PERÚ: DIÁLOGO POLÍTICO Y CONCERTACIÓN SOCIAL PARA LA GOBERNABILIDAD
Escribe: Dr. Eudoro Terrones Negrete
Denis
Sulmont y Carrillo dan
cuenta de una serie de experiencias de concertación social en diversos países
de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Cabe
señalar: Diálogo Social Nacional, Concertación para la crisis, Consejo de
Desarrollo Económico y Social, Acuerdos tripartitos, Pacto social de
productividad, precios y salarios, Concertación de políticas salariales y
laborales, Foro de Concertación Nacional, Protocolo de un
proceso de concertación social para el pacto social, Pacto de la
estabilidad, la competitividad y el empleo, Acuerdo para una nueva cultura
laboral, Comisión tripartita de política laboral, Consejo Nacional de Trabajo y
Promoción del Empleo, Consejo Consultivo del Trabajo, Acuerdos Tripartitos
sobre seguridad social, política salarial y estabilidad en el empleo y salarios, Mesa de Diálogo Social, Acuerdo Nacional y Consejo
Nacional de Trabajo.
En el Perú hay crisis integral, por tanto hay necesidad de
mantener el diálogo político y la concertación social como imperativo
categórico para garantizar la gobernabilidad del país. Y sobre esta necesidad se
aborda en el presente artículo.
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
La estructura social del Perú se origina en la conquista y la
colonia, tras la ruptura del proceso cultural autónomo pan-andino y su
incorporación al proceso administrativo, político, social, económico y cultural
implantado por España. Como producto de ello surgen mecanismos de sometimiento,
discriminación, subordinación, dependencia y dominación implementados por las
grandes metrópolis del sistema capitalista mundial, se rompe las expresiones culturales, los
usos, las costumbres y formas de vida propias de nuestros pueblos en el
contexto desarrollista del capitalismo y, consecuentemente, se implanta un
desarrollo desigual, inarmónico y desarticulado en la sociedad peruana.
A pesar de contar con muchas bondades y variados recursos
agrícolas y mineros es lamentable y doloroso decirlo que el país atraviesa por
una crisis integral (sanitaria, política, económica, educativa, ecológica, moral,
etc.) como producto de la incapacidad gubernamental, de la aplicación de políticas
equivocadas, de la falta de planificación, de previsión social y de la carencia
de eficientes equipos técnicos de gobierno.
Para nadie es novedad que en el Perú hay
explotación del hombre por el hombre y del hombre por el Estado, rige por
muchos años la política gubernamental de corte populista, demagógico y al
servicio de los grupos de poder económico, de empresas oligopólicas
transnacionales y de la oligarquía
plutocrática.
No sólo hay concentración del poder
económico en pocas manos, también hay concentración de poder en los medios de
comunicación privados que funcionan como ley del embudo, ancho para sus amigos
políticos y angosto para los que lo son.
En el Perú no dejan de existir los
conflictos de intereses, la impunidad de sonados casos de corrupción, el deseo
de capturar el poder político y el poder económico.
Es lamentable decirlo que el nuevo gobierno de Perú, a
instalarse el 28 de julio de 2021, heredará del presidente vacado Martín
Vizcarra un país que se debate entre la miseria material y moral, entre el desencanto
y la frustración social, con más de 50 mil muertos por el Covid-19 y miles de
infectados, con más de 3 millones de ciudadanos que perdieron su empleo, etc.,
etc.
Al nuevo gobierno le espera serios problemas por solucionar: el desempleo
alarmante, los bajos e injustos salarios para las mayorías, la explotación
infantil, las altas tasas de mortalidad, la violencia de género (pederastia), la
contaminación del ambiente, el narcotráfico,
las enfermedades psiquiátricas, la violencia machista y sexual, el feminicidio,
la deforestación de zonas boscosas silvestres y el incremento de trabajos
informales.
