgió sobre la base de la división político-administrativa realizada
en la Colonia. Las intendencias coloniales fueron “el punto de partida de los
primeros departamentos republicanos” (Alfredo Stecher Shauer).
Remontándonos un poco a la historia de la división
política del Perú, encontramos que en 1821 existían cuatro departamentos, en
182 once, en 1825 siete, en 1834 ocho, 11 en 1850, 14 en 1857 y 13 en 1862. A
partir de 1876, en cien años de existencia, casi se duplica el número de
departamentos en el Perú: 18 en 1876, 21 en 1904, 22 en 1906, 23 en 1912, 23 en
1932, 20 en 1934, 21 en 1936, 22 en 1942, 23 en 1944, 24 en 1980 y 24 en 1989.
Ahora con los mal denominados gobiernos regionales
se concentra mayormente en las capitales de departamento la potestad normativa
en la burocracia: el aparato productivo, las inversiones, los servicios
básicos, las fuentes de trabajo, la infraestructura física y vial, los medios
de transportes y las obras públicas.
Se enraízan los egoísmos y personalismos
dirigenciales, se acentúa las posiciones localistas y de terruño, se acrecienta
las viejas ambiciones de poder político y de poder económico. Se viene
germinando una concepción estrecha de desarrollo y de crecimiento, de tipo
comarcano y aislacionista, desligado del verdadero desarrollo y con perjuicio a
las provincias y los distritos.
Razón por la cual hay “gobiernos regionales” que
crecen en mayor grado y nivel que otros, desarticulados y heterogéneamente. Y
algunos presidentes de gobiernos regionales, desconociendo que el Perú es un
Estado unitario, representativo y descentralizado, quieren ir más allá de sus
funciones, se enfrentan legalmente al Estado nacional.
Por el futuro del Perú hay necesidad de un replanteo
integral del actual proceso de regionalización, dentro de un nuevo Estado
unitario y descentralizado, que se conforme los gobiernos regionales sobre la
base de la integración de varios departamentos.
El nuevo Estado regionalizado y descentralizado, con
la iniciativa y el esfuerzo de todos los peruanos deberá constituirse en el
instrumento de defensa y reivindicación de la colectividad y procurar a mediano
plazo en un nuevo orden social inclusivo, participativo, igualitario, libre,
digno y justo.
El nuevo Estado regionalizado y descentralizado
deberá impulsar la democratización de los poderes político y económico,
extender sus servicios en opción preferente por los que más necesitan y poner
fin a la hegemonía de los grandes grupos empresariales en el manejo interesado de
las economías del pueblo.
En algún momento histórico de los pueblos provincianos se hará realidad la
compensación económica entre los recursos de las regiones pobres con aquellos
que más tienen, con el fin de alcanzar la equitativa explotación, distribución y uso
racional de la riqueza del Perú, devolviendo a los pueblos provincianos las
rentas que producen para ser invertido en su propio crecimiento, desarrollo y
progreso.
