A los 100 años de vigencia del
Apra (VI)
HACIA UN ESTADO ANTIOLIGÁRQUICO EN EL PERÚ
Escribe: Dr. Eudoro Terrones Negrete
Desde los inicios de la República, los peruanos vivieron largos años interrumpido en su vida democrática y constitucional. De 1823 a 1827, de 1835 a 1836, de 1836 a 1839, de 1841 a 1845. Asimismo, entre los años de 1854 a 1856, de 1856 a 1860, de 1865 a 1868, de 1880 a 1886. Finalmente en los años de 1894, 1895, 1914, 1919, 1930, 1931, 1948, 1950, 1962, 1963 y de 1968 a 1978. El poder militar, coaligado con el poder económico y político, ha regido los destinos de los pueblos del Perú. El militar militarista se puso a los pies y al servicio incondicional de la oligarquía nativa.
Víctor Andrés Belaúnde, en su obra “La Realidad Nacional”, luego de diagnosticar a nuestra realidad política de la primera década del siglo XX, escribe: En síntesis, nuestra evolución política en la primera década de este siglo está caracterizada por la dirección de la oligarquía con el apoyo de la burocracia militar y del caciquismo provincialista. La gran agitación plebiscitaria de Billinghurst, en 1912, representó la protesta de los elementos medios y populares excluidos de la política”.
Con el establecimiento de Nicolás de Piérola – refiere Eugenio Chang-Rodríguez- se inicia la llamada República Aristocrática (1895-1919), durante la cual los barones del agro y del subsuelo y la burguesía financiera y explotadora, entroncados en matrimonios de linaje y de oro, constituyeron la oligarquía gobernante usufructuaria de la economía nacional progresivamente más y más dependiente de los imperialismos inglés y norteamericano. Piérola se reconcilió con sus antiguos enemigos civilistas y se adaptó a sus exigencias económicas. Derogó los derechos de exportación del azúcar y algodón, así como los de importación de bienes de capital e insumos industriales; inició la adopción del patrón de oro y entregó a los financistas y exportadores las funciones de emitir moneda y recaudar impuestos. Así es como se estableció la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos, transformada una década más tarde en la Caja de Depósitos y Consignaciones. A la nueva institución privada se le asignó una comisión por recaudar los impuestos del Estado. Poco tiempo después, la peculiar entidad se las ingenió para “prestar” al Estado su propio dinero mediante el pago de fuertes intereses[1]. Si el Perú, anterior a 1919, fue un inmenso y ubérrimo feudo, o mejor una encomienda en la que el “neo godismo civilista” – prolongación del “godismo” de la Colonia –hizo y deshizo como le vino en gana, el Perú comprendido entre julio de 1919 y agosto de 1930 no fue otra cosa que una gran agencia de negocios o una vasta e incontrolada timba en la que el “agente”, el “corredor” y el “tahúr” operaron igualmente a discreción. No es un acaso, sino más bien una consecuencia de perfecto vigor lógico, el hecho de que el Jefe de la oligarquía imperante hasta 1919 fuera un poderoso terrateniente, un rico gamonal salido de la más pura entraña “civilista”, y el régimen de los años siguientes, un agente de compañía de seguros en su juventud y arriesgado jugador de bolsa en su madurez[2]
Nunca antes de 1931, se dio en nuestro país una organización política en la que el sustentáculo básico, las masas, alcanzase a sugerir siquiera tímidamente sus vagos y confusos anhelos. Nuestra decantada “democracia” fue, así, una triste pseudo-democracia; una caricatura burlesca del original. Y por ser tal, concordamos con las expresiones de Chang-Rodríguez cuando afirma categóricamente que “nunca tuvimos, políticamente hablando, un cauce por donde discurriera el genuino pensamiento de nuestro pueblo, ni un instrumento en el que se ejercitase nuestra legítima voluntad mayoritaria. Dentro de la oscilación tiránica o anárquica impuesta por el interés oligárquico, todo ha sido entre nosotros caos, dispersión, tanteo, retórica hueca, cuando no coacción, violencia, pretorianismo y sangre.[3]
Haya de la Torre, en su discurso por el Día de la Fraternidad Aprista, del 20 de febrero de 1976, calificó a la oligarquía “como los reyes de cierto país europeo. Desatendió los asuntos políticos y fue responsable de muchas faltas en las que quizá esté comprometida la pérdida de territorio nacional. Pero de todos modos ha sido una oligarquía perezosa y desatendida de los negocios del Estado. Ella delegó el poder a quienes podían ejercerlo y se repitió aquí la escena de los maitres de palais o mayordomos de palacio, con la circunstancia especial que de ellos no salió ningún Carlomagno como sucedió en Francia”.
Si me preguntaran ¿qué entiendo por Estado Oligárquico? Respondería así: Estado oligárquico es aquél estado gobernado por un pequeño núcleo de personas o de familias de gran poder económico y político, en el que todo depende de su arbitrio o voluntad, y en el que se comete una serie de abusos de poder en perjuicio de las mayoritarias clases sociales que forman la Nación y a las mayorías ciudadanas se les utiliza en favor del interés de las minorías.