A lo mencionado se agrega la pobreza extrema y crítica, el
uso indebido de influencias políticas; la drogadicción juvenil, la ineficiencia
en los procesos de producción, el hacinamiento carcelario, la homofobia, la
inequidad distributiva, la vulneración y el arrebato de los derechos
fundamentales de las personas, los conflictos sociales internos, el
decrecimiento del ahorro interno, el déficit de viviendas y de servicios de
agua y desagüe, el ineficiente sistema de gasto
público, el
debilitamiento del sistema financiero, las protestas de antimineros e
indígenas.
Frente a esta compleja y variada problemática que se agudiza
y acrecienta es necesario contar con un nuevo gobierno que sea capaz de
potenciar, reforzar y relanzar la búsqueda de soluciones nacionales mediante el
diálogo constructivo, la cooperación, la concertación o el gran pacto social,
recordando las expresiones del patricio de la democracia y la integración
latinoamericana Víctor Raúl Haya de la Torre: “Unidos, todo lo podemos. Desunidos,
nada somos ni seremos”.
DIÁLOGO POLÍTICO
Si el diálogo es requerido por personas, grupos sociales,
organizaciones empresariales, partidos políticos y sindicatos, con mayor razón lo
es por los gobiernos como medio para llegar a solucionar problemas, propiciar
el acercamiento de posturas, limar asperezas, lograr la cooperación permanente,
buscar el entendimiento entre los
actores sociales, económicos, sindicales y políticos, alcanzar el consenso en los
enfoques y en la toma de decisiones.
Por ejemplo, “El
diálogo político es un mecanismo que ha implementado la Unión Europea en los
acuerdos suscritos con América Latina a nivel regional, subregional y
bilateral, para profundizar el nivel de sus relaciones en el marco de la
política exterior y tratar aspectos que no serían considerados en acuerdos
específicos de carácter comercial o en los relativos a la cooperación”.[1]
El diálogo político procura el ejercicio de prácticas
democráticas, debe efectuarse con agendas específicas de trabajo, líneas de investigación,
ejes temáticos y con objetivos, fines y metas concretas, en aras del bien
común.
Generalmente lo convoca el presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros. Para
que produzca los efectos esperados, el diálogo político debe ser crítico,
constructivo, alturado, libre de prejuicios, con sentido social, voluntad
resolutiva de problemas, productivo, eficiente, eficaz y con propuestas de
solución.
Cuando hay intransigencia de una o más partes intervinientes
se prenden los conflictos sociales, la huelga continúa y no hay solución. O
cuando el gobierno o los empleadores privados han incumplido con los
compromisos contraídos, con la atención oportuna del pliego de reclamos de sus
trabajadores, empleados y funcionarios.
Si el gobierno permite que los servidores públicos o los
trabajadores se declaren en huelga es porque posiblemente el ministro de Estado
se ha dormido en sus laureles, o le falta experiencia, sentido previsor,
capacidad concertadora, pensamiento estratégico y decisión política.
CONCERTACIÓN SOCIAL
La concertación social es un medio de regulación
intermedia entre el intervencionismo estatal y el mercado, es una práctica de
política social y económica con fines de gobernabilidad que adopta un
gobierno mediante la participación de representantes de sindicatos, partidos
políticos, sectores estratégicos organizados y válidos de la sociedad civil y
del Estado.
Se trata de enfrentar y evitar conflictos sociales, superar
la crisis social y económica, evitar las equivocadas políticas sectoriales del
Estado, encontrar respuestas efectivas a la insatisfacción y el descontento
popular, frenar la pérdida de
credibilidad y el derrumbe del gobierno, pacificar el país o lograr un clima
favorable para más inversión, más producción y más creación de fuentes de
trabajo.
