LA “CUESTIÓN DE CONFIANZA” PLANTEADA
POR EL EJECUTIVO AL CONGRESO
Escribe: Eudoro Terrones Negrete
El 29 de mayo de 2019 el presidente de
la República, Martín Vizcarra Cornejo, manifestó que se vio obligado de emitir
un Mensaje a la Nación, “ en vista
de una serie de eventos y decisiones que el Congreso viene, lastimosamente,
protagonizando” y porque la mayoría congresal de la Comisión Permanente en un “descarado
blindaje” archivó las denuncias contra Pedro Chávarry”.
El mandatario mostró su "profunda preocupación" porque
la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, "sigue dándole la
espalda a los ciudadanos y haciéndole daño al Perú", sin considerar que la
lucha contra la corrupción es política de Estado, que “estamos dando los
primeros pasos del gran cambio” y todos los peruanos estamos obligados a apoyar.
El jefe de Estado responsabilizó al Congreso de efectuar
"maniobras inaceptables para blindar a quienes podían haber cometido actos
de corrupción, librándolos de ser juzgados y detenidos", lo que evidencia
un "pacto con la impunidad".
Dijo que este hecho “es inaceptable, y la ciudadanía lo ha
expresado de manera contundente en múltiples
oportunidades. Sin embargo, parece que hay algunos que no quieren
entender este mensaje, que quieren seguir protegiendo a los corruptos, que se
resisten a cualquier reforma por una cuestión de supervivencia, como quedó
plasmado en un chat hace meses”.
También mencionó que el Congreso había modificado sustancialmente
el proyecto de bicameralidad, con el fin de aprobar de "manera oculta y
tramposa", la reelección de congresistas.
Frente a todo lo expuesto y "poniendo como testigo a todos
los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento
de las facultades que la Constitución Política del Perú me confiere, el
Gobierno ha decidido presentar cuestión
de confianza al Congreso de la República, respecto de las políticas de
Estado de Fortalecimiento Institucional y lucha contra la corrupción, que
se manifiestan en la aprobación sin vulnerar la esencia de cinco proyectos
de ley presentados. Que la inmunidad parlamentaria no se convierta en
impunidad. Que las personas condenadas no puedan ser candidatos. Que
cualquier ciudadano y ciudadana pueda participar en la selección de candidatos
de las organizaciones políticas, a través de elecciones internas. Eliminar
el voto preferencial y que sea la población la que lo defina en esa previa
selección. Garantizar la participación política de las mujeres con paridad y
alternancia. Prohibir el uso de dinero sucio en las campañas electorales.
Finalmente, el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para
que se pongan de pie y no se retroceda ni un solo paso para sacar adelante las
reformas del país y no se permita que triunfe la impunidad.
El referido Mensaje a la Nación dio
lugar al pronunciamiento de congresistas de los partidos políticos, de
Asociación Civil Transparencia Allan Wagner, de expertos en derecho, de constitucionalistas,
del presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume; del ex canciller,
Luis Gonzales Posada; del Presidente del Consejo por la Paz y Presidente de
Perú Nación, Francisco Diez Canseco; del ex presidente del Consejo de Ministros,
Juan Jiménez Mayor, entre otros.
El Partido Aprista Peruano (PAP), a
través de los congresistas miembros de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA), dio
a conocer su posición en un comunicado del 31 de mayo de 2019, en el que
expresan su rechazo, “por impertinente, insultante e inconstitucional, a la
carta remitida por el presidente del Consejo de Ministros al Congreso de la
República, y en la que revela un oscuro intento de imponer un escenario
golpista y antidemocrático”.
El PAP considera además “que no
corresponde sujetar a amenaza el libre voto de los parlamentarios, puesto que
ello constituye una clara vulneración de la Constitución y del Estado de
derecho”. Asimismo puntualiza que “el Partido Aprista Peruano no puede darle la
espalda a los peruanos que hoy sufren la incapacidad de este gobierno y por
tanto manifiesta que este gobierno ya ha sido censurado por el país y si ello
supone que en su desesperación pretendan disolver el Congreso habrán desnudado
una clara agresión golpista y antidemocrática que sin duda alguna acarreará en
su momento, responsabilidades históricas”.
Los miembros de la CPA son
los congresistas Jorge Del Castillo, Mauricio Mulder, Javier Velásquez
Quesquén, Luciana León y Elías Rodríguez.
Días después de emitido el comunicado,
el congresista Javier Velásquez Quesquén, de la Célula Parlamentaria Aprista,
planteó que “el Tribunal Constitucional debería delimitar la competencia del
Ejecutivo sobre la reforma política”.
Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular
explicó que aún no han tomado una decisión final sobre la posición de su
bancada sobre la “cuestión de confianza” solicitada por el poder Ejecutivo.
Refirió que de disolverse el Congreso no se podría aprobar las reformas que
vienen promoviendo el poder Ejecutivo “y tendrían que ser trasladadas para el
2021”.
