sábado, 21 de marzo de 2015

PRIMERA MINISTRA ANA JARA, A UN PASO DE LA CENSURA


Debido a rastreo de propiedades de más de 100 mil peruanos por la DINI:

PRIMERA MINISTRA ANA JARA, 
A UN PASO DE LA CENSURA

Escribe: Eudoro Terrones Negrete


Como ya es de conocimiento público, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) rastrearon  información sobre los bienes inmuebles, vehículos y empresas de políticos, congresistas, ministros, empresarios, periodistas, militares, magistrados y de miles de ciudadanos, acopiada de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) y que fueron  revelados  por la revista Correo Semanal.

“Pero es a partir de agosto del 2011, cuando Ollanta Humala asume la Presidencia, que los rastreos de la Dini se volvieron frenéticos y alcanzaron a políticos de todos los partidos, empresarios, periodistas, a miles de personas” (Diario “Correo”, Lima, 19/03/15). El capitán en retiro Víctor Gómez Rodríguez, que pertenece a la promoción del presidente Ollanta Humala “Héroes de Pucará y Marcavalle, de 1984, “fue designado por Humala jefe de la Dini en agosto del 2011, ni bien se produjo el cambio de mando presidencial” (diario Correo, Lima, 21/03/15).

En virtud a un convenio firmado entre SUNARP-DINI, el 18 de enero de 2011, la DINI tiene acceso libre para rastrear a narcotraficantes, terroristas, lavadores de activos y delincuentes. Pero hasta la fecha se rastrearon  a más de 100 mil personas, que posiblemente la mayoría de ellos no tiene nada que ver con la comisión de delitos.

Debe recordarse que a inicios del gobierno de Ollanta se duplicó el presupuesto de la DINI. Nos preguntamos ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué motivo?  ¿Cuál fue el propósito?. Y sobre el rastreo de información realizado por la DINI a más de cien mil peruanos cabe preguntas: ¿Fue para identificar a delincuentes de cuello y corbata o para hacer un seguimiento político con posibles fines de chantaje en un proceso electoral nacional que se avecina? ¿Está permitido legalmente que la DINI realice seguimientos, interceptación de las comunicaciones, espionaje industrial a ciudadanos comunes y corrientes? ¿Quién ha ordenado a la DINI realizar tales prácticas ilegales? El tiempo lo dirá, pero por ahora los lectores de este blog tienen la palabra.

Es a raíz de la revelación de Correo Semanal que en el Congreso de la República se pidió la presencia de la Primera Ministra, Ana Jara. Y así fue. El 19 de marzo de 2015, la presidenta del Consejo de Ministros, en una agitada presentación anunció el cese del director ejecutivo de la Dini, Iván Kamisaki, del director de Contrainteligencia, Mauro Castañeda y del director, Javier Briceño, y solicitó al Fiscal de la Nación abrir una rigurosa e imparcial investigación sobre el lamentable y repudiable hecho ocurrido.

Sin embargo, tales medidas anunciadas por Ana Jara no convencieron a los congresistas de la oposición, APRA, FUERZA POPULAR, PPC-AP y otros, menos a los sacrificados y desesperanzados oyentes y televidentes del Perú profundo.

Por eso es que, los congresistas de la oposición no dudaron ni pensaron  un solo minuto y en menos de veinticuatro horas presentaron la moción de censura con 36 firmas ante la Presidenta del Congreso. Esta moción sería debatida la primera semana de abril del año en curso.

Ante la petición pública de la Primera Ministra, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, expresó  que la investigación tiene que ser objetiva y profunda, tiene que determinarse si los hechos ocurridos configuran ilícitos penales y deberá precisarse a los responsables, “caiga quien caiga”. Ojalá que así sea y se cumpla la palabra del laborioso Fiscal.

Después de la moción de censura presentada, es de suponer que por un mínimo decoro personal y respeto al derecho de privacidad que constitucionalmente tienen todos los peruanos, la primera Ministra debería renunciar ahora mismo, sin esperar que prospere la censura.

Si la mayoría de los congresistas, de todas las tiendas políticas,  fueran conscientes de la gravedad del hecho ocurrido, de la posible mala utilización de la información y, fueran consecuentes con proteger y defender la privacidad de las personas, no cabe duda que prosperaría la censura.

De prosperar la censura, los ministros tendrían que renunciar en el acto y no podrían ser designados de nuevo. Y, como consecuencia, el partido de Ollanta Humala, a las finales de su mandato, sufriría un macrogolpe político.