Fiscal de la Nación de Perú presenta denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones
MORALIZACIÓN A FONDO
El filósofo griego Aristóteles, hace más de dos mil
quinientos años, en su obra POLÍTICA,
definía la corrupción como un delito de los gobernantes «que se reparten entre
sí la fortuna pública contra toda justicia».
En el Perú el
cáncer de la corrupción se acentuó durante la época republicana, con el guano,
el pago de la deuda de guerra, las licitaciones y concesiones de obras
públicas. Desde finales del siglo XX, la corrupción se ha vuelto casi común en
las personas que manejan fondos públicos.
La corrupción se manifiesta a
través del uso indebido, descontrolado e ilícito de los fondos públicos en
beneficio particular; el copamiento de cargos públicos como favores
políticos, el direccionamiento de los procesos de
contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias
ilícitas, el cobro de
porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las
facultades presidenciales.
En los poderes del Estado
peruano hay notorios índices de corrupción que generan ingentes pérdidas de
miles de millones de soles, que de evitarse bien podrían servir para mejorar
las condiciones de vida de más de treinta millones de peruanos y generar desarrollo
y progreso del país.
El país requiere de una
verdadera política de moralización a fondo, efectiva, imparcial, frontal
e inflexible, para sancionar y erradicar a pillos de cuello y corbata, a pandillas de
malhechores, defraudadores, malversadores, coimeros y prevaricadores
enquistados en el Estado y que utilizan la caja fiscal para obtener ventajas
pecuniarias, sinecuras y privilegios.
Para combatir
y erradicar a corruptos y corruptores sobran leyes. Urge contar con más ciudadanos, políticos, congresistas, alcaldes, regidores, gobernadores,
jueces, fiscales, abogados, etc., con sólidos principios y valores éticos, con
conciencia patriótica y altruista, dispuestos a denunciar, perseguir el delito y actuar en aras del
bien común.
En
la hora actual, saludamos y valoramos la valentía y decisión de la fiscal de la
Nación, Liz Patricia Benavides Vargas de presentar ante el Congreso de la
República una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo
Terrones
y otros altos funcionarios aforados.
DENUNCIA CONSTITUCIONAL
El martes 11 de octubre de 2022, la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, en un mensaje televisado presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía
de la Nación la organización criminal es liderada por el presidente de la
República e integrada, entre otros, por los exministros Juan Silva Villegas
(prófugo), Geiner Alvarado López y el ex gerente general de Petroperú, Hugo
Chávez Arévalo.
En cumplimiento de las funciones constitucionales
que tiene la Fiscalía de investigar y perseguir el delito, Benavides Vargas manifestó:
“Hemos hallado muy graves y
reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal
enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y
direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del
Estado para obtener ganancias ilícitas”.
Puntualizó que la denuncia se sustenta en el
descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en
puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente
obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales.
Acto seguido dijo: ”No hay vicio más execrable
que la codicia, sobre todo entre quienes gobiernan la nación, pues servirse de
un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino
criminal y abominable”.
Patricia Benavides reveló que existe una
“constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta
organización criminal”, que aprovechándose de estar en el Gobierno “amenaza la
autonomía del Ministerio Público y realiza permanente amedrentamiento en su
contra y su familia”.
También afirmó: “La hostilización contra el
equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen
en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de
la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer”.
“Los fiscales no somos actores políticos, sino
operadores de justicia y no actuamos bajo ninguna forma de presión política,
mediática o económica”, acotó.
Finalmente,
la fiscal de la Nación sentenció: “Estamos haciendo lo correcto (...) Desde
este momento es responsabilidad del Congreso decidir sobre el trámite de la
denuncia constitucional. El combate a la corrupción en todas las esferas del
Estado debe ser unánime”.
OPERATIVO “VALKIRIA
II”
Por su parte,
el equipo especial de la Policía Nacional, en coordinación con el Equipo
Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder, desde las seis de la
mañana del 11 de octubre de 2022 realizó
el operativo “Valkiria II”, consistente en el allanamiento de las oficinas y
viviendas de seis congresistas del Partido Acción Popular, sindicados como “Los
Niños”: Elvis Vergara Mendoza, Illich
Fredy López Ureña, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi,
Juan Carlos Mori Celis y Raúl Felipe Doroteo Carbajo.
DETENCIÓN DEL
GABINETE EN LA SOMBRA
Asimismo, se efectuó
la detención preliminar (por diez días) de los integrantes del supuesto
“Gabinete en la sombra” integrado por Eder Vitón Burga y Biberto Castillo León,
exasesores presidenciales, Auner Vásquez Cabrera, exjefe del Gabinete Técnico
de la Presidencia, Salatiel Marrufo Alcántara exjefe de asesores del ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el empresario Jenin Cabrera
Fernández.
Al día siguiente,
posiblemente por razones de seguridad, palacio de Gobierno amaneció custodiado
por 15 miembros de las Fuerzas Armadas, hecho que fue criticado en los medios de comunicación por personajes de la política.
