Artículos periodísticos y de investigación

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15 de marzo de 2015

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES, NO. GOBIERNOS REGIONALES, SÍ.

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES, NO.

GOBIERNOS REGIONALES, SÍ.

Escribe: Eudoro Terrones Negrete

La  división política del territorio peruano surgió sobre la base de la división político-administrativa realizada en la Colonia. Las intendencias coloniales fueron “el punto de partida de los primeros departamentos republicanos” (Alfredo Stecher Shauer).

Todos los departamentos tienen algo peculiar que los caracteriza y diferencia unos de otros: usos, costumbres, tradiciones, formas de vida, heterogeneidad de pisos ecológicos, recursos naturales, potencial socio-económico, nivel de integración territorial y cultural, entre otros. Empero, por razones de vigencia de un absorbente y nefasto régimen centralista  y  por timidez política de los gobernantes de turno fueron agrupados geográficamente para conformar las regiones.

“El departamento –dice José Carlos Mariátegui- es un término político que no designa una realidad y menos aún una unidad económica e histórica. El departamento, sobre todo, es una convención que no corresponde sino a una necesidad o un criterio funcional del centralismo. Y no concibo un regionalismo que condene abstractamente el régimen centralista, sin objetar concretamente su peculiar división territorial”.

En 1931, el Apra, como primer partido político organizado y de masas, presentó su primer Plan de Gobierno llevando como lineamiento de su programa revolucionario la descentralización para lograr la Gran Transformación del Perú. 

En su sentido profundo, entendían los apristas que la regionalización es básicamente un movimiento histórico de largo aliento, que implica la planificación concertada del desarrollo, la redistribución de recursos al interior del país, la desconcentración administrativa y la transferencia del poder de decisión.

Víctor Raúl Haya de la Torre, en sus Obras Completas (Tomo 2), decía: “Conviene advertir que los apristas peruanos somos regionalistas y anticentralistas como somos nacionalistas y democráticos, no sólo política sino económicamente. La región económica, que en una demarcación política más científica debe modificar nuestra retrasada división territorial, determinará las formas de aplicación de los principios fundamentales de reorganización económica”.

Remontándonos un poco a la historia de la división política del Perú encontramos que en 1821 existían cuatro departamentos, en 1822 once, en 1825 siete, en 1834 ocho, once en 1850, catorce en 1857 y 13 en 1862.   En 1876 eran18, 21 en 1904, 22 en 1906, 23 en 1912, 23 en 1932, 20 en 1934, 21 en 1936, 22 en 1942, 23 en 1944, 24 en 1980.

Desde 1821 se concentró en las capitales de departamento la potestad normativa en la burocracia, el aparato productivo, las inversiones, los servicios básicos, las fuentes de trabajo, la infraestructura física y vial, los medios de transportes y las obras públicas.

Es así como se enraizaron los egoísmos y los personalismos, se acentuaron las posiciones localistas y de terruño, germinaron las concepciones estrechas de desarrollo y de crecimiento, de tipo comarcano y aislacionista, desligado del desarrollo nacional, causando serios perjuicios a las provincias. Razón por la cual hubieron departamentos que llegaron a crecer en mayor grado y nivel que otros, desarticulados y heterogéneamente, unos que tenían mucho y otros que poco o nada tenían.

Es así como se produce la lucha histórica entre las capitales de departamento que luchaban contra el centralismo de Lima (capital de la República) y los distritos y provincias contra el centralismo departamental, en busca de un futuro mejor.

Sólo para referencia histórica. En 1985, los departamentos de Lima-Callao, Arequipa, La Libertad, Piura, Ica, Lambayeque, Puno y Junín concentraron el 91.46 % del total de las colocaciones del sistema bancario nacional. En 1885 solo Lima y Callao concentraron el 76.40 % de las colocaciones del sistema bancario nacional del Banco Central Hipotecario.

NO REELECCION DE AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES

Estamos en el año 2015 y el gobierno de Ollanta Humala acaba de promulgar una ley que dispone la no reelección consecutiva de alcaldes provinciales y de presidentes de gobiernos regionales. Algo más, se les cambió de nombre a los presidentes de gobiernos regionales, pues ahora se llamarán gobernadores.

Se sigue manteniendo la tradicional y obsoleta estructura de un estado centralista por cualquier ángulo que se le mire, con una injusta y desigual distribución de los recursos y de la riqueza nacional, generados por la ley del embudo de un Estado de minorías que es portavoz y defensor de los innobles intereses de la recalcitrante derecha nacional y de los intereses foráneos, brazo incondicional de la alta burguesía ligado a la dirección de zigzagueantes tecnócratas. Estado que contrae las inversiones, que hace mal aprovechamiento de su rico y variado potencia socio-económico, turístico y cultural, así como explota la fuerza de trabajo de los peruanos. La ansiada justicia social plena, el bienestar general y la libertad de los pueblos marginados y olvidados del interior del país continúa siendo declaración lírica y cuento de nunca acabar al servicio de políticos improvisados y sin experiencia, que se inscriben en una “Hoja de Ruta”.

Lo que el país espera es que los denominados “gobiernos regionales” no sigan siendo integración de provincias del mismo departamento, sino de zonas geográficas más extensas y contiguas, es decir integración de varios departamentos, verdaderas regiones.

POSIBLE TAREA DEL NUEVO GOBIERNO DE 2016

En materia de regionalización hay mucho camino por recorrer. Se debería conformar y hacer viable los verdaderos gobiernos regionales en el Perú. Posiblemente esta tarea le tocará al próximo gobierno que se instalará el 28 de julio de 2016.

Sobre la Región económica tendrá que erigir la Región política, de acuerdo con sus zonas de producción de riqueza, sin perder las líneas de la unidad nacional y sin perder la cohesión armónica de las Regiones con el Estado central.

Tendrá que organizar y poner en marcha el Congreso Económico Nacional, congreso que produciría un presupuesto científico, una contabilidad hacendaria, buenas leyes de catastro y tributación.

Investigará y planificará el desarrollo regional-nacional y organizará con realismo las inversiones para saber cuándo, cómo, dónde, cuánto y por qué va a poner el dinero, qué se necesita para crear la obra productiva.

Es decir, organizará técnicamente el Estado, apartando todo el sistema de administración pública de la influencia política-partidaria, creando más bien un cuerpo especializado de servidores públicos por estricto mérito de capacidad, experiencia, honestidad y con amplias garantías de seguridad personal y profesional.


Finalmente, tendrá que afirmar la soberanía de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, respetando y defendiendo su autonomía normativa, económica, administrativa y política.
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