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viernes, 13 de noviembre de 2020

PERÚ: DIÁLOGO POLÍTICO Y CONCERTACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNABILIDAD

PERÚ: DIÁLOGO  POLÍTICO Y CONCERTACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNABILIDAD 

Escribe: Dr. Eudoro Terrones Negrete

 

 Los gobiernos de los países de América Latina que atraviesan por períodos de crisis integrales recurren como salida viable y en paz al diálogo político y a la concertación social, entre el gobierno y  las fuerzas vivas de la sociedad. Estas fuerzas vivas están  constituidas por representantes de la Iglesia, partidos políticos, sindicatos,  gremios empresariales, comerciantes, universidades y de los profesionales, entre otros.

Denis Sulmont y Carrillo  dan cuenta de una serie de experiencias de concertación social en diversos países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Cabe señalar: Diálogo Social Nacional, Concertación para la crisis, Consejo de Desarrollo Económico y Social, Acuerdos tripartitos, Pacto social de productividad, precios y salarios, Concertación de políticas salariales y laborales, Foro de Concertación Nacional, Protocolo de un proceso de concertación social para el pacto social, Pacto de la estabilidad, la competitividad y el empleo, Acuerdo para una nueva cultura laboral, Comisión tripartita de política laboral, Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, Consejo Consultivo del Trabajo, Acuerdos Tripartitos sobre seguridad social, política salarial y  estabilidad en el empleo y salarios, Mesa de Diálogo Social, Acuerdo Nacional y Consejo Nacional de Trabajo.

En el Perú hay crisis integral, por tanto hay necesidad de mantener el diálogo político y la concertación social como imperativo categórico para garantizar la gobernabilidad del país. Y sobre esta necesidad se aborda en el presente artículo.

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La estructura social del Perú se origina en la conquista y la colonia, tras la ruptura del proceso cultural autónomo pan-andino y su incorporación al proceso administrativo, político, social, económico y cultural implantado por España. Como producto de ello surgen mecanismos de sometimiento, discriminación, subordinación, dependencia y dominación implementados por las grandes metrópolis del sistema capitalista mundial,  se rompe las expresiones culturales, los usos, las costumbres y formas de vida propias de nuestros pueblos en el contexto desarrollista del capitalismo y, consecuentemente, se implanta un desarrollo desigual, inarmónico y desarticulado en la sociedad peruana.

A pesar de contar con muchas bondades y variados recursos agrícolas y mineros es lamentable y doloroso decirlo que el país atraviesa por una crisis integral (sanitaria, política, económica, educativa, ecológica, moral, etc.) como producto de la incapacidad gubernamental, de la aplicación de políticas equivocadas, de la falta de planificación, de previsión social y de la carencia de eficientes equipos técnicos de gobierno.

Para nadie es novedad que en el Perú hay explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado, rige por muchos años la política gubernamental de corte populista, demagógico y al servicio de los grupos de poder económico, de empresas oligopólicas transnacionales y de la  oligarquía plutocrática.

No sólo hay concentración del poder económico en pocas manos, también hay concentración de poder en los medios de comunicación privados que funcionan como ley del embudo, ancho para sus amigos políticos y angosto para los que  lo son.

En el Perú no dejan de existir los conflictos de intereses, la impunidad de sonados casos de corrupción, el deseo de capturar el poder político y el poder económico.

Es lamentable decirlo que el nuevo gobierno de Perú, a instalarse el 28 de julio de 2021, heredará del presidente vacado Martín Vizcarra un país que se debate entre la miseria material y moral, entre el desencanto y la frustración social, con más de 50 mil muertos por el Covid-19 y miles de infectados, con más de 3 millones de ciudadanos que perdieron su empleo, etc., etc.

Al nuevo gobierno le espera serios problemas por solucionar:  el desempleo alarmante, los bajos e injustos salarios para las mayorías, la explotación infantil, las altas tasas de mortalidad, la violencia de género (pederastia), la contaminación del ambiente,  el narcotráfico, las enfermedades psiquiátricas, la violencia machista y sexual, el feminicidio, la deforestación de zonas boscosas silvestres y el incremento de trabajos informales.

A lo mencionado se agrega la pobreza extrema y crítica, el uso indebido de influencias políticas; la drogadicción juvenil, la ineficiencia en los procesos de producción, el hacinamiento carcelario, la homofobia, la inequidad distributiva, la vulneración y el arrebato de los derechos fundamentales de las personas, los conflictos sociales internos, el decrecimiento del ahorro interno, el déficit de viviendas y de servicios de agua y desagüe, el ineficiente sistema de gasto público, el debilitamiento del sistema financiero, las protestas de antimineros e indígenas.

Frente a esta compleja y variada problemática que se agudiza y acrecienta es necesario contar con un nuevo gobierno que sea capaz de potenciar, reforzar y relanzar la búsqueda de soluciones nacionales mediante el diálogo constructivo, la cooperación, la concertación o el gran pacto social, recordando las expresiones del patricio de la democracia y la integración latinoamericana Víctor Raúl Haya de la Torre: “Unidos, todo lo podemos. Desunidos, nada somos ni seremos”.

 

DIÁLOGO POLÍTICO

Si el diálogo es requerido por personas, grupos sociales, organizaciones empresariales, partidos políticos y sindicatos, con mayor razón lo es por los gobiernos como medio para llegar a solucionar problemas, propiciar el acercamiento de posturas, limar asperezas, lograr la cooperación permanente,  buscar el entendimiento entre los actores sociales, económicos, sindicales y  políticos, alcanzar el consenso en los enfoques y en la toma de decisiones.

Por ejemplo, “El diálogo político es un mecanismo que ha implementado la Unión Europea en los acuerdos suscritos con América Latina a nivel regional, subregional y bilateral, para profundizar el nivel de sus relaciones en el marco de la política exterior y tratar aspectos que no serían considerados en acuerdos específicos de carácter comercial o en los relativos a la cooperación”.[1]

El diálogo político procura el ejercicio de prácticas democráticas, debe efectuarse con agendas específicas de trabajo, líneas de investigación, ejes temáticos y con objetivos, fines y metas concretas, en aras del bien común.

Generalmente lo convoca el presidente de la República o  el presidente del Consejo de Ministros. Para que produzca los efectos esperados, el diálogo político debe ser crítico, constructivo, alturado, libre de prejuicios, con sentido social, voluntad resolutiva de problemas, productivo, eficiente, eficaz y con propuestas de solución.

Cuando hay intransigencia de una o más partes intervinientes se prenden los conflictos sociales, la huelga continúa y no hay solución. O cuando el gobierno o los empleadores privados han incumplido con los compromisos contraídos, con la atención oportuna del pliego de reclamos de sus trabajadores, empleados y funcionarios.

Si el gobierno permite que los servidores públicos o los trabajadores se declaren en huelga es porque posiblemente el ministro de Estado se ha dormido en sus laureles, o le falta experiencia, sentido previsor, capacidad concertadora, pensamiento estratégico y decisión política.

 

CONCERTACIÓN SOCIAL

La concertación social es un medio de regulación intermedia entre el intervencionismo estatal y el mercado, es una práctica de política social y económica con fines de gobernabilidad que adopta un gobierno mediante la participación de representantes de sindicatos, partidos políticos, sectores estratégicos organizados y válidos de la sociedad civil y del Estado.

Se trata de enfrentar y evitar conflictos sociales, superar la crisis social y económica, evitar las equivocadas políticas sectoriales del Estado, encontrar respuestas efectivas a la insatisfacción y el descontento popular,  frenar la pérdida de credibilidad y el derrumbe del gobierno, pacificar el país o lograr un clima favorable para más inversión, más producción y más creación de fuentes de trabajo.