TRÁMITE EN EL CONGRESO
En el Congreso
de la República la denuncia primero será evaluada y calificada por la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de acuerdo al artículo 89b del
reglamento del Congreso. Aquí se nombra
a un congresista delegado para evaluar la denuncia y presentar un informe
inicial, se convocará a una audiencia para escuchar los argumentos de las
partes y se someterá a votación las conclusiones. En caso de proceder la
denuncia pasará a la Comisión Permanente y finalmente entraría a sesión del
pleno del Congreso de la República para su discusión y sanción respectiva.
DENUNCIAS
Voceros y
defensores de Castillo manifestaron que la denuncia de la Fiscal de la Nación
es un golpe de Estado, una persecución política y es un atropello a la
constitución. No faltaba más, qué tan lejos de la verdad.
La ministra de
Cultura Betsy Chávez presentó denuncia constitucional contra la Fiscal de la
Nación Patricia Benavides y lo hizo ante la subcomisión de Acusaciones
Constitucionales por presunta infracción a la Constitución política, abuso de
autoridad y prevaricato.
Los abogados Raúl
Martín Noblecilla Olaechea y Ronald Atencio Sotomayor, en similar posición,
presentaron una denuncia contra la referida fiscal por los presuntos delitos de
organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia.
COMENTARIOS
En las redes sociales y en los medios de
comunicación el público se pronunció así: Esta es la Fiscal de la Nación que el
Perú necesita; los delincuentes no merecen inmunidad; Presidente que delinque,
¡adentro!; la justicia tarda, pero llega; nuestro apoyo total a la Fiscal de la
Nación; Perú libre de ladrones, corruptos y coimeros; nuestro apoyo al equipo
de fiscales valientes; es hora de vacar al presidente y vicepresidenta; fuera
Castillo, fuera; fuera el gobierno de la inmundicia; ¡Magisterio le dice NO al
blindaje!; ¡Cero corrupción con la Fiscal de la Nación!
En meses
anteriores fracasaron hasta dos intentos de vacar al presidente Castillo. Los
votos de congresistas que estuvieron comprometidos con el gobierno no permitieron
alcanzar el número suficiente para la vacancia por incapacidad moral (87, de
130 congresistas). Algunos congresistas opinaron que no había pruebas para vacarlo y que si la fiscal de la Nación llegara
a denunciarlo otro sería el resultado de la votación.
Ante esta denuncia, - que pinta de cuerpo
entero a la corrupta forma de actuar del gobierno -, la imagen presidencial está
por los suelos y Castillo Terrones sin duda, ha perdido el poco respaldo popular
que le quedaba. Consecuentemente, no merece estar un día más en Palacio de
Gobierno.
Los congresistas
en años anteriores sacaron de la presidencia de la República a Pedro Pablo
Kuczynski, Martín Vizcarra, Luis Merino… ¿Vacarán ahora a Castillo?
La ciudadanía
empezó a movilizarse, autoconvocándose a participar en manifestaciones públicas
en todo el territorio nacional en apoyo a la valiente Fiscal de la Nación, en
demanda de la inmediata renuncia, vacancia o suspensión del presidente Castillo
Terrones
Ahora la
pelota está en manos del Congreso. Los congresistas tendrán que decidir sobre
el trámite y el destino final de la denuncia constitucional; aunque algunos
juristas opinan que esta denuncia podría también ser evaluada por el Tribunal
Constitucional.
Cabe las preguntas: ¿Qué pasará, ahora? ¿se vacará al presidente Castillo? ¿se lo suspenderá temporal o definitivamente en el ejercicio del cargo? ¿se lo inhabilitará por diez años para ocupar una función pública? Los congresistas tienen la palabra. El país espera que estén a la altura de su misión histórica.
Junta de Fiscales Superiores y coordinadores nacionales de Fiscalías Especializadas del Ministerio Público respaldan a fiscal de la Nación
Ante la lluvia de denuncias contra la
Fiscal de la Nación, los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores a nivel
nacional y coordinadores nacionales de las Fiscalías Especializadas del
Ministerio Público cerraron filas en defensa del Estado de derecho y emitieron un
Pronunciamiento en el que expresan su apoyo y respaldo a la fiscal de la
Nación, Patricia
Benavides Vargas, quien en uso de sus facultades y atribuciones legales y constitucionales
ha presentado la denuncia contra el presidente de la República Pedro Castillo
Terrones y otros altos funcionarios aforados.
Reafirman la defensa de la autonomía
constitucional del Ministerio Público frente a todo tipo de injerencia que
afecte a su institucionalidad; reiteran su respaldo y apoyo a la decisión
constitucional de la señora Fiscal de la Nación y consideran necesario el
respeto a la separación de poderes para una correcta administración de justicia
bajo el sistema democrático.
Toronto, Canadá, 16 de octubre de
2022.