Como primer antecedente de concertación social en el Perú, Denis
Sulmont refiere: “A principios de los años 30, Víctor Raúl Haya de la Torre,
fundador del Partido Aprista, incluye como primer punto del Programa Mínimo o
Plan de Acción Inmediata de este partido, la propuesta de crear un Consejo
Económico. Dicha propuesta, que apuntaba a promover la participación de los
trabajadores manuales e intelectuales, los empresarios el Estado en el diseño
de políticas de desarrollo nacional, no llegó a concretarse, no obstante haber
sido recogida en la Constitución de 1933. El Partido Aprista fue sometido a una
dura represión y quedó marginado del poder del gobierno hasta mediados de los
años 80”[2].
INGOBERNABILIDAD
Entre algunos factores principales que generan la
ingobernabilidad del Perú podemos mencionar a los siguientes: la inestabilidad
política, la inseguridad jurídica, la falta de diálogo y de concertación
social, la inseguridad ciudadana, la pérdida de liderazgo y de credibilidad del
presidente de la República, el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y
Legislativo, la desconfianza en los partidos políticos, la creciente
desigualdad en la distribución de la riqueza.
También la falta de prevención oportuna de conflictos
sociales y el retraso en su solución, la apertura de investigaciones a sonados
casos de corrupción que pronto quedan
impunes; el derroche del presupuesto público para publicidad del Estado en los
medios de comunicación privados, el uso de la inmunidad como impunidad, la
judicialización de la política, la politización de la justicia, el pedido de
vacancia del Presidente de la República por “permanente incapacidad moral” planteado
por el Congreso de la República.
Otro factor importante que genera la repulsa popular es el
sonado caso de megacorrupción de Odebrechtd, por sumas escandalosas y con serio
perjuicio al Estado en el que están involucrados expresidentes de la República,
ministros y altos funcionarios públicos y privados y que ponen a la estabilidad
política y a la gobernabilidad del país en la cuerda floja. En las redes
sociales así se calificó al Acuerdo firmado por el Perú con la megaempresa
corrupta Odebrecht: “monumento a la impunidad”, “lesivo al Perú”,
“entreguista”, “vendepatria”, “infame”, “traidor”, “vergonzoso”, “corrupto”,
“inaceptable”, “es la página 11 del actual gobierno”, “sólo persigue a algunos
y no a todos”.
GOBERNABILIDAD
La gobernabilidad es un modo de ejercer el poder por parte de
instituciones del Estado, de manera efectiva, eficiente, eficaz y legítima, con
la finalidad de encarar y solucionar adecuadamente los problemas prioritarios
de la sociedad.
Para la gobernabilidad
del Perú es necesario, en términos generales, contar con un Estado de derecho,
instituciones sólidas y autonomía de los Poderes del Estado. También es
necesario que el gobierno tenga capacidad suficiente y voluntad política para
la negociación política, económica y financiera; eficiencia y transparencia en
el uso del poder; consenso en las ideas y acciones para el ejercicio
constructivo de la capacidad de liderazgo gubernamental; ejercicio racional y
eficaz de la autoridad; dirección eficiente del gobierno nacional;
implementación correcta de los mecanismos y filtros de control, de la rendición
de cuentas, del control de las cuotas de poder de los funcionarios públicos;
respeto al Estado de derecho, a la autonomía de los Poderes del Estado, a los
derechos fundamentales de los ciudadanos y a los pactos internacionales de
gobierno a gobierno.
Finalmente, calidad
en el desempeño de los Poderes del Estado, de las instituciones públicas y
privadas, aplicación de políticas públicas y estrategias adecuadas para la
gestión por resultados.
[1] Michel Levi Coral. El diálogo político como pilar de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina: reflexiones sobre su desarrollo y contenido. https://eulacfoundation.org/es/system/files/Eldis1ogopoliticocomopilardelasrelacionesentrelaUEyAL.pdf[2] Denis Sulmont, artículo “La concertación socio-laboral en el Perú”. https://www.academia.edu/16438503/LA_CONCERTACION_SOCIO_LABORAL_EN_EL_PERÚ