Estados oligárquicos, históricamente hubieron muchos en el Perú. Se caracterizaron por dar origen al enraizamiento de grupos de poder militar y económico; por contribuir a la formación y consolidación de “argollas financieras”; por mantener intactos los regímenes de propiedad feudal, cuyos terratenientes a través de una coalición burgués-señorial se mantenían subordinados y a las órdenes del capitalismo extranjero. La captura del poder político se realizaba vía elecciones amañadas o fraudulentas o vía “golpe de Estado” amparados por el imperialismo inglés o norteamericano, empresas transnacionales y los autodenominados “salvadores de la patria”(militares-militaristas).
El Perú, convertido en satélite o económicamente dependiente de los centros de poder mundial, no escapó a las pretensiones de avasallamiento cultural a la población, convirtiéndose éste en instrumento de sujeción por parte del Estado. Consiguientemente en un Estado Oligárquico advino la supresión de las libertades individuales y de los derechos humanos, la expansión del imperialismo, el creciente endeudamiento externo del país, el fortalecimiento de los lazos de dominación y dependencia, las frecuentes interrupciones del orden democrático, la pérdida de la soberanía nacional y soberanía popular, la proscripción de cientos de ciudadanos, desterrando a unos y condenando a muerte a otros, en tanto se repartían los bienes de las víctimas, se clausuraban los locales políticos y se suprimían las libertades sindicales. El APRA fue declarado partido internacional y puesto fuera de la ley en 1936, obligándoles a los apristas a endosar sus votos para recobrar la legalidad.
Desde el 7 de mayo de 1924, día histórico en que se funda el APRA en México, hasta antes del 28 de julio de 1985, el Partido Aprista Peruano nunca pudo llegar a gobernar el Perú, no obstante contar con el caudal electoral mayoritario, porque el APRA era el terror de la derecha y el enemigo declarado de la oligarquía económico-financiera y militar. Esta oligarquía impidió mediante la fuerza de las bayonetas, los tanques, los cañones, el fraude y el mal uso del capital, a que el APRA llegara al gobierno a través de las elecciones nacionales.
En sus declaraciones a la revista CARETAS, en febrero de 1971, Haya de la Torre, hace un recuento de lo acontecido históricamente. Los apristas, por mucho tiempo tuvieron que ser objetos de persecuciones, cárceles, exilios, privados de sus derechos ciudadanos y políticos sin poder votar ni ser elegidos menos aún postular a sus candidatos a la presidencia de la República durante casi 25 años. El Apra fue declarado Partido Internacional y fuera de la ley en las elecciones de 1936, cuando tuvieron que designar al Dr. Eguiguren. El gobierno del General Oscar R. Benavides en 1933 desató una inaudita represión a los apristas, llegando a anular las elecciones de 1936 que había ganado Luis Antonio Eguiguren apoyado por el Apra que se encontraba proscrito, pero que Benavides logró continuar en el Poder en virtud a la ley del 13 de noviembre de 1936 sancionado por el Congreso y lo hace hasta 1939.
En 1939, el Apra no se presenta a las elecciones y gana las elecciones don Manuel Prado Ugarteche, quien gobierna hasta 1945 apoyado por el Ejército peruano. En 1945 regresan al Perú los líderes del Apra que fueron deportados e inician su vida política dentro de la ley. El 10 de junio de este año el Apra endosó sus votos al señor Luis Bustamante y Rivero para recobrar su legalidad. En 1956, los apristas nuevamente endosan sus votos, esta vez a favor de Manuel Prado Ugarteche para recuperar su legalidad, y no llega a elegir a sus propios candidatos a las Cámaras de diputados y de senadores.
Sólo en 1962 y 1963 los apristas participaron en las elecciones, el 62 se produjo el golpe de Estado en las mejores condiciones para que el Apra llegara al gobierno. Haya de la Torre llegó a decir:-“Nosotros hemos tenido de 1934 a 1945once años de absoluta ilegalidad. El 45 tuvimos que someternos a las condiciones que nos impusieron, sobre todo el Ejército, que no quería que yo fuera candidato, por ejemplo. Por lo que busqué un pacto con Benavides, por el cual ni él ni yo seríamos candidatos. Buscamos un tercero. Se fue a las elecciones el 45, se ganaron las elecciones con el 80 % de los votos, y eso duró tres años. Después vinieron ocho años de la misma persecución. Yo fui llevado a la Corte Internacional de Justicia. El odio rebasó todos los extremos. La gente no se acuerda de eso. Este es un país desmemoriado. La persecución contra el Apra se puede comparar, aunque en cantidad menor, con la persecución de los judíos en Alemania. Ustedes no pueden imaginar lo que nosotros hemos pasado”.
Han transcurrido cien años de lucha tesonera en el Perú e Indoamérica y el aprismo se mantiene a pie firme, con energías frescas y constructivas, renovado plan de gobierno y dispuesto a ser gobierno en el año de 2026.
Lima, 31 de enero de 2024 / ETN.
