Debido a rastreo de propiedades de más
de 100 mil peruanos por la DINI:
PRIMERA MINISTRA ANA
JARA,
A UN PASO DE LA CENSURA
Escribe: Eudoro Terrones Negrete
Como
ya es de conocimiento público, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia
(DINI) rastrearon información sobre los bienes
inmuebles, vehículos y empresas de políticos, congresistas, ministros,
empresarios, periodistas, militares, magistrados y de miles de ciudadanos,
acopiada de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) y que
fueron revelados por la revista Correo Semanal.
“Pero
es a partir de agosto del 2011, cuando Ollanta Humala asume la Presidencia, que
los rastreos de la Dini se volvieron frenéticos y alcanzaron a políticos de
todos los partidos, empresarios, periodistas, a miles de personas” (Diario
“Correo”, Lima, 19/03/15). El capitán en retiro Víctor Gómez Rodríguez, que
pertenece a la promoción del presidente Ollanta Humala “Héroes de Pucará y
Marcavalle, de 1984, “fue designado por Humala jefe de la Dini en agosto del
2011, ni bien se produjo el cambio de mando presidencial” (diario Correo, Lima,
21/03/15).
En
virtud a un convenio firmado entre SUNARP-DINI, el 18 de enero de 2011, la DINI
tiene acceso libre para rastrear a narcotraficantes, terroristas, lavadores de
activos y delincuentes. Pero hasta la fecha se rastrearon a más de 100 mil personas, que posiblemente la
mayoría de ellos no tiene nada que ver con la comisión de delitos.
Debe
recordarse que a inicios del gobierno de Ollanta se duplicó el presupuesto de
la DINI. Nos preguntamos ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Cuál fue el propósito?. Y sobre el rastreo de
información realizado por la DINI a más de cien mil peruanos cabe preguntas: ¿Fue
para identificar a delincuentes de cuello y corbata o para hacer un seguimiento
político con posibles fines de chantaje en un proceso electoral nacional que se
avecina? ¿Está permitido legalmente que la DINI realice seguimientos,
interceptación de las comunicaciones, espionaje industrial a ciudadanos comunes
y corrientes? ¿Quién ha ordenado a la DINI realizar tales prácticas ilegales? El
tiempo lo dirá, pero por ahora los lectores de este blog tienen la palabra.
Es
a raíz de la revelación de Correo Semanal que en el Congreso de la República se
pidió la presencia de la Primera Ministra, Ana Jara. Y así fue. El 19 de marzo
de 2015, la presidenta del Consejo de Ministros, en una agitada presentación
anunció el cese del director ejecutivo de la Dini, Iván Kamisaki, del director
de Contrainteligencia, Mauro Castañeda y del director, Javier Briceño, y
solicitó al Fiscal de la Nación abrir una rigurosa e imparcial investigación
sobre el lamentable y repudiable hecho ocurrido.
Sin
embargo, tales medidas anunciadas por Ana Jara no convencieron a los
congresistas de la oposición, APRA, FUERZA POPULAR, PPC-AP y otros, menos a los
sacrificados y desesperanzados oyentes y televidentes del Perú profundo.
Por
eso es que, los congresistas de la oposición no dudaron ni pensaron un solo minuto y en menos de veinticuatro
horas presentaron la moción de censura con 36 firmas ante la Presidenta del
Congreso. Esta moción sería debatida la primera semana de abril del año en
curso.
Ante
la petición pública de la Primera Ministra, el Fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez, expresó que la investigación
tiene que ser objetiva y profunda, tiene que determinarse si los hechos
ocurridos configuran ilícitos penales y deberá precisarse a los responsables, “caiga
quien caiga”. Ojalá que así sea y se cumpla la palabra del laborioso Fiscal.
Después
de la moción de censura presentada, es de suponer que por un mínimo decoro
personal y respeto al derecho de privacidad que constitucionalmente tienen
todos los peruanos, la primera Ministra debería renunciar ahora mismo, sin esperar
que prospere la censura.
Si
la mayoría de los congresistas, de todas las tiendas políticas, fueran conscientes de la gravedad del hecho
ocurrido, de la posible mala utilización de la información y, fueran consecuentes
con proteger y defender la privacidad de las personas, no cabe duda que
prosperaría la censura.
De
prosperar la censura, los ministros tendrían que renunciar en el acto y no
podrían ser designados de nuevo. Y, como consecuencia, el partido de Ollanta
Humala, a las finales de su mandato, sufriría un macrogolpe político.