Como primer antecedente de concertación social en el Perú, Denis Sulmont refiere: “A principios de los años 30, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista, incluye como primer punto del Programa Mínimo o Plan de Acción Inmediata de este partido, la propuesta de crear un Consejo Económico. Dicha propuesta, que apuntaba a promover la participación de los trabajadores manuales e intelectuales, los empresarios el Estado en el diseño de políticas de desarrollo nacional, no llegó a concretarse, no obstante haber sido recogida en la Constitución de 1933. El Partido Aprista fue sometido a una dura represión y quedó marginado del poder del gobierno hasta mediados de los años 80”[2].

 

INGOBERNABILIDAD

Entre algunos factores principales que generan la ingobernabilidad del Perú podemos mencionar a los siguientes: la inestabilidad política, la inseguridad jurídica, la falta de diálogo y de concertación social, la inseguridad ciudadana, la pérdida de liderazgo y de credibilidad del presidente de la República, el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, la desconfianza en los partidos políticos, la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza.

También la falta de prevención oportuna de conflictos sociales y el retraso en su solución, la apertura de investigaciones a sonados casos de corrupción  que pronto quedan impunes; el derroche del presupuesto público para publicidad del Estado en los medios de comunicación privados, el uso de la inmunidad como impunidad, la judicialización de la política, la politización de la justicia, el pedido de vacancia del Presidente de la República por “permanente incapacidad moral” planteado por el Congreso de la República.

Otro factor importante que genera la repulsa popular es el sonado caso de megacorrupción de Odebrechtd, por sumas escandalosas y con serio perjuicio al Estado en el que están involucrados expresidentes de la República, ministros y altos funcionarios públicos y privados y que ponen a la estabilidad política y a la gobernabilidad del país en la cuerda floja. En las redes sociales así se calificó al Acuerdo firmado por el Perú con la megaempresa corrupta Odebrecht: “monumento a la impunidad”, “lesivo al Perú”, “entreguista”, “vendepatria”, “infame”, “traidor”, “vergonzoso”, “corrupto”, “inaceptable”, “es la página 11 del actual gobierno”, “sólo persigue a algunos y no a todos”.

 

GOBERNABILIDAD

La gobernabilidad es un modo de ejercer el poder por parte de instituciones del Estado, de manera efectiva, eficiente, eficaz y legítima, con la finalidad de encarar y solucionar adecuadamente los problemas prioritarios de la sociedad.

Para la gobernabilidad del Perú es necesario, en términos generales, contar con un Estado de derecho, instituciones sólidas y autonomía de los Poderes del Estado. También es necesario que el gobierno tenga capacidad suficiente y voluntad política para la negociación política, económica y financiera; eficiencia y transparencia en el uso del poder; consenso en las ideas y acciones para el ejercicio constructivo de la capacidad de liderazgo gubernamental; ejercicio racional y eficaz de la autoridad; dirección eficiente del gobierno nacional; implementación correcta de los mecanismos y filtros de control, de la rendición de cuentas, del control de las cuotas de poder de los funcionarios públicos; respeto al Estado de derecho, a la autonomía de los Poderes del Estado, a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a los pactos internacionales de gobierno a gobierno.

Finalmente, calidad en el desempeño de los Poderes del Estado, de las instituciones públicas y privadas, aplicación de políticas públicas y estrategias adecuadas para la gestión por resultados.



[1] Michel Levi Coral. El diálogo político como pilar de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina: reflexiones sobre su desarrollo y contenido. https://eulacfoundation.org/es/system/files/Eldis1ogopoliticocomopilardelasrelacionesentrelaUEyAL.pdf[2] Denis Sulmont,  artículo “La concertación socio-laboral en el Perú”. https://www.academia.edu/16438503/LA_CONCERTACION_SOCIO_LABORAL_EN_EL_PERÚ