El ex presidente del Consejo de
Ministros, Juan Jiménez Mayor, manifestó que “La cuestión de confianza no tiene
una regulación muy detallada en la Constitución ni en el reglamento del
Congreso, tampoco hay una ley que desarrolle esto”, y por tanto sugiere que el
gobierno elabore y desarrolle una estrategia de difusión y explique a la
población los alcances de un posible cierre del Congreso.
La Asociación Civil Transparencia,
presidida por Allan Wagner, en un pronunciamiento hecho público señaló que “la
aprobación de la reforma política en el Perú es indispensable e impostergable
para afrontar el proceso electoral del Bicentenario en mejores condiciones”.
Asimismo sentenció: “La estabilidad democrática del país en el marco del orden
constitucional es indispensable para atender las urgentes necesidades de la
ciudadanía”.
El congresista Edmundo del Águila,
vocero de la bancada del Partido Acción Popular, precisó que en su partido las
posiciones están divididas sobre la “cuestión de confianza” y que “No estamos
de acuerdo con la actitud del Gobierno. Creo que se equivoca primero al querer
condicional al Congreso. En los días previos hemos visto cómo abogados y
constitucionalistas han refutado todo el accionar del Gobierno”.
Por su parte, Jorge Meléndez, vocero de
Peruanos por el Kambio, en similar posición del presidente de la República
Martín Vizcarra puntualizó que los proyectos enviados por el Ejecutivo al
Congreso (las 5 iniciativas) “deben mantener su esencia y no deben ser desnaturalizados”
por los congresistas.
El ex canciller, Luis Gonzales Posada,
advirtió y lamentó que la campaña del Gobierno “para dominar otros poderes del
Estado está sirviendo para que sectores antisistema , caviares, ultristas de
izquierda y comunistas, se refuercen, tanto en el Congreso como en las calles”
e invocó a la población a reflexionar profundamente y rechazar cualquier
intervención militar, no sólo por antidemocrática sino porque significaría un
golpe devastador para el país.
Gonzales Posada aseveró que el
presidente Vizcarra no se reúne con los congresistas de su partido y que “a la
izquierda caviar o a los comunistas no los toca ni con el pétalo de una rosa,
porque su bancada lo apoya, al igual que los colectivos ONG que salen a las calles”
César Vásquez, vocero de Alianza Para
el Progreso”, aseguró que votarán en bloque y señaló: “Quisiéramos darle la
confianza al Ejecutivo para demostrar que no va a pasar nada con su reforma y
que no son la panacea, pero por otro lado quisiéramos negársela por la forma
abusiva como manejan el poder”.
Maritza García, de Cambio 21, dijo que
están evaluando la posibilidad de negar la confianza al Gabinete Del Solar por
la actitud “abusiva, inconstitucional y chantajista”.
Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, afirmó
que su grupo “votará en contra de la confianza y que esto implique un adelanto
de elecciones”.
El Presidente del Consejo por la Paz y
Presidente de Perú Nación, Francisco Diez-Canseco Távara, escribió en el diario
Expreso (2//06/2019) que “La cuestión de confianza planteada por el gobierno de
Martín Vizcarra en torno a 5 de los 12 proyectos de reforma política que ha
enviado al Congreso está siendo utilizada por éste como instrumento para
recuperar popularidad aprovechando el rechazo a dicha institución parlamentaria
– especialmente desde el blindaje de Pedro Chávarry- con el apoyo de algunos
medios de comunicación”.
Mientras esto ocurre, está circulando
en las redes sociales un spot publicitario con la imagen y voz del General del
Ejército ®, Wilson Barrantes, llamando a la desobediencia civil, bajo el
mecanismo de la insurgencia, e invocando el artículo 46º de la Constitución
política: “La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del
orden constitucional.”. Barrantes exige que el presidente Martín Vizcarra
Cornejo se someta a la justicia ordinaria, que renuncie a la presidencia y
convoque a elecciones generales.
Finalmente, el presidente del Tribunal
Constitucional, Ernesto Blume, en Nota de Prensa del 31 de mayo último, hace un
llamado al diálogo nacional para debatir las reformas constitucionales;
manifiesta que no se debe forzar ni imponer las cosas, que debe dejarse de lado
la “crispación” y el enfrentamiento, que debe haber respeto mutuo entre los
peruanos y que todos debemos respetar las competencias, autonomía e
independencia que tienen los órganos del Estado. La ley de reforma
constitucional que apruebe el Congreso, por tener rango constitucional, no
puede ser observada por el Presidente de la República según lo establece el
artículo 206º de la vigente Constitución política de Perú.
Veremos qué pasa este martes 4 de junio
en el Congreso de la República, a sabiendas que la Constitución política
determina en su artículo 134º que el presidente de la República está facultado
para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos
Consejos de Ministros.